Perú, Juicio a Fujimori

Esperando la sentencia para el genocida

Una masacre de campesinos, de ciudadanos pací­ficos, de estudiantes sacados de sus viviendas o de presos rendidos en los patios de los penales, no son «costos sociales» sino ejecuciones extrajudiciales o asesinatos.

Alberto Fujimori, mediante su autodefensa con la ayuda del gobierno de Alan Garcí­a transmitiendo sus discursos or la televisión del Estado, ha pretendido embrollar a los ciudadanos peruanos.No cabe la menor duda, Fujimori y sus huestes, con la ayuda de Alan Garcí­a pretenden aventar contra el tribunal de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, una protesta callejera, manipulada por los delincuentes polí­ticos fujimoristas, enriquecida a través del aplauso fácil al ex dictador japonés. La intención de adelantarse a los hechos comprobados de los crí­menes cometidos, a fin de descalificar la sentencia jurí­dicamente sustentada no puede ser más evidente.La sentencia en el juicio por los casos de la matanza de los Barrios Altos y el asesinato de los estudiantes y un profesor de La Cantuta, asimismo por el secuestro de un periodista y un empresario, tiene que ajustarse a la ley y a los procedimientos judiciales habidos. De manera alguna pueden tenerse en cuenta las peroratas del acusado o el apoyo del gobierno aprista de Alan Garcí­a, quien para ganarse los votos de los congresistas fujimoristas en el parlamento y salvarse él mismo de acusaciones similares, auspicia la algarada polí­tica incitando a la manipulación.La alianza entre Alan Garcí­a y Alberto Fujimori, unidos en el crisol de los actos inmorales, la corrupción y los crí­menes de lesa humanidad, funciona desde hace más de quince años; en la actualidad el presidente aprista es salvado a cada momento de las acusaciones de corrupción de su gobierno, precisamente por los fujimoristas y los tránsfugas de todos los pelajes. La autodefensa final del acusado Alberto Fujimori no puede cambiar un veredicto condenatorio ni siquiera influir en él, toda vez que el discurso polí­tico de un individuo que justifica no sólo sus crí­menes de lesa humanidad sino el arrasamiento de la constitución y la ley, es inadmisible.El ex dictador describió una situación apocalí­ptica donde él era el salvador llamado a cambiar el infierno en un paraí­so, habló de la imposibilidad de cristianizar la guerra y a la vez negó la existencia de un conflicto interno; no contento con sus exabruptos justificó el golpe de Estado como una necesidad impostergable a fin de combatir la subversión; y luego de dirigir la guerra sucia, como comandante en jefe, deslindo su responsabilidad y le echó la culpa de los crí­menes cometidos a la Fuerza Armada; también dijo que no habí­a guerra sin costo social.Una masacre de campesinos, de ciudadanos pací­ficos, de estudiantes sacados de sus viviendas o de presos rendidos en los patios de los penales, no son «costos sociales» sino ejecuciones extrajudiciales o asesinatos. El proceso penal a Fujimori se ha dado en medio de los cuestionamientos al gobierno de Garcí­a por su alianza con el fujimorismo y las crí­ticas por los privilegios que Fujimori recibe como único prisionero del cuartel policial donde está recluido.Keiko Fujimori, hija del ex dictador y actual congresista, ha amenazado con protestas callejeras si su padre es condenado, y la policí­a teme actos de violencia, por lo que se ha declarado en estado de alerta. Los fujimoristas se movilizarán hoy hasta las cercaní­as del cuartel policial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, donde está encarcelado Fujimori y se ha instalado el tribunal que lo juzga, para esperar la sentencia.Por su parte, los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales han convocado una concentración en la Plaza Italia, en el centro de Lima, para seguir la lectura de la sentencia, que se transmitirá en directo por televisión. Numerosos observadores internacionales han llegado a Lima para asistir a la culminación de un juicio considerado histórico en la defensa de los derechos humanos. «Este juicio, que ha sido ejemplar, es un hito en la lucha contra la impunidad», señaló Alirio Uribe, observador de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).Durante el juicio, el abogado Nakasaki presentó a Fujimori, quien durante su gobierno concentró todo el poder en sus manos, como un presidente sin capacidad de dar órdenes a los militares y ajeno a las operaciones castrenses contra la subversión armada. Sin embargo, en su alegato final, Fujimori se presentó a sí­ mismo como el conductor principal de la guerra interna, entrando en contradicción con su propia defensa.En su alegato final, Fujimori insistió en que tení­a un amplio respaldo popular y que independientemente de la sentencia que reciba hoy, el pueblo lo absolverí­a. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Una encuesta realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica (IOP), divulgada el domingo último, revela que un 64 por ciento opina que Fujimori es culpable, mientras sólo un 25 por ciento se pronunció por su inocencia. «Fujimori ya ha sido condenado por la opinión pública», asegura Fernando Tuesta, director del IOP.

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