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Los días 26 y 27 hemos sido testigos de una jornada de lucha por la educación en Madrid completamente histórica. Con una participación casi absoluta del conjunto de estudiantes, docentes y PAS, y una manifestación de 80.000 personas deja claro que la educación está en pie de guerra tras años de degradación e infrafinanciación.
Hablamos Marta Gómez, presidenta de la Asociación Dynamis y miembro del consejo de estudiantes.
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Campus vacíos y seguimiento masivo. Y unidad de estudiantes, docentes y PAS ¿Cómo valoras la huelga de las seis universidades públicas madrileñas?
Nosotros la consideramos histórica, hacía años, por no decir décadas, que la universidad no se movilizaba de esta forma. Sí es verdad que depende de la universidad a la que nos refiramos. Ha habido un seguimiento mayor o menor. También dependiendo de si, por ejemplo, en las propias universidades tenían regulado o no tenían regulado el paro académico, que es el derecho a huelga que tiene el estudiantado.
Por decirlo de alguna forma, y que, por ejemplo, en la Complutense sí se dio y, por tanto, los estudiantes teníamos derecho a faltar a clase y a que nos contase la evaluación continua. Pero en otras universidades, como puede ser la Politécnica de Madrid, no. Entonces, eso también ha sido muy significativo en cuanto a quién secundaba la huelga o no. Pero la realidad es que se vaciaron las aulas, tanto por parte del profesorado, como por parte del estudiantado, como por parte del personal trabajador de las universidades. Lo consideramos muy positiva y creemos que es solo un paso más para seguir luchando contra la infrafinanciación y contra la asfixia de las universidades públicas.
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Muchos estudiantes denuncian que la nueva normativa abre la puerta a un modelo universitario cada vez más orientado al mercado. ¿Cómo definiría el núcleo del problema que ustedes consideran una privatización encubierta de la universidad madrileña?
El núcleo del problema es la asfixia a las universidades públicas. Ahora mismo, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte por estudiante universitario de todas las comunidades autónomas de España, a pesar de ser la comunidad más rica. Es obvio que es una estrategia política e ideológica de asfixiar a las universidades públicas para después decir que el estudiantado, elija libremente irse a la privada, cuando es mentira, cuando tú no tienes otra opción. Es cierto, lo que quieren hacer ahora mismo es infrafinanciarla, dejar que en las propias universidades puedan, por ejemplo, lo que pone en el último borrador de la ley de universidades, que se puedan constituir fondos de inversión en las propias universidades y, sobre todo, la apertura a una mayor financiación privada, en detrimento siempre de lo público.
Se está abriendo un modelo de universidad casi semiprivatizada que está pendiente, sobre todo, o tiene un modelo mercantilista o como queramos llamarlo. Y que solo sigue lógicas del mercado, podemos tener grados de Economía, en Derecho, en Medicina, pero los grados en Filosofía, los grados en Antropología, los grados en Lenguas, pues, a lo mejor, desaparecen en ciertas universidades si seguimos con este modelo. Esto es lo que está en juego en la Comunidad de Madrid porque es el modelo que ellos quieren.
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En un contexto en el que las familias trabajadoras ya soportan un coste creciente para acceder a la educación superior, la preocupación es evidente. ¿Qué impacto concreto prevén en tasas, becas y acceso social si la financiación pública sigue retrocediendo?
En un principio sí es verdad que, según la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), las tasas, los precios públicos, no se pueden subir, solo pueden mantenerse o reducirse. Obviamente hablamos del futuro más cercano porque en un futuro lejano sí podría haber una subida de tasas y es la única forma de financiar a la universidad. Pero en un principio no podrían subirse esas tasas. Pero hay muchas otras problemáticas que afectan.
Por ejemplo, las becas. La Comunidad de Madrid no tiene becas socioeconómicas hacia el estudiantado, ni las va a tener, solo las tiene por mérito, lo que ellos consideren mérito. Y las universidades públicas, muchas de ellas, si tienen programas o becas según tu situación socioeconómica, de partida, pero que pueden eliminarse porque, al final, hay que cubrir una partida de gastos que es la del capítulo 1, que son las nóminas. Si la Universidad Complutense ni siquiera puede cubrir el capítulo 1, es muy complicado que, a lo mejor, en un futuro puedan cubrir otra serie de gastos como pueden ser esas becas o esos programas a estudiantes vulnerables.
Esto puede afectar después en la calidad académica. Si tenemos un profesorado cada vez más precarizado, es normal que la calidad baje o que, por ejemplo, para ciencias, las salidas de prácticas como ya está pasando, disminuyan y, entonces, la calidad formativa en general baje en detrimento de, por ejemplo, lo que puedan recibir de educación en las universidades privadas. Partimos de que en la Comunidad de Madrid tenemos seis universidades públicas desde hace un montón de años, mientras tenemos 14 privadas que siguen aumentando, pero las plazas en las públicas no se aumentan, va a haber un momento que ya ocurre que muchos estudiantes se quedan fuera y no les queda otra opción más que ir a la privada y, además, endeudarse porque están empezando a aparecer ejemplos de microcréditos para pagarse la universidad porque no pueden si no es de otra forma. Es obvio que este denominado ascensor social del que se habla se rompe en el momento en el que muchos estudiantes de familias vulnerables no pueden acceder a la universidad pública.
La universidad pública está siendo asfixiada para empujar al estudiantado hacia la privada
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Las movilizaciones han sido amplio, diverso y sostenido a pesar del frío y de la presión. ¿Cómo valoran la participación y el clima de estas jornadas de protesta? ¿Han cumplido las expectativas del movimiento?
Yo creo que sí. Considero que ha cumplido las expectativas. Lo que, como te decía, ha sido histórico. Que, sobre todo, el estudiantado hacía mucho que no se movilizaba así. Que esto no viene de hoy, sino que es un movimiento que se ha construido desde hace más de un año, cuando se empezaron a crear las plataformas por la pública en la mayoría de las universidades. Se empezó la autónoma, en la complutense. Se montó y se empezaron a hacer asambleas. Con el frío seguíamos ahí. Y se ha convertido en un movimiento muy amplio y, además, muy transversal en el que se puede decir que no solo están los mismos de siempre, que está muy bien, sino que hay muchas personas que antes no estaban interesadas en todos estos temas o que no se movilizaban y que esto les ha pegado directamente y se han metido. Y han empezado a ir a asambleas, han empezado a ir a piquetes como los últimos días por la mañana por la huelga, a la uni en la calle…
Entonces, creo que está siendo muy importante y que además está volviendo a demostrar que hay una universidad que de verdad está movilizada y que de verdad es crítica con lo que está sucediendo.
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Ha circulado la denuncia de que la nueva ley podría usarse para limitar o incluso sancionar formas de protesta universitaria. ¿Están preocupados por una posible deriva represiva? ¿Tienen ejemplos recientes que lo evidencien?
Lo están intentando, cada uno que sale un borrador de ley es un poco menos peor que el anterior, pero siguen siendo horribles. Primero, cuando salió el primer borrador, hablábamos de sanciones de hasta un millón de euros a las universidades o a las personas de forma individual. Y ponía tonterías tan grandes como que iban a multar a la universidad por permitir un referéndum ilegal. Eso ya no aparece. Pero siguen apareciendo cosas tan bárbaras como que por pegar un cártel tengas una sanción leve y a lo mejor te pongan poner una sanción de 15.000 euros. O por hacer una concentración legítima dentro de tu facultad, te podrían multar, según sigue la ley, que esto, por ejemplo, la Complutense, si nosotros cada vez pusiésemos un cártel o hiciésemos una concentración, nos multarán. Es un ataque directo contra la libertad de expresión dentro de la universidad y es obvio porque lo quieren hacer.
Podemos hablar de cuando se hizo la movilización contra Ayuso, cuando vino a recoger el alumna ilustre, que no dejaron entrar a mucha parte del estudiantado que estudiaba en la propia facultad de Ciencias de la Información. Ya sabían a lo que iban. Es el modelo que quieren, como les molesta. Que si ellos van a la universidad obviamente no les vamos a recibir con los brazos abiertos por las imputaciones para que no lo hagamos. Pero es un ataque directo contra el derecho a la manifestación.
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Entre los colectivos estudiantiles hay un mensaje casi unánime: “la universidad es un derecho, no un negocio”. ¿Qué modelo de financiación consideran viable para garantizar una universidad verdaderamente pública y no dependiente de intereses empresariales?
Para nosotros tiene que ser un modelo de financiación 100 % público. La dependencia de la universidad al presupuesto autonómico es de un 60 %, más o menos. Pero es que no tiene que ser de un 60 %. Tiene que ser casi, de un 100 %. El único modelo posible para que la universidad no esté sujeta a otros tipos de intereses es que su financiación basal, es decir, que toda su financiación estructural sea puesta por la Comunidad de Madrid.
Y eso no puede ser de otra forma que no sea aumentando, por lo menos, que es lo que dice la LOSU, al 1 % del PIB. Ahora mismo la Comunidad de Madrid está en el 0,43 %. La realidad es que la única forma de mantener que la universidad sea un servicio público y no tenga que basarse en otras cosas ni siquiera tuvieran que los estudiantes por lo menos, menos pudientes, pagar la matrícula es que el 100 % de los gastos de los presupuestos de las universidades fueran cubiertos por la Comunidad de Madrid.
Esto no viene de hoy, sino que es un movimiento que se ha construido desde hace más de un año.
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La huelga de 26 y 27 de noviembre ha sido uno de los puntos centrales de esta campaña. ¿Qué objetivos concretos esperan lograr tras estas jornadas de paro y protesta, y qué pasos están dispuestos a dar si no hay respuesta institucional?
El problema con la Comunidad de Madrid es que poco puedes conseguir de ellos. Pero, obviamente, había un objetivo principal que es un aumento de la financiación, sobre todo en los próximos presupuestos que comienzan a debatirse el próximo 4 de diciembre. Hay una enmienda a la totalidad a los presupuestos que es lo que también se va a apoyar el próximo 4, que hay una movilización, una concentración convocada como el año pasado en la Asamblea de Madrid para exigir que se reajusten los presupuestos y vuelvan a realizarse con una partida mayor a las universidades públicas.
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¿Cuáles son los próximos objetivos?
Pues no lo sabemos hasta que no veamos la reacción institucional, pero probablemente sigan siendo la movilización y la huelga. De hecho, las plataformas ya están empezando a ponerse a hablar de huelga indefinida y, obviamente, se tendrán que tomar las máximas medidas posibles para que esto no siga sucediendo y será a través, obviamente, de la manifestación y de la movilización.
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Cada vez más movimientos sociales intentan vincular su lucha a otras batallas por los servicios públicos. ¿Conciben esta defensa de la universidad pública como parte de una movilización más amplia por la sanidad, la vivienda o el transporte? ¿Cómo se están coordinando con esos sectores?
Sí y no. Hay una parte que es muy importante y que es obvio, que, al final, estas protestas por la universidad pública al final es simplemente un modelo, que es el modelo de los servicios públicos y de mantenerlos y de financiarlos para todos entendiendo la vivienda también aquí dentro.
Pero sí es verdad que hay una parte que ahora mismo necesitamos mantener, que es mantener el foco en lo que está ocurriendo con la universidad pública porque no podemos diluir el mensaje. Aunque sea fundamental y al final tendrá que acabar habiendo una coordinación entre todos los movimientos. Apoyándonos entre todos y quién sabe si una manifestación gigante que ya se ha empezado a pensar o que se escucha en los círculos se oye una manifestación grande en Madrid de todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, en el que se reúnan todos y no haya distintos bloques. Pero sí es verdad que ahora necesitamos también mantener un discurso autónomo para que se nos tenga en cuenta y para que no se diluyan otras cuestiones y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y Ayuso no pueda olvidar que esa pata está ahí y que necesitamos que se nos escuche en este preciso momento a nosotros y a toda la comunidad universitaria.