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El caso Nécora, los GAL, Pinochet, Videla y las dictaduras del Cono Sur, los casos de corrupción en el PP, el PSOE, CIU, Bin Laden y la detención ilegal de presos en Guantánamo, los crímenes del franquismo, Silvio Berlusconi… sus casos hablan por él. El juez Baltasar Garzón, que ahora se enfrenta a varias querellas que podrían hacerle sentar en el banquillo de los acusados, se ha destacado por su independencia judicial. ¿Qué es lo que se busca juzgar, sus errores o su independencia?
Manuel Ollé es residente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y ha sido y es parte de la acusación en los casos de la dictadura chilena y argentina, y en el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador. Desde Asociación Pro Derechos Humanos han promovido un manifiesto en apoyo al Juez Garzón, ¿qué sentido tiene esta campaña de acoso y derribo contra un juez que se ha señalado, con todos sus errores, por su independencia? No tiene ningún sentido, sobre todo desde el punto de vista técnico-jurídico, y muy especialmente por la causa que recientemente y ya prácticamente se le ha sentado en el banquillo. Desde luego las resoluciones del Juez Garzón son ajustadas a derecho. Habrá otro tipo de motivaciones que, desde luego, mal se compadecen con la aplicación por parte del Juez Garzón del Derecho. ¿Cómo se explica que este despropósito haya recibido el apoyo de sectores supuestamente progresistas, como el propio juez Varela, de Jueces por la Democracia? El Juez Varela no se si lo ha apoyado o no lo ha apoyado, pero lo que es un hecho evidente es que como magistrado del Tribunal Supremo está a un paso de sentarlo en el banquillo, es decir, que está comulgando y acepta las tesis planteadas por parte de los querellantes. Sí que es sintomático que jueces, aunque la expresión no sería la más acertada, progresistas o no progresistas, porque la ley es la misma para todo el mundo, pero que se supone que deberían estar más proclives, aunque no debiera ser así, a que el Juez Garzón no fuera enjuiciado, sorprende que estén plenamente de acuerdo con que el procedimiento siga. Serán opiniones jurídicas u otras motivaciones. Habría que preguntarles a ellos ¿No cree que hay una voluntad, de arremeter contra un juez que representa una línea independiente más allá de fidelidades a partidos? Fíjese que yo creo que desde un punto de vista técnico-jurídico, e incluso desde lo que es la responsabilidad de cada magistrado desde el Gobierno propio de cada juzgado, de un titular miembro de la judicatura, yo creo que puede ser un ataque a la independencia judicial. Es decir, que esa persecución judicial de la que está siendo objeto parece que trata de poner fin a lo que ha sido la independencia judicial. No nos olvidemos que sin jueces independientes y justicia independiente, no hay justicia. A pesar de su currículum no ha conseguido acceder a ninguno de los puestos a los que se ha presentado, como el de presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional o Presidente de este mismo tribunal. Ni ha sido considerado para el Tribunal supremo o el Consejo General del Poder Judicial… Ha habido cargos a los que ha aspirado que han sido públicos y notorios. Lógicamente yo no conozco todos los cargos, pero es evidente que tiene un currículum extraordinario como para haber accedido o haber sido acreedor de cualquier cargo dentro de la carrera judicial de los que ha solicitado. ¿Por qué no se los han dado?, volvemos a lo mismo, yo puedo tener mis opiniones dentro de la libertad de expresión de cada uno, pero habría que verlo en el por qué, será miedo a la independencia, será miedo a su trayectoria, o será miedo a lo que sea… Con respecto a la ley de la memoria histórica, también es un hecho que quienes la han impulsado ahora, por otro lado se han dedicado a poner palos en las ruedas, o han hecho difícil que prosperaran estas exigencias en el pasado… Yo creo que es una actitud contradictoria entre los que la apoyaron y ahora parece que no la apoyan, pero no nos olvidemos que lo que el Juez Garzón ha pretendido hacer es una cosa que está incluso, me atrevería a decir, por encima de la Ley de la Memoria Histórica, que es averiguar la verdad judicial. Y averiguar la verdad judicial en un ámbito y en una sede que no es cualquier cosa, que es el sede penal, es decir, depurar las responsabilidades penales individuales por la comisión de crímenes internacionales. Yo creo que ese es el precio que está pagando. Ustedes insisten en lo inaudito que resulta el no haber reformado la Ley de Amnistía, que es una “rareza” en las legislaciones a nivel internacional… Tenga en cuenta que el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU el octubre pasado proclamó que la Ley de Amnistía era contraria al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, e invitaba al Gobierno español a hacer una revisión sobre la misma. Y así es en todos los lugares. Una ley de amnistía tiene que ser respetuosa con los derechos fundamentales de la persona, con el derecho a la vida, a la libertad, con el respeto a la integridad física, y no puede ser un obstáculo para impedir o eludir el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquellos polvos trajeron estos lodos, ruptura real en las instituciones, por quien tenía que haberse hecho, aclara las instituciones y quien las compone… ajustar cuentas al franquismo, una ruptura en las instituciones principales del estado No lo sé. La realización de la justicia siempre que se haga nunca es tarde. Por supuesto que cuanto antes es lo deseable, y lo que las propias razones de justicia exige. Que nadie se hubiera atrevido hasta este momento es un indicativo que puede ser imperdonable para la persona que lo haya hecho. ¿De qué es un indicativo? Es un indicativo que no había voluntad, de que no se quería, desde el punto de vista político y judicial, aclarar las responsabilidades sucedidas en el franquismo. Es un indicativo que la primera persona que se haya atrevido, dentro de su independencia, se haya tratado de coartar. Pero lo que se ven no son toda una serie de fidelidades tejidas en el pasado, que se han ido adaptando a los nuevos tiempos… Desde el punto de vista internacional, la opinión pública, medios de comunicación, asociaciones de derechos humanos, ong’s, juristas, universidades… que no salen de su asombro ante el proceso del que está siendo objeto Garzón. En el ámbito internacional no se entiende qué se está haciendo en España. Pero en el caso de prosperar, ¿sería rechazado por la justicia internacional? Hay que tener en cuenta que el último tribunal ordinario en España es el Tribunal Supremo, lo cual sería complicado. Hombre, yo tengo fe en que más allá de lo que ha sido la instrucción, si finalmente, que espero que no sea así, se diera el juicio, en los magistrados que lo vayan a enjuiciar impere el sentido común jurídico y que tengan en cuenta todos los argumentos que desde el primer día está dando, no solo el Juez Garzón, sino la propia Fiscalía, para que se le absuelva. Yo no contemplo ni si quiera como hipótesis que si finalmente es sentado en el banquillo, fuera condenado. ¿Debemos considerar que la independencia judicial está en grave peligro? Yo no quiero pensar que a estas alturas lo que ha pasado en muchos otros países que los jueces vayan a ser perseguidos por su independencia. Desde luego con esta querella lo estoy pensando. ¿Qué dificultades se encuentra el avance del caso? EN España no tenemos todavía la conciencia lo que en la Comunidad Internacional empieza a ser la bandera de la justicia, que es la aplicación del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Cuando en muchos países se está tratando de enjuiciar los crímenes o las grandes masacres aquí en España estamos cerrando los ojos y volviendo la vista atrás. Lo que es, si se me permite y poniéndolo entre comillas, lo más común, lo más notable, y lo que empieza a ser característico de un sistema judicial, en España vamos en contra del sentir de la Comunidad Internacional para tratar de poner fin a un proceso que lo que habría que haber hecho es impulsar entre todos el principio del mismo. Sin embargo cuando se trata de los mismos casos en otros países, como Chile o Argentina, se ha recibido un apoyo mayoritario… Son paradojas de la vida que muchas veces nos cuesta mucho explicar “A los imitadores de Garzón” El 13 de abril el Wall Street Journal publicó una editorial en la que se aplaude el enjuiciamiento de Garzón. El principal vocero de la oligarquía norteamericana se apresura a aprovechar la oportunidad. Alto y claro: esto es lo que le puede pasar a cualquier juez que se inmiscuya en los asuntos de otros países. Serían demasiados los casos como para enumerarlos, pasados y presentes, en los que EEUU se ha “inmiscuido” afectando a la soberanía nacional, o más bien a la “emasculación nacional”, pero el aviso para navegantes está hecho, los intereses del Imperio no se tocan. Dicho por quien no reconoce ni al Tribunal Penal Internacional, sirva esta editorial como uno de los mejores avales de la independencia del juez Garzón ante los principales centros de poder. “El juez español Baltasar Garzón fue imputado la semana pasada por su instrucción de las ejecuciones y desapariciones durante la Guerra Civil. Un juez del Tribunal Supremo español le acusó de manipular la justicia, sobrepasar su jurisdicción e ignorar una amnistía de 1977 de las atrocidades vinculadas con la dictadura de Franco. Resulta, por tanto, que sí hay límites a la jurisdicción de España, al menos en España. Garzón accedió por primera vez al estrellato jurídico internacional por la emisión de una orden de detención en 1998 que llevó a las autoridades del Reino Unido a poner al ex hombre fuerte chileno Augusto Pinochet bajo arresto domiciliario durante más de un año. La orden se basaba en el concepto de “jurisdicción universal”, según el cual un juez de cualquier Estado reclama jurisdicción legal sobre individuos de otros países sospechosos de haber cometido determinados delitos. Los admiradores del juez consideran que la orden contra Pinochet fue la misma esencia de la justicia. En su momento advertimos que era una receta para la anarquía legal y la discordia internacional”. “El juez afronta un proceso y, de ser condenado, podría prohibírsele ejercer hasta durante 20 años. Serán los españoles, en España y según la legislación española quienes determinen si es legal que un juez español pueda librar de nuevo la Guerra Civil española de hace 70 años. Lo que nos suena correcto. Esperamos que los imitadores de Garzón otorguen a otros países el mismo respeto”. En apoyo a Garzón Manifiesto por la Justicia de Garzón (Asociaciones Pro Derechos Humanos) “El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia. […] El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional. […] Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.” Intelectuales y profesionales “Atendemos con preocupación los pasos que, a raíz de la investigación de los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo ha dado contra el juez Baltasar Garzón, con oposición de una parte de la judicatura y de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. […] Los desaparecidos de las dictaduras constituyen una realidad dramática en países hoy democráticos, y, en algunos lugares, han perdido el derecho de defensa, en tanto que sus verdugos han quedado impunes para siempre. […] Así lo reconoce el Tribunal europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009, para el cual “la ausencia” de búsqueda oficial de desaparecidos supone un trato cruel e inhumano considerando a éstos víctimas de tortura […] Por ello nos ha llenado de orgullo que la justicia española haya abierto una gran brecha en la persecución de crímenes en otros países (Chile, Argentina, El Salvador, etcétera) cercanos. Sin embargo, ha callado de forma vergonzante acerca de la realidad de los crímenes en su propio país.[…]” Firmantes: Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Cristina Almeida, Paco Ibáñez, Fanny Rubio, Manuel Rivas, Jordi Dauder, José Vidal Beneyto, Iam Gibson… también profesionales como Rosa Regás o José Luis Sampedro, actores como Pilar Bardem, Álvaro de Luna, Federico Luppi, José Sacristán, Eusebio Lázaro, Juan Diego, Juan Diego Botto, Juan Echanove, Rosa María Sardá y Pepe Viyuela, los directores de cine José Luis Cuerda y José Luis García Sánchez y músicos como Luis Pastor o Miguel Ríos, se han sumado con manifiestos y actos públicos. Jueces y fiscales progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) “(La instrucción del juez Garzón) respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos y a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución. (Los mismos argumentos que sirvieron a la Audiencia Nacional para) sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra (al asumir competencias de jurisdicción universal) […] Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez ponderar las normas que debe aplicar"