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El Ministerio de Fomento va a eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen ahora. Asimismo, auditará el plan para sacar a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado que ha heredado del anterior Ejecutivo.
La decisión del nuevo Gobierno afectará en breve directamente a tres autopistas: la AP-1 entre Burgos y Armiñón (84 kilómetros), cuya concesión vence el 30 de noviembre de este año; y la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones terminan el 31 de diciembre de 2019 y que cuentan con 468 kilómetros
La medida crea un precedente para las autopistas que vencen el 31 de agosto de 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto).
El atraco que suponen las autopistas de peaje despertó los primeros años de la crisis una rebelión ciudadana en Cataluña que al grito de «No vull pagar» se saltaba los peajes en protesta contra los precios desorbitados.
Grandes constructoras como Ferrovial, ACS, OHL… se lanzaron a gestionar como concesionarias los tramos de autopistas con peaje. Su construcción -durante los últimos años de la legislatura de Aznar- fue polémica debido a que España cuenta con una buena red de autovías públicas y gratuitas. Poner radiales de peaje al lado de autovías públicas -saturadas, pero gratuítas- como la A-5 y la A-3, que suman 53.000 y 81.000 tránsitos en idéntico trayecto, era un negocio arriesgado. Si le sumamos la crisis económica, la bajada abrupta de los salarios o la subida disparada del precio del carburante, también dictada desde los intereses monopolistas, el resultado es conocido: una ruina anunciada.La voracidad monopolista -en pleno boom inmobiliario- llevó a los gigantes del Ibex35 a arriesgar en el negocio del peaje.
Su fracaso estaba más que anunciado, pero su rescate lo pagamos todos. Los grandes bancos nacionales y extranjeros les concedieron generosos préstamos para impulsar el negocio, esperando participar del botín prometido. El estallido de la crisis convirtió los beneficios en pérdidas. Las nueve principales concesionarias de autopistas de peaje acumulaban 4.000 millones en pérdidas. Pero la quiebra y liquidación de las ocho autopistas de peaje supuso una ‘factura’ al Estado de 5.500 millones, importe equivalente a medio punto del déficit público. Mientras Bruselas nos obligó a recortar 5.000 millones de euros de déficit público excesivo, el Gobierno decide rescatar las autopistas ruinosas con una cifra equivalente.