Cargando...La puesta al desnudo -por el diario digital «El Confidencial»- de las verdaderas razones y conflictos de fondo que llevaron al Banco de España, el domingo pasado, a intervenir de urgencia la Caja de Castilla La Mancha, deja encima de la mesa un problema, lateral o añadido, si se quiere, aunque, desde mi punto de vista, trascendental. Si es cierto -y así lo parece- que fueron Chaves y la Junta de Andalucía los que, contra el parecer del Banco de España y del propio Gobierno (que llevaban semanas planificando la fusión de la Caja manchega con la malagueña Unicaja), liquidaron por su conveniencia esta operación, la pregunta que queda en el aire es: ¿el gobierno y el Estado ya no tienen poder para imponer una decisión de esta trascendencia a una de las Autonomías? ¿Estamos ante un Estado, en cierta forma, «fallido»?
No se trata de una regunta retórica. Ni tampoco de entrar a dilucidar sobre los motivos y razones de unos y de otros en este "choque de trenes". Es decir, no se trata de dilucidar si el gobierno trataba de imponer la solución de la fusión ante todo para que no se produjese la quiebra pública de un banco dirigido desde su creación por militantes socialistas o de si el Banco de España se jugaba su prestigio internacional, por ser casi el único de Europa que no se había visto en la obligación, hasta ahora, de salir en rescate de alguna entidad financiera. Ni tampoco de dilucidar si la adquisición de la CCM era más que nada un "marrón" para Unicaja, que sólo estaba dispuesto a comérselo si el Banco de España ponía encima de la mesa dinero suficiente como para convertirlo en una golosina. La cuestión aquí es otra.La cuestión es, ¿si el gobierno y el Estado (en este caso, el Banco de España) han adoptado una posición, un plan, una solución, pueden Chaves y la Junta de Andalucía tumbarlos por sus propios intereses? La respuesta, como se ha visto, es sí.El caso es que esto que acaba de ocurrir con la CCM y la Junta no es ninguna excepción. Es ya casi una regla. Sobre todo, con ciertos poderes autonómicos, y en especial con Cataluña. Y los ejemplos se agolpan. Una reciente sentencia del Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer a los alumnos de primaria la enseñanza en lengua española; pues bien, aunque es la máxima autoridad judicial, el Estado es "incapaz" de hacer que esa resolución se respete. Es más, la Generalitat responde a ella, elaborando una nueva ley de educación que no sólo ignora el contenido de dicha resolución, sino que margina aún más al español del sistema educativo.No es el único ni el caso más destacado, por otra parte. La financiación autonómica, que hace ya más de seis meses que debía estar aprobada, se retrasa una y otra vez a consecuencia del reto impuesto por la Generalitat y sus demandas de limitar la solidaridad interterritorial y ofrecer más dinero a Cataluña. Una y otra vez, la Generalitat tumba las propuestas del gobierno, que se ve incapaz de imponer un sistema válido y justo para todos.Pero el "caso" más grave es el que afecta a la "non nata" sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que acumula ya años de retraso, por la misma razón. Aunque el TC (y su doctrina ya consolidada) saben que no pueden sino rechazar, por inconstitucionalidad, cuestiones como la "bilateralidad" o aspectos significativos del capítulo financiero, la decisión se retrasa una y otra vez, de nuevo, por la "incapacidad" del tribunal y las fuerza que hay en su seno de enfrentarse a la Generalitat y al "poder catalán".Asi, caso tras caso, conflicto tras conflicto, crisis tras crisis, el Estado se está viendo abocado a la mayor de las incapacidades, a la ineficiencia total y a una impotencia completa. De hecho, el país funciona casi como una "confederación", pero, además, sin reglas confederales: cada uno, cuando puede, impone su ley y santas pascuas.La ley y el interés común desaparecen. La solidaridad deja de ser un valor. En un cierto sentido, no literal, ¿no estamos de alguna manera ante un Estado "fallido"?