Cargando...De una tacada, Pedro Sánchez rompe con la herencia de José Luis Rodríguez Zapatero y con el pacto que unió al PSOE y al PP en la aprobación de la regla constitucional que ajusta el déficit público a los márgenes establecidos por la UE. Ambos gestos son de calado y merecen más explicación de la que se ha dado. Con uno de ellos busca emanciparse de su propio pasado y recuperar a los socialistas descontentos por la rectificación del artículo 135 de la Constitución, realizada en 2011. Con el otro, Sánchez trata de zafarse de la presión de Podemos y de IU, que han hecho de esa reforma una prueba de que el PP y el PSOE son dos caras de la misma moneda.
Cambiar de criterio en tan poco tiempo es sorprendente. Y puede ser también arriesgado, sobre todo si quien tiene que defender ese cambio es alguien —el propio Sánchez— que votó a favor de la reforma de la que ahora reniega. El peligro de que eso le reste fiabilidad y consistencia es evidente. El mismo partido que mantuvo el discurso de que bajar los impuestos era de izquierdas y que la estabilidad presupuestaria no podía desligarse de la sostenibilidad del Estado de bienestar lanza ahora mensajes contrarios a la reforma llevada a cabo y promete dar prioridad al gasto social por encima de otros compromisos. Es decir, cuestiona la garantía (a los inversores en deuda) fijada por la Constitución, que establece una “prioridad absoluta” para el pago de los intereses y del capital de la deuda.
Es verdad que el contexto es distinto. Zapatero actuó en 2011 tras ser conminado por el Banco Central Europeo (BCE) a adoptar “medidas urgentes” para devolver a España su credibilidad en los mercados —presión que se guardó de hacer pública en su momento— y para eso negoció una reforma constitucional con Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición. Ahora la nueva cúpula del PSOE cambia el criterio, en un contexto financiero menos tenso y cuando este partido carece de fuerza parlamentaria para rectificar lo ejecutado.
Sin embargo, los gestos comprometen a quien los hace. Sánchez aclara que no quiere derogar el artículo 135, sino “completarlo”, porque ha servido para amparar los recortes en el gasto social. Esa explicación es insuficiente mientras no aclare la política presupuestaria y fiscal en la que está pensando. No es igual dedicar partidas importantes a garantizar a los inversores el pago de la deuda, como ha hecho el Gobierno, que poner por delante el gasto social como propugna Sánchez; quien, sin embargo, no ha explicado cómo va a financiarlo.
El 135 no impide definir opciones propias en política fiscal ni es un corsé que impida renegociar las condiciones de pago de la deuda. Alguna voz cualificada del propio PSOE resta relevancia a la letra de la Constitución y considera más importante rectificar la ley de estabilidad presupuestaria —que desarrolló el 135—, aprobada esta última sin respaldo socialista. Pedro Sánchez debe despejar dudas para que la ciudadanía pueda valorar si sus propuestas van en serio o se quedan en brindis políticos a la izquierda.