El Gobierno de Zapatero ha hecho público estos días que está elaborando una serie de medidas de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para que las listas electorales promovidas por ETA y su entorno no puedan presentarse a las próximas elecciones o se les expulse posteriormente si fueran elegidos. Nos alegra porque sería un paso más contra ETA y sus complices. Nos alegra porque expresa lo mayoritario que es el rechazo social del terrorismo y sus secuaces. Pero igual que se promueven cambios legales para mañana, se debe aplicar la ley ahora.
Según arece, el Ministerio del Interior, el de Justicia y otros ministerios afectados trabajan para realizar modificaciones en la LOREG, para su envío al Consejo de Ministros, que impidan la presentación, y su posterior elección, de listas electorales promovidas por ETA y su entorno, como las existentes actualmente de ANV, que gobiernan cuarenta y tres ayuntamientos del País Vasco y Navarra desde hace tres años. Los cambios legales permitirían que las candidaturas fueran impugnadas hasta ocho días antes de las elecciones y anuladas la víspera. Que se pueda exigir a los que han sido elegidos una “declaración pública, notoria y fehaciente de rechazo al terrorismo”. Que se pueda privar de su condición a los cargos electos autonómicos y municipales cuyo partido (federación, coalición o agrupación electoral) haya sido ilegalizado o disuelto. Ante esta propuesta el parlamentario autonómico de UPyD, Gorka Maneiro ha defendido esta línea de cambio legal: “el único instrumento que tenemos los demócratas para luchar contra el terrorismo es la aplicación de la legalidad vigente, la defensa del Estado de Derecho, la colaboración internacional y unidad democrática”. Por ello, reiteró su “apoyo decidido” a todas estas reformas legales que impidan la presencia de ETA y su entorno, y que puedan ser expulsados si se cuelan. Rosa Díez, la líder y diputada nacional de UPyD, ha ido más allá y ha exigido que no deje para mañana lo que se puede hacer hoy. Ha declarado que está encantada con las propuestas del Gobierno, pero le pide más. Le pide que: “actúe inmediatamente con la Ley en la mano y disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV”. Que no hay porqué mantener todo un año más a los terroristas en las instituciones. Les pide que: “apliquen ustedes el 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, ese artículo que se modificó cuando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo estaba en vigor”. El fuerte rechazo social a ETA y su entorno exige cambios legales para que no puedan ni presentarse ni ser elegidos en el futuro. Pero también exige que sean expulsados ahora, ya, de donde gobiernan ayuntamientos aplicando la ley vigente.