Cargando...Francisco Caamaño, el ministro de Justicia, ha declarado que se va a exigir al Ayuntamiento de Hernani que cese a la alcaldesa de la ilegalizada ANV, Marian Beitialarrangoitia, perteneciente al entorno de ETA, que está condenada por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y a siete de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. ¡Bien! ¡Muy Bien! Es una buena noticia. Ahora hay que seguir hasta el final. Y expulsar al resto de etarras que ocupan otros 41 ayuntamientos.
La Abogacía del Estado ha basado su recurso en la alicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta ha sido, y es, la base legal y la exigencia política que lleva planteando y presentando UPyD repetidas veces. Así lo ha hecho Rosa Díez en el Congreso, la última vez hace sólo unos días; y así lo ha hecho Gorka Maneiro en el parlamento vasco en junio pasado y hace un par de días. Sí, porque es urgente. Que la presencia de representantes políticos de ETA siga siendo permitida conlleva, además de dañar gravemente la vida democrática, que continuen beneficiándose de los fondos públicos, no sólo autonómicos sino también estatales. Es inaceptable la existencia de 42 ayuntamientos donde ETA se aprovecha del poder local y obtiene dinero público, incluyendo últimamente los fondos del Plan E del Gobierno, para llevar adelante sus actividades terroristas. Hay que seguir hasta erradicar totalmente a ETA y su entorno.