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El gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con Unidos Podemos que en los próximos Presupuestos Generales de 2019 se dediquen 830 millones de euros al presupuesto para la Dependencia. Un auténtico giro, frente a la continua oleada de recortes que llevaba sufriendo una partida vital para cientos de miles de personas.
Desde el comienzo de la crisis, en 2011, se ha recortado a las ayudas de la Ley de Dependencia un total de 4.600 millones de euros. En los Presupuestos de 2018, aquellos que Rajoy anunciaba como los “más sociales”, el PP propuso para revertir la situación… elevar la partida en 46 millones, un mísero 1% de todo lo que se había recortado hasta el momento. En la actualidad, el Estado apenas cubre el 20% de los gastos en Dependencia, obligando a las Autonomías y a los ciudadanos a cargar con el resto. Una bochornosa infrafinanciación que el acuerdo firmado entre PSOE y Unidos Podemos pretende revertir.
Los 830 millones se dividen en dos partidas fundamentales. Los primero 315 millones van a parar a cotizaciones para cuidadoras sociales. En 2007, el Estado se hacía responsable de la cotización de los familiares cuidadores de personas dependientes, como parte de la Ley de Dependencia aprobada por Zapatero. Cinco años después, el gobierno de Rajoy eliminó esa partida, y 145.000 cuidadoras (la inmensa mayoría son mujeres, y en muchos casos familiares de las personas dependientes) fueron borradas de los registros de la Seguridad Social. Ahora el Estado va a volver a hacerse cargo, y entre las distintas fuerzas políticas se calcula que esta medida afectaría positivamente a 180.000 cuidadoras de personas dependientes.
Los otros 515 millones se dedicarán a la financiación para la atención de las personas dependientes. Esta partida supone un 40% más que lo que se dedicó para los presupuestos de este año.
Se va a dividir en dos partes. 132 millones irán al “nivel mínimo” que se reparte equitativamente entre todas las Comunidades Autónomas. Y el resto, 383 millones, irán al “nivel acordado”, que es pactado con las diversas comunidades, y son ellas quienes lo gestionan.
Un paso adelante… pero hay muchos más por dar
Según el XVIII Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, publicado en marzo de este año, existen 1’26 millones de personas dependientes reconocidas, el 3% de la población en España.
Una de cada cuatro personas dependientes, 310.120 en total, se encuentra todavía en lista de espera, sin haber recibido aún la prestación que les corresponde según la Ley de Dependencia. De ellos, más 100.000 son del grado II y III de dependencia, los casos más graves.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, harían falta 715 millones de euros para atender en 2019 a las personas con dependencia de grado II y III en lista de espera. Eso son 200 millones de euros más de los que ha acordado el gobierno, y todavía quedarían fuera los dependientes de grado I.
Téngase en cuenta que en 2017 fallecieron 38.000 personas con dependencia reconocida mientras todavía se encontraban en lista de espera. Eso es el equivalente a 104 personas por día, una persona cada quince minutos.
El acuerdo entre PSOE y Podemos es un avance para las personas con dependencia, fruto de la presión popular que ha echado a Rajoy de la Moncloa, y debe considerarse como una victoria. Sin embargo, no debemos caer en la complacencia. Todavía queda mucho por hacer para revertir todos los recortes en Dependencia y conseguir una asistencia cabl a todas aquellas personas que les corresponde ayuda por derecho.