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Para más escarnio el «ejecutor» será un comisario español, Joaquín Almunia, y escogió Madrid para anunciar la «sentencia de muerte» a los astilleros españoles. Anticipando que el próximo 17 de julio, Bruselas exigirá al sector naval español la devolución de 2.800 millones de euros desgravados entre 2005 y 2011 mediante bonificaciones fiscales a la construcción de buques. Alegan que era «una ayuda encubierta contraria a las leyes de la competencia». Mienten. Francia hizo exactamente lo mismo y la UE no le exigió que devolviera un solo euro. Esa es la «competencia» que defiende Bruselas: que Berlín y París no tengan competencia Aunque para ello haya que triturar toda la industria española y enviar al paro a miles de trabajadores.
“¡Esto es el cierre definitivo para los 19 astilleros que hay en España!”. De pie y airado, ´´Álvaro Platero, presidente de Pymar, la agrupación que engloba a los astilleros españoles, contestaba a Joaquín Almunia, cuando en un desayuno informativo en un hotel madrileño anunciaba que el sector naval español estará obligado a “pagar” 2.800 millones de euros. «¿Es que para Bruselas la ley es distinta cuando se aplica España que cuando afecta a Berlín o Paris?»
El origen está el “tax lease”, puesto en marcha en 2001, y que permitía importantes deducciones fiscales para las compañías que invirtiesen en la construcción de buques.
Un sistema que atrajo importantes inversiones hacia el sector naval español, permitiendo un nuevo desarrollo de un sector industrial estratégico que languidecía desde las salvajes reconversiones impuestas por Bruselas en los años ochenta.
Pero en Bruselas están empeñados en desmantelar por completo el sector naval español.
Por eso en 2011, tras una denuncia presentada por Holanda, la UE paralizó el “tax lease”, afirmando que así “se favorecía la competencia”.
La verdad era otra muy distinta. Hasta que se aprobó la suspensión del sistema de bonificación fiscal, los astilleros españoles producían una media de 34 buques al año. En 2011, tras la prohibición de las ayudas, sólo se construyeron 7. Un descenso de la carga de trabajo de más del 80%. Solo en la ría de Vigo se perdieron el año pasado 2.800 empleos.
Y mientras tanto, la práctica paralización de nuestro sector ha sido aprovechado para ganar mercado por parte de otros astilleros europeos, fundamentalmente los holandeses y alemanes. Y cientos de soldadores cualificados españoles y jóvenes ingenieros navales tienen que marcharse allí ante la falta de trabajo.
Pero todavía quieren más. Ahora, la UE exige que los astilleros españoles devuelvan el montante de los incentivos fiscales aprobados por hacienda entre 2005 y 2011.
La factura se eleva hasta los 2.800 millones, de los que 1.700 corresponderían a empresas de Galicia y, el resto, del País Vasco y Asturias.
Esto supondría la liquidación final de un sector naval que todavía emplea a 80.000 trabajadores.
Bruselas exige a España lo que perdonó a Francia. En el país vecino se aplicaba un sistema muy similar al “tax lease”, aplicable no solo al sector naval sino a la fabricación de otros bienes de equipo. En 2005, la Comisión Europea lo anuló con argumentos semejantes a los empleados ahora con España. Sin embargo, las autoridades comunitarias eximieron a las empresas francesas de devolver las bonificaciones cobradas indebidamente con el argumento de que las compañías habían actuado con la “confianza legítima” en un sistema sancionado por sus autoridades.
¿Qué desvergüenza es esta? ¿Es que para Bruselas la ley es distinta cuando se aplica España que cuando afecta a Berlín o Paris?
Cada vez está más claro que las imposiciones de Bruselas sólo buscan liquidar los sectores industriales rentables para favorecer a las grandes potencias europeas, Francia o Alemania.
PP y PSOE acaban de firmar un pacto para “defender los intereses españoles en Europa”. ¿Denunciará el gobierno de Rajoy la doble vara de medir de Bruselas? ¿Desautorizará el PSOE a un Almunia que actúa como auténtico agente de los intereses de los monopolios alemanes y franceses?