Genocida acción del gobierno peruano

El gobierno de Perú alzó sus armas en contra de las comunidades indí­genas y con ello cometió el peor genocidio de la población aborigen que habita en la Amazonia, sostuvo el presidente de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonia, Alberto Pizango. Según información del diario peruano La República, los cuerpos de indí­genas amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policí­a, estarí­an siendo quemados por efectivos policiales en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), serí­an arrojados al rí­o Marañón en el caserí­o de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap. Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. «Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del rí­o Marañón para arrojarlos. Mientras el gobierno hace desaparecer los cadáveres, para ocultar pruebas, la ministra de Justicia solo reconocí­a 3 indí­genas muertos y 11 policí­as y a la vez emití­a una orden de detención contra el lí­der indí­gena Alberto Pizango. La realidad del genocidio cometido por el gobierno del sátrapa Alan Garcí­a se va conociendo gracias a los testimonios de periodistas y organizaciones de derechos humanos la cifra puede ser muy superior a 40 indí­genas muertos y 169 heridos.

El gobierno ordeno un salvaje oerativo militar contra los indí­genas que cortaban una carretera en contra de las nuevas leyes que ha impuesto el gobierno de Alan Garcí­a Perez, para cumplir con los mandatos que el tratado de» libre comercio» con EE UU impone para el libre saqueo de los recursos naturales por sus multinacionales. Alan Garcí­a de reconocida trayectoria como genocida y corrupto. En la memoria de los peruanos está la matanza de los penales de Lima o el infame comando «Rodrigo Franco», un escuadrón de la muerte formado por el gobierno de Alan Garcí­a en su anterior gobierno, que utilizo la escusa de la guerra antisubversiva, para hacer desaparecer a dirigentes sindicales, estudiantiles en la década de los ochenta. Fujimori no es el único genocida que queda por juzgar en Perú. A la hora de defender los derechos de los monopolios y la oligarquí­a vendepatrias de Perú, Alan Garcí­a Pérez y su partido el APRA, desvelan su autentica cara genocida y fascista.La población pedí­a que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policí­a no hizo caso», informó el diario La República Narró además que miembros de la policí­a perseguí­an a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indí­genas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando. Contó que en tono amenazante un policí­a advirtió: «Así­ como han matado a nuestros compañeros policí­as, ustedes también tienen que morir».Según informa la República, Santiago Manuin Valera fue herido de bala mortalmente durante uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de Bagua. Era uno de los históricos dirigentes de las comunidades Aguaruna-Huambisa de la provincia de Condorcanqui. El histórico dirigente nativo recibió un premio Reina Sofí­a por su labor en defensa de la naturaleza y derechos humanos. Siempre tuvo un considerable liderazgo y ascendencia entre toda la población aguaruana – huambisa. Emergió hace varios años como presidente de su organización, con formación en la iglesia católica, a cargo de los Jesuitas en la zona, de la que intentó ser parte, con un compromiso social muy intenso. «Han apuntado a uno de los lí­deres de manera totalmente orientada para acabar con la protesta indí­gena», son los comentarios de sus compañeros indí­genas.En entrevista a teleSUR, Alberto Pizango manifestó que «Nosotros nos habí­amos desplazado pací­ficamente durante 45 dí­as y no esperamos esta reacción y muchos menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indí­genas denunciamos este hecho genocida».El representante indí­gena expresó que la acción cometida por las autoridades militares y policiales en la zona de la Curva del Diablo, donde este viernes tuvo lugar el primer enfrentamiento, «fue una situación lamentable». Aseguró que los nativos se mantení­an en pie de lucha tras protestar en contra de una serie de decretos que adelanta el Gobierno del Perú y que consideran va en contra de los derechos territoriales y ancestrales de los pueblos indí­genas peruanos que habitan en la Amazoní­a.De «operativo polí­tico encubierto» calificó el lí­der del Partido Nacionalista Ollanta Humala a la masacre desatada por las fuerzas policiales contra indí­genas amazónicos en la localidad de Bagua. «El gobierno ha preferido la matanza de indí­genas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia» indicó. «El gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indí­genas amazónicos. Y no es casual que ayer hayan boicoteado el debate por tercera vez y esta madrugada se inicie la represión» indicó.Ollanta Humala señaló que el gobierno ha utilizado la Mesa de Diálogo «como un elemento distractivo para evitar resolver la derogatoria de Decretos Legislativos».El operativo del gobierno tiene como objetivos aplicar el Tratado de Libre Comercio sin diálogo con los pueblos amazónicos y descabezar a la dirigencia amazónica, indicó Ollanta. Un tercer objetivo es acusar al Partido Nacionalista de ser los azuzadores, de ser la mano que está moviendo las movilizaciones, lo que es una mentira grosera que repiten algunos medios, afirmó. «Las comunidades nativas tienen toda la capacidad de tomar sus propias decisiones y nosotros defenderemos sus reclamos sociales porque se enmarcan dentro de la democracia, en defensa de la propiedad, el agua y demás recursos naturales» expresó el lider nacionalista.Por su parte el congresista Isaac Meckler calificó de «tinglado» la versión oficial brindada por el gobierno donde mienten acerca de la cantidad de indí­genas muertos y los acusan falsamente de portar armas AKM. «Durante 50 dí­as los indí­genas han estado protestando de manera pací­fica con sus lanzas y no es creí­ble que el dí­a 51 se convierten en terroristas armados. Esto no es creí­ble» aseveró el congresista.La causa de la rebelión en las selvas es simple. El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos llevó a las autoridades peruanas a aprobar una serie de decretos anticonstitucionales que eliminaban un número de protecciones territoriales y ambientales que daban cierta seguridad a los indí­genas.La legislación rechazada por los nativos son la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hí­dricos, porque consideran que vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. Su consecuencia será la deforestación, la disminución de la biodiversidad, la depredación de la naturaleza. Como la aplicación del TLC con Estados Unidos exige libertad de acción para el capital, las diferentes etnias pagan las consecuencias de la complacencia gubernamental.Dos de estos decretos han sido considerados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del Congreso peruano y han motivado una carta de preocupación de Naciones Unidas dirigida al gobierno peruano, ya que vulneran el derecho a la consulta previa de los pueblos indí­genas antes de la promulgación de una ley que les afecta, tal y como reconoce el Convenio Internacional 169 de la OIT firmado por Perú.Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Congreso de la República ha aceptado la derogatoria de estas normas legales gracias a las cuales un 60% de los bosques primarios de la amazoní­a peruana podrí­an ser vendidos a multinacionales para la extracción de hidrocarburos o para el cultivo de biocombustibles.La rebelión de los pueblos amazónicos es justa. El combativo paro indefinido de mas de 1350 comunidades nativas se inicio el 9 de abril en demanda del cumplimiento de sus justas reivindicaciones, el respeto a los tratados internacionales que protegen sus tierras y a ser consultados por el gobierno, y como medida concreta la inmediata derogación de los decretos de ley impuestos por la dictadura de el sátrapa Garcí­a Pérez testaferro de los intereses del imperio y su Tratado de «libre Comercio».