Cargando...El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ampliado la suspensión cautelar sobre el Plan de Junta de Andalucía, que abría la puerta a la edificación masiva en parajes del parque natural del Cabo de Gata. Se trata de un nuevo golpe de la justicia a la voracidad del ladrillo, convertido en motor económico casi único y fuente de enriquecimiento rápido, cuyo hipertrofiado desarrollo ha devorado en los últimos años todo lo que ha encontrado a su paso, desde la vida de miles de obreros en precario que han fallecido en obras sin seguridad hasta parajes naturales teóricamente protegidos.
Pero la sentencia demuestra además la connivencia de la Junta con los intereses inmobiliarios (base rincipal del desarrollo de una nueva burguesía andaluza indisolublemente unida al poder político monopolizado durante décadas por Chaves). Tan implicada está la Junta andaluza con el ladrillo, que no ha reparado en cometer flagrantes irregularidades para favorecer su desarrollo. Durante años, el gobierno de Chaves defendió la legalidad de la construcción del hotel del Algarrobito, en pleno parque natural. Pero en septiembre pasado un juez lo declaró ilegal. La Junta había presentado un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales donde los terrenos del hotel pasaban de estar considerados “incompatibles con el uso urbanístico” a catalogarse como “terrenos construidos que hay que recuperar”. Un juez de Almería consideró el pasado septiembre ilegal esta modificación, y acusó a la Junta de “manipular de forma burda los planos oficiales del parque natural para legalizar el hotel”. En noviembre de 2008, el Tribunal Superior andaluz ya suspendió de manera cautelar la aplicación del plan en el sector del polémico hotel, al considerar que el cambio de uso podría acarrear "gravísimos e irreparables" perjuicios para el medio ambiente. Ahora, otro juez ha dado un nuevo varapalo a Chaves, impidiendo que algunas zonas de Nijar y Carboneras, tal y como contemplaba el plan de la Junta, pasen a calificarse “de mayor intervención urbana”, alegando que este cambio supondría “la legalización de obras ilegales”. Las asociaciones ecologistas que han logrado paralizar el plan consideraron que la decisión evidencia "la presunta prevaricación cometida por la Junta en la modificación ilegal de planos del parque" y que la Consejería de Medio Ambiente ha "actuado al servicio de intereses espurios y contra la protección del parque". El gobierno de Chaves aparece así como la correa de transmisión de los intereses inmobiliarios locales, que no parecen detenerse ante nada para ampliar el negocio. Es posible llegar a un acuerdo que permita acompasar la protección del parque natural con el impulso a proyectos económicos que permitan el desarrollo de los pueblos de la zona. Pero para eso, la Junta debe abandonar la imposición al servicio de los intereses de las grandes constructoras.