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Diez años después de la denuncia que destapó la trama de corrupción para saquear las cuentas públicas, mediante el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos y la adjudicación a dedo de concursos, la Audiencia Provincial de Álava ha publicado la sentencia que condena a penas de cárcel -de entre 6 y 13 años- a tres exdirigentes del PNV y a diferentes penas a otras doce personas que formaron parte de la trama.
Si el PSOE de Andalucía tiene su “caso de los ERE”, las élites catalanas su “Pujol y el 3%” y el PP su “Gürtel”, el PNV ya tiene su “caso De Miguel”. Ha dejado de ser ese “partido intachable” que venden sus dirigentes.
Los tres exdirigentes condenados, que fueron miembros de la Ejecutiva del PNV de Álava, son: Alfredo de Miguel, “Txitxo”, el dirigente del PNV de Álava, diputado de Urbanismo y vicepresidente de la Caja Vital que da nombre a la trama corrupta, condenado a penas que suman más de 13 años en total, 200.000 euros de multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos; Koldo Ochandiano a 7 años; y Aitor Tellería a 6 años.
La sentencia considera probado que los tres, a nombre de sus mujeres, crearon la sociedad Kataia Consulting, para cobrar comisiones ilegales de entre el 3% y 4%, por adjudicaciones de la Diputación de Álava y por trabajos que nunca se realizaron. Y les condena por los delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación.
Hay un segundo grupo de militantes “jeltzales” (término con el que se denomina a los miembros del PNV) condenados: Xavier Sánchez Robles, director de Juventud del Gobierno Vasco con el ex lendakari Ibarretxe, condenado a más de 7 años; Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa y empresario, a más de 5 años; y Josu Montés, de la empresa Ortzi Muga, condenado a más de 4 años. El tribunal considera probado que Sánchez Robles adjudicó contratos a dedo a empresas de la órbita de De Miguel, San Juan y Montés.
Incluso un tercer grupo de cargos políticos condenados a penas de inhabilitación por prevaricación: Alfonso Arriola (Gerente del parque tecnológico de Miñano), Julián Sánchez Alegría (Presidente de los parques tecnológicos de Euskadi) y María Agustina Angulo (Alcaldesa de Zambrana), que según la sentencia actuó “siguiendo indicaciones” del Araba Buru Batzar (la Ejecutiva alavesa del PNV) para dejar actuar a De Miguel y su socio Arruti en una recalificación valorada en 65 millones de euros y de la que se habrían repartido 161.000 euros cada uno.
La sentencia condena también a otros empresarios, “los corruptores” que pagaron las mordidas: el constructor Jon Iñaki Echaburu a 2 años y medio; Sergio Fernández Oleaga a 1 año y seis meses; Josu Arruti a casi 2 años y su padre a 9 meses.
Pero sobre todo la sentencia lo que pone de manifiesto es que no se trata de individuos corruptos más o menos ocasionales, sino de una trama organizada que se relacionaba a partir de su militancia política en el PNV y utilizaba sus cargos políticos relevantes en la comunidad autónoma gobernada por el mismo partido para cometer sus delitos. La sentencia es completamente clara y recoge textualmente que “el único lazo verificado entre los acusados” era “una confianza que venía de la misma militancia política” en el PNV, y cómo se aprovecharon del “puesto político relevante… en el mismo partido político que gobernaba la comunidad autónoma”. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción” afirma el tribunal.
La relación político-mafiosa entre los acusados está reflejada también en la propia sentencia señalando cómo el empresario Fernández Oleaga llamaba a Txitxo (De Miguel) “padrino”: “Es habitual usar la palabra padrino de forma coloquial para referirse a una persona que ampara y protege a otra y que a veces emplea su poder para facilitarle la consecución de algo”.
Una foto muy expresiva
Que la sentencia ha caído como un rayo en la sede de Sabin Etxea del PNV en Bilbao, lo demuestra la rapidez con la que el lendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente, Andoni Ortuzar, han salido a pedir disculpas y salvar al partido.
El lendakari Íñigo Urkullu –que presidía el PNV cuando se destapó el caso en 2009- ha pedido “disculpas a la sociedad” por la sentencia del “caso De Miguel”, por acciones que considera “reprobables” para a continuación eximir de cualquier responsabilidad al PNV porque, según Urkullu, estas acciones son “actitudes particulares” sin vinculaciones “partidistas” y que la trayectoria del PNV es “intachable” y la gestión de este caso “ejemplar”, al haber apartado de sus cargos públicos y organismos a los implicados.
Mientras que el presidente actual, Andoni Ortuzar, proclama que “no es una sentencia contra el PNV…, la sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con el PNV. Al contrario, siempre tendrán al PNV enfrente”.
Sin embargo en sus comparecencias ninguno ha mencionado el nombre del principal condenado ni el apoyo explícito que desde que se destapó el escándalo ha venido haciendo en varias ocasiones el portavoz nacionalista en el parlamento vasco y presidente jetzale de Gipuzkoa, Joseba Eguibar.
En un debate en el parlamento vasco en septiembre del año pasado seguía defendiendo a sus compañeros porque “no se han enriquecido ilícitamente”, arropando a De Miguel en la rueda de prensa que dio después del debate. El mismo argumento esgrimía Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de Diputados, en declaraciones a Radio Euskadi, “son actuaciones individuales”.
Una foto, publicada por el diario.es bajo el titular, “Alfredo de Miguel, el influyente afiliado 3.472 del PNV que se sentaba detrás de Arzalluz e Ibarretxe”, y que reproducimos aquí, en la que aparece Alfredo de Miguel, en segunda fila, detrás de Xabier Arzalluz y Juan José Ibarretxe en 1998, expresa por sí sola la relación entre los ahora condenados y los dirigentes que cuanto menos toleraron o ampararon la trama de corrupción, en palabras del fiscal del caso: “las prácticas propias de la mafia siciliana”.
El gran padrino
No es casualidad que en todos los casos de corrupción en los que se han visto implicados PSOE, PP o Convergencia, y ahora el PNV, los argumentos para tratar de limpiarse el fango que les anega sean los mismos. Los hemos oído estos días también ante la sentencia de los ERE de Andalucía. Que la corrupción es un problema “individual de algunos corruptos”, que se les “apartó de sus cargos y del partido” o que “no hubo enriquecimiento personal”.
La realidad es otra, que la organización del partido en cada caso ha actuado como “el gran padrino” que permite una trama que solo es posible organizar desde el poder y que, en última instancia, beneficia no solo a individuos, sino al propio partido que la ampara, cuando no la impulsa directamente, como una forma de financiar cuadros o militantes afectos, a organizaciones del propio partido, sus campañas electorales o mecanismos de mantener un régimen clientelar.
Eso es también lo que “el caso De Miguel” pone de manifiesto en el caso del PNV, y nadie que se llame de izquierdas, progresista o esté por la regeneración democrática puede obviar, por mucho que ahora pueda ser un “compañero de viaje”.