¿A cuánto ascienden?

El plan aprobado en 2020 otorgaba a España 140.000 millones de euros. 72.500 en subsidios y el resto en créditos.

Ahora la Comisión Europea ha aprobado la “adenda” -añadido- enviada por el gobierno español. Se solicita recibir los créditos -opción que no se había activado-, que se elevan a 83.500 millones. Y se amplían en 7.600 millones las subvenciones.

En total son 163.000 millones, un 12% del PIB español anual.

¿Realmente son “gratis”?

Algo más de la mitad del dinero adjudicado a España corresponde a créditos, que debe devolverse con intereses. El plazo es de 10 años. Pagarlos supondrá un desembolso anual de aproximadamente 9.000 millones.

Los subsidios -más de 70.000 millones- tampoco son “gratis”. Se financian con una emisión de deuda conjunta de la UE, que compran grandes bancos y fondos -especialmente norteamericanos-. Su devolución corre a cargo del presupuesto de la UE, que aportan los Estados, entre ellos España.

Los préstamos o la deuda, al ser avalados por la UE, tienen condiciones más favorables que si España los asumiera en solitario. Pero no son “gratuitos”.

Los grandes beneficios son el Ibex-35 y sobre todo el capital extranjero

¿Quién se queda los fondos europeos?

En 2020, el mismo año que se aprobaron los fondos europeos, las ayudas públicas a grandes monopolios en España se multiplicaron por cinco.

Era una pésima señal, que el tiempo ha confirmado.

Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia, que analiza la adjudicación de los fondos europeos hasta 2022, nos ofrece datos reveladores.

Las microempresas y pymes de menor tamaño, que son el 95% de las empresas y aportan el 40% del empleo, apenas han recibido un 14% del dinero de los fondos.

Mientras que los grandes monopolios se llevan un 64% de las ayudas a fondo perdido entregadas por el Estado.

El 72% de las ayudas estatales a cargo de los fondos europeos van a grandes monopolios, y solo 7% a pymes

Un mayor abismo se abre al comprobar quien recibe la financiación en condiciones favorables que el Estado puede otorgar gracias a los fondos europeos. Un 72% va a parar a grandes monopolios, mientras que a las microempresas solo un 1,2% y a las pymes un 6,7%.

Algo muy similar sucede con los fondos europeos que van a gestionar las comunidades autónomas. Si analizamos los proyectos presentados por el gobierno vasco, más de la mitad del dinero se lo llevarná Iberdrola, Petronor -filial de Repsol- y los gigantes españoles y extranjeros que impulsan el tren de alta velocidad

Los monopolios del Ibex-35 han presentado proyectos, para ser financiados por los fondos europeos, por valor de 110.000 millones. Solo Iberdrola pretende llevarse 30.000 millones.

Y, gracias a la imposición de la UE, la banca participará en la gestión y reparto de los fondos. Llevándose una “comisión” de entre 3.000 y 4.000 millones. Y ostentando un enorme poder para decidir, en función de sus intereses, a quién conceder el dinero y a quien no.

Los grandes proyectos financiados por los fondos europeos, como el coche eléctrico o la fabricación de microchips, se lo quedan monopolios extranjeros y no buscan crear una industria nacional.

El aspecto más oculto es que una parte importante de los fondos que recibirá España acabarán fuera de nuestras fronteras.

Porque se los llevan directamente monopolios extranjeros. Sucede con el PERTE del coche eléctrico, gracias a que la industria del automóvil está al 100% en manos foráneas. Volkswagen ya ha recibido la primera lluvia de millones para impulsar una fábrica de baterías eléctricas. Y va a pasar con el PERTE de los microchips, que no estará destinado a levantar una industria nacional, sino a que los gigantes norteamericanos del sector se instalen en España.

Pero también porque lo que gane el Ibex-35 se lo quedan, en buena parte, fondos extranjeros, en primer lugar norteamericanos, que copan más de la mitad de su accionariado.

Los fondos europeos como palanca de control exterior

Dinero a cambio de recortes

Estamos en pleno proceso de investidura de un nuevo gobierno. Pero su política está, en una parte importante, ya dictada. Son las condiciones impuestas por Bruselas para recibir los fondos europeos, que configuran un auténtico “programa de gobierno”.

En la ampliación recientemente aprobada se ha reafirmado, y ampliado, hasta 595 hitos y objetivos que España debe cumplir si quiere recibir el 100% de la financiación. A lo que hay que añadir 142 inversiones y hasta 111 reformas “estructurales”.

Algunas de esas “reformas” -eufemismo para esquivar la palabra recortes- ya se han ejecutado. Impusieron que no se derogara el grueso de la reforma laboral aprobada por Rajoy. Y han abierto el paso a un salto en la privatización de las pensiones o a su recorte, con una fecha -2025- impuesta por la Comisión Europea.

Bruselas ha fijado hasta 595 hitos y objetivos que España debe cumplir si quiere recibir el 100% de la financiación. A lo que hay que añadir 142 inversiones y hasta 111 reformas “estructurales

Otras “reformas” pendientes afectan a la política fiscal, y ya se anticipa que se subirán los impuestos que pagamos la mayoría -los indirectos- y se rebajarán los que abonan bancos, monopolios y capital extranjero.

El calendario de “objetivos” y “reformas” está fijado de forma precisa. Estableciendo cuántas se deben aprobar cada bimestre y cual debe ser su contenido.

Dos veces al año España debe pasar un “examen”, donde Bruselas decide si se han cumplido las condiciones para recibir cada plazo de los fondos. Un mecanismo de control exterior, que permite la vuelta de los “hombres de negro” de la UE o el BCE. Los que, por ejemplo, acaban de imponer que la banca se quede con una parte importante de la gestión de los fondos Next Generation.

Fondos sí, para todos y sin imposiciones

Queremos los fondos europeos, son una inyección de liquidez que debemos aprovechar para desarrollar el país en beneficio de la mayoría.

Pero no aceptamos que se apropien de ellos una ínfima minoría de bancos y monopolios y el capital extranjero.

Deben servir para reindustrializar el país, y deben recibirlos las empresas nacionales, especialmente pymes y autónomos.

Y han de servir para impulsar un desarrollo equilibrado, potenciando la España vaciada, y reforzar la sanidad o la educación públicas.