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El régimen golpista no sólo está dispuesto a resistir el aislamiento internacional, sino que ha decidido cruzar, en el ámbito interno, la línea de la violencia represiva letal. Es claro que la apuesta de los gobernantes cuartelarios consiste en realizar, a finales de este año, unas elecciones que, de antemano, carecen de toda legitimidad y credibilidad.
La acción de los organismos y gobiernos del hemisferio se enfrenta a una disyuntiva del todo indeseable: emrender un férreo embargo económico que pudiera disuadir a los golpistas de su idea de permanecer en el poder, pero que resultaría enormemente doloroso para la población hondureña; enviar una fuerza militar internacional que desaloje a las autoridades ilegítimas, lo cual resulta groseramente incongruente con los principios de no intervención y de resolución pacífica de los conflictos, o bien aceptar, a regañadientes, la persistencia de un gobierno surgido de una asonada militar, lo que sentaría un precedente nefasto. GRANMA. Hasta que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no retorne a Tegucigalpa, con todos los poderes establecidos en la Constitución Política del Estado de ese país centroamericano, hay que tener cuidado con la política del "doble carril". Hay demasiada experiencia en "Nuestra América" sobre las hábiles "movidas" diplomáticas de la Casa Blanca y de la capacidad de sus organismos de inteligencia para generar confusiones y finalmente salirse con las suyas. La rápida reacción de los gobiernos progresistas y revolucionarios ha sido, a pesar del comportamiento de los medios de información transnacional, decisiva para evitar la consolidación del régimen de facto. Por eso, para que Honduras no sea la Nicaragua de los 80 y el Haití del 2004, es necesario incrementar la presión de los pueblos y gobiernos "nuestroamericanos" y mantenerse vigilantes con lo que vaya a hacer Estados Unidos. Honduras puede ser un globo de ensayo México. La Jornada HONDURAS: GOLPISTAS ATRINCHERADOS Mientras la barbarie represiva de los golpistas cobraba las primeras vidas de opositores en Tegucigalpa, el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, vio frustrado su intento de volver a su país y hubo de aterrizar en El Salvador, luego que las autoridades espurias hondureñas negaron a su avión permiso para aterrizar en el aeropuerto de Tocontín. Tras la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), las gestiones internacionales para restablecer el orden constitucional en la nación centroamericana parecen haber llegado a un punto muerto. El intento de Zelaya por volver a su país reflejó, por añadidura, malas decisiones políticas: el secretario general de la OEA y los tres mandatarios latinoamericanos que habrían de acompañar al presidente legal (Cristina Fernández, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay) en realidad viajaban en otra aeronave, lo que facilitó al régimen cuartelario denegar la autorización de aterrizaje al avión del solitario Zelaya. Por añadidura, éste aceptó viajar en un aparato facilitado por el gobierno venezolano, lo que da argumentos –así sean falsos e improcedentes– a sus detractores hondureños en el sentido de que el presidente constitucional es un peón de Hugo Chávez. Es posible que esos signos de descoordinación e impotencia de la comunidad internacional, y en especial de la latinoamericana, ante el golpe de Estado del pasado 29 de junio, hayan alentado la decisión de los gobernantes de facto de pasar a una nueva fase de la violencia policial y militar contra las expresiones de resistencia al cuartelazo. El hecho es que ayer, en las inmediaciones del aeropuerto de Tocontín, dos manifestantes, opositores al régimen espurio fueron asesinados a balazos y un número indeterminado resultaron lesionados. En resumen, el régimen golpista no sólo está dispuesto a resistir el aislamiento internacional, sino que ha decidido cruzar, en el ámbito interno, la línea de la violencia represiva letal. Es claro que la apuesta de los gobernantes cuartelarios consiste en realizar, a finales de este año, unas elecciones que, de antemano, carecen de toda legitimidad y credibilidad, y que de ninguna manera significarían el restablecimiento de la normalidad democrática aplastada por la fuerza bruta. Sin duda lo deseable sería que los sectores populares hondureños que rechazan a las autoridades impuestas lograran, por medio de movilizaciones nacionales masivas y pacíficas, imposibilitarles la permanencia en el poder. Desgraciadamente tal perspectiva parece poco probable, dado el abrumador desequilibrio de fuerzas –mediáticas, institucionales y no se diga militares– que obra en favor del régimen oligárquico instaurado manu militari. En tales circunstancias, la acción de los organismos y gobiernos del hemisferio se enfrenta a una disyuntiva del todo indeseable: emprender un férreo embargo económico que pudiera disuadir a los golpistas de su idea de permanecer en el poder, pero que resultaría enormemente doloroso para la población hondureña, dos tercios de la cual viven en una situación de pobreza agravada por la actual crisis mundial; enviar una fuerza militar internacional que desaloje a las autoridades ilegítimas, lo cual resulta groseramente incongruente con los principios de no intervención y de resolución pacífica de los conflictos, o bien aceptar, a regañadientes, la persistencia de un gobierno surgido de una asonada militar, lo que sentaría un precedente nefasto para el conjunto de los débiles e incipientes regímenes democráticos en América Latina. LA JORNADA. 6-7-2009 Cuba. Granma HONDURAS Y LA POLÍTICA DEL “DOBLE CARRIL” DE EE.UU. Hugo Morliz Mercado Hasta que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no retorne a Tegucigalpa, con todos los poderes establecidos en la Constitución Política del Estado de ese país centroamericano, hay que tener cuidado con la política del "doble carril". Hay demasiada experiencia en "Nuestra América" sobre las hábiles "movidas" diplomáticas de la Casa Blanca y de la capacidad de sus organismos de inteligencia para generar confusiones y finalmente salirse con las suyas. "La política del doble carril" ha sido desarrollada por Estados Unidos en la década de los 80 contra la Revolución nicaragüense. Las dos tácticas de una misma estrategia (derrotar al sandinismo), se tradujeron en la combinación de la guerra, cuya base militar estaba en Honduras, y el impulso de diálogos demandados por sectores opositores a la intervención militar, pero contrarios al entonces presidente Daniel Ortega. Tanto la organización y el financiamiento de "los contras" como la fabricación de espacios de diálogo sirvieron para desgastar al gobierno revolucionario. En 1989, el FSLN perdía el poder conquistado por las armas en 1979. Pero si el ejemplo arriba señalado podría ser descalificado por el tiempo transcurrido o justificado por haber sucedido en plena Guerra Fría, el caso Haití es lo bastante demostrativo de la doble moral con la cual actúa la burguesía imperial. El domingo 29 de febrero del 2004 un golpe de Estado depuso al presidente Jean Bertrand Aristide. Estados Unidos y la OEA condenaron duramente la interrupción de la institucionalidad democrática. Luego, una carta de renuncia del presidente haitiano fue divulgada sin previa confirmación. La expectativa de los que apostaban a presenciar, producto de la posición estadounidense, el retorno del presidente depuesto a Puerto Príncipe, se fue diluyendo conforme pasaban los días y en la medida que el imperio trabajaba por abrir una transición que tomara en cuenta a los sectores en conflicto. Las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a media tarde del domingo 28 de junio, parecen confirmar los datos de la experiencia histórica. "Cuando yo hablo de apoyar el trabajo de la OEA, es una cuestión de trabajar con los partidos en Honduras, porque todos los partidos involucrados den un paso atrás y mirar cómo sus instituciones democráticas deberían funcionar", ha sostenido la alta funcionaria estadounidense. Qué habrá querido decir Clinton con que "se debe entender que hay mucho en juego para mantener la democracia, no queremos ir hacia atrás y queremos que todos los partidos jueguen un papel responsable en ese aspecto". Ojalá que el "no ir atrás" no sea avalar la destitución de Zelaya, quien no cuenta con el respaldo de los partidos en el Congreso Nacional, incluido el partido liberal con el cual ganó las elecciones en el 2005, por asumir posiciones latinoamericanistas, o hacer un borrón y cuenta nueva de tal manera que los protagonistas del golpe de Estado —el primero en la era Obama—, no sean enjuiciados y condenados. No hubo, ni con Dan Restrepo ni con Clinton, una condena al secuestro de Zelaya ni al golpe de Estado en los términos que se esperaba de una administración interesada, según dice, en reconstruir sus vínculos con América Latina. Por lo demás, llama la atención que la vicepresidenta del Congreso de Honduras, Marcia Villeda, haya declarado a la CNN que durante más de una semana se buscó una solución que evitara la consulta y que en los diálogos participó el embajador de EE.UU., Hugo Llorens. Otras lecturas de los sucesos de Honduras, como el realizado por la investigadora Eva Golinger, conducen a pensar en la participación del Pentágono y la CIA, lo cual, de todas maneras, levanta un montón de interrogantes sobre la real información disponible por la administración Obama antes y durante el golpe militar, aunque parece ser una exageración sugerir que la causa del golpe habría sido expulsar a los militares estadounidenses de Honduras. Estados Unidos, que en la primera mitad del siglo XX encontró a la United Fruit y a la Rosario Minning controlando casi el 100% de la exportación de bananos y minerales, cuenta con una base militar en Soto Cano, a 97 kilómetros de la capital, y los militares hondureños poco o casi nada hacen sin el consentimiento de sus similares estadounidenses. De hecho, es poco probable que los militares hondureños hubiesen activado este golpe sin el consentimiento de los altos mandos militares asentados en ese país o que la inteligencia estadounidense, muy activa en ese país centroamericano, no se hubiese percatado del plan antidemocrático. Lo que no hay duda es que la reacción de la Casa Blanca se fue modificando conforme el escenario hondureño e internacional iba mostrando una contundente condena al golpe de Estado que la burguesía de ese país, profundamente vinculada a compañías estadounidenses, perpetró cobardemente y apoyada en el silencio mediático contra la democracia y el gobierno legítimamente constituido. Al principio Obama, en la voz de Dan Restrepo, expresó su preocupación (no empleó la palabra condena) por los hechos acaecidos, y exhortó a "que los hondureños resuelvan sus problemas, sin la participación de ninguna interferencia extranjera". En horas de la tarde, el asesor de la administración demócrata para América Latina reiteró casi las mismas palabras. Estados Unidos ha terminado plegándose a la condena internacional liderada por los países miembros del ALBA-TCP. Otra cosa no podía hacer y el costo hubiese sido demasiado alto. Pero eso no significa que la burguesía imperial no vaya a reeditar la "política del doble carril". Su renuncia a la subversión y contrainsurgencia sería negar su propia naturaleza. "Nuestra América" ya no es la misma de la década de los 70. La rápida reacción de los gobiernos progresistas y revolucionarios ha sido, a pesar del comportamiento de los medios de información transnacional, decisiva para evitar la consolidación del régimen de facto. Por lo demás, si de medios se trata, Telesur ha demostrado, por si quedaban dudas, cuán acertada ha sido la decisión de crearla. Por eso, para que Honduras no sea la Nicaragua de los 80 y el Haití del 2004, es necesario incrementar la presión de los pueblos y gobiernos "nuestroamericanos" y mantenerse vigilantes con lo que vaya a hacer Estados Unidos. Honduras puede ser un globo de ensayo. GRANMA. 6-7-2009