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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una ONG española fundada en 1979. Sus principales objetivos se basan en defender los derechos de las personas refugiadas, apátridas o migrantes que necesitan protección internacional o se encuentran en riesgo de exclusión social. A lo largo de más de cuatro décadas, ha trabajado en la defensa y promoción del derecho de asilo en España con el objetivo de avanzar en su reconocimiento y de garantizar el acceso a la protección internacional. Entrevistamos a Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de CEAR Canarias.
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Recientemente se ha aprobado una nueva política migratoria común dentro de la Unión Europea que ha sido calificada como de “éxito rotundo” por la presidenta del parlamento europeo Roberta Metsola. Desde CEAR habéis sido muy críticos, denunciando que el acuerdo “socava aún más el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE”. ¿Cómo valoráis el acuerdo?
Desde CEAR consideramos que se ha fracasado en la oportunidad que suponía el hecho de poder armonizar la política de inmigración y asilo del contexto europeo de estándares máximos de protección. Esto no va a traer consigo un reparto equitativo de la responsabilidades en los diferentes estados, aliviando la presión que sufren sobre todo los estados de la frontera sur de la Unión Europea.
Para nosotros hay muchos más obstáculos para hacer procedimientos de integración. Por otro lado, hay personas que tendrán menos garantías y derechos por el hecho de proceder de un país o por estar indocumentadas y se les aplicarán procedimientos fronterizos acelerados. Estas normas no aliviarán la presión migratoria, ya que esa solidaridad a la carta en el que se fijan objetivos para reubicar a 30.000 personas se puede intercambiar perfectamente por una cuota de 20.000 euros por cada persona que no se quiera reubicar. Por tanto, estamos hablando de que los estados van a pagar por no reubicar a las personas, y la presión seguirá estando en los países del sur. Desde CEAR lo que estamos es por vías legales y seguras, cuestión que apenas es mencionada en dicho acuerdo. Para nosotros este acuerdo que se tacha de “histórico” nos deja huérfanos de un pacto con derechos.
Una cuestión que CEAR habéis denunciado prácticamente desde que se conoció el escrito de la ley es que se rige por unos criterios discriminatorios y un procedimiento acelerado. ¿Qué peligros tendría para una parte de los refugiados?
Para empezar, algunas personas tendrían menos garantías y derechos por el mero hecho de ser de un país de origen o estar indocumentada, aplicándose criterios discriminatorios y ejecutando procedimientos fronterizos acelerados. Para nosotros esto es contrario a la prohibición de discriminación por nacionalidad y a la obligación de una evaluación individualizada a la solicitud de asilo que prevén los tratados internacionales y ratificados por España.
Supone una amenaza real al principio de no devolución, el hecho que centremos el marco de asilo a aquellas nacionalidades que tengan una alta tasa de protección en el contexto europeo. Provocando que discriminemos a las personas que quieran solicitar asilo y que no se encuentren entre esos países; y por tanto establecer con ellos unos procedimientos acelerados, de alguna forma, podría generar una falta de garantía jurídica.
Cerramos el año con dos datos: el primero es un descenso de las entradas terrestres -Ceuta y Melilla- provocado por la dificultad para atravesar el perímetro fronterizo hispano-marroquí. El segundo, un incremento de la ruta canaria a niveles superiores a la llamada «crisis de los cayucos» de 2005, que es la ruta más mortal de la migración. ¿Creéis que esta nueva política ayudará en algo en este problema?
No sabemos aún el impacto, tendremos que estar atentos al efecto que puede tener el acuerdo en la ruta canaria. Es decir, este tipo de medidas está claro que no favorece o mantiene la constante de la grandes problemas que tenemos en el proceso de asilo y a una acogida con garantías. No tenemos todavía ni idea de cómo será el pacto, lo que sí podemos prever es que las nuevas normas europeas no aliviarán la presión migratoria, y menos si son territorios archipielágicos como el caso de Canarias. El pacto debería mejorar la garantía por un lado y por otro buscar un reparto equitativo de los estados miembros. Este pacto no responde a los intereses de la protección de las personas.
Esta normativa también está recibiendo críticas, pero por el otro lado. Ya no hablamos de Hungría y Polonia, sino que también Italia y Albania están hablando de hacer un pacto migratorio aún más duro, al margen del acuerdo europeo, ¿qué consecuencias creéis que podría tener este pacto?
Los pactos escritos entre Albania e Italia resultan totalmente peligrosos, suponen un precedente arriesgado en el momento en que conciertas con un tercer país. En el mismo contexto europeo, se establece unos “centros de acogida” de alrededor de 3000 plazas rotativas para unas 36.000 personas. No estamos externalizando la acogida, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso de asilo y eso resulta muy peligroso, porque supone una vulneración de los derechos fundamentales. Supone una forma de mercantilizar derechos, sobre todo con países sospechosos de vulnerar los derechos humanos. No se debe de permitir la mercantilización del derecho de asilo. Por fortuna, este tipo de pactos esta provocando muchas denuncias y protestas a nivel social en los distintos países de Europa.
Aunque ya no forme parte de la UE, el gobierno británico de Rishi Sunak también se ha pronunciado con su propuesta en la política migratoria. Ha alcanzado un acuerdo para deportar a todos los inmigrantes a Ruanda (con indiferencia de su país de origen). ¿Cómo valoráis las políticas que lleva Reino Unido estos últimos años?
La deriva del gobierno conservador de Rishi Sunak socava el derecho de asilo pero también el derecho de las personas migrantes. A pesar de los reveses del Tribunal Supremo de Reino Unido, que ha tumbado esta propuesta, siguen empeñados en llevarlo adelante maquillando la propuesta de ley vendiendo a Ruanda como un país de deportación seguro. Ya no solo eso, sino que la deriva en asuntos migratorios también está afectando a la migración regular (estudiantes y trabajadores cualificados), porque se les pone más palos en las ruedas para acceder a Reino Unido para desempeñar su labor académica o profesional.
¿Qué cuestiones exigís que debería tener el pacto migratorio europeo?
Desde CEAR estamos por un pacto de migración y asilo donde se ponga especial hincapié en la frontera sur y en Canarias. Hay muchas propuestas que se podrías estudiar y aplicar:
- Sistema de solidaridad permanente y obligatorio: desembarco seguro y reubicación.
- Supresión del criterio de primer país de entrada.
- No derogar la Directiva de Protección Temporal y sustituirla por el Reglamento de crisis.
- Programa ambicioso de reasentamiento.
- Poner fin a la externalización de fronteras y a la condicionalidad de la AOD.
- Suprimir el procedimiento de control previo a la entrada (pre-entry screening) y a la ficción jurídica de “no entrada”.
No podemos aceptar un pacto que desproteja aún más a las personas. Defendemos un nuevo Pacto con un enfoque de derechos humanos.