El desgarrador relato del escritor Santiago Posteguillo, vecino de Paiporta, el municipio más afectado por la Dana, se ha hecho viral porque expresa una indignación compartida por muchos y cargada de razones:
“Nos acostamos sin luz ni agua pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el Ejército. Pero al amanecer no había nadie. (…)
Pero al segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie (…) ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España, siglo XXI? (…)
Al tercer amanecer, en el que no había nadie. Nadie institucional, porque empezaron a llegar voluntarios (…) no se está llevando la ayuda institucional que hace falta (…)
¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones tan miserable?, ¿cómo se puede ser tan miserable?”.
No hablamos de la exigencia de responsabilidades por las actuaciones -desde negligentes a criminales- de algunos gobiernos y altos mandatarios. Ni mucho menos del indigno espectáculo de arrojarse culpas para buscar rédito político cuando muchos compatriotas siguen sumidos en la tragedia y necesitan urgentemente ayuda. Pero sí de la respuesta de conjunto del Estado, que en un momento extremo ha estado y sigue estando muy lejos de las capacidades de una potencia como España, la cuarta economía de la zona euro.
No estamos ante un “Estado fallido”, esa mercancía tóxica difundida por la ultraderecha para pescar de forma vomitiva en una descomunal tragedia. Pero sí ante un Estado que, en el momento donde es más necesario, no moviliza todos los enormes recursos de que dispone, dejando atrás, en muchos casos desamparados, a quien precisa ayuda urgente.
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Un mes después…
Habrá que actuar, en su momento, contra los responsables de que no se avisara con el tiempo necesario a la población de la tragedia. Pero ahora lo urgente, lo imprescindible, es movilizar todos los recursos y voluntades para ayudar a las víctimas.
Y ya no estamos en las primeras horas tras una tragedia de una magnitud desaforada. Han transcurrido varias semanas. Tiempo suficiente para que un país rico como España (el 14º PIB mundial por volumen, la cuarta economía de la UE) diera una contundente respuesta, a la altura de las graves circunstancias.
Sin embargo, hoy todavía contemplamos cómo localidades enteras y cientos de miles de compatriotas (en la Horta sud, la zona más afectada, se cuentan medio millón de habitantes) carecen de muchas de las necesidades básicas que una potencia como España, en pleno siglo XXI, debía garantizar.
Y frente a la impresionante marea de solidaridad ciudadana, con los miles de voluntarios como punto de lanza, nos encontramos a un Estado que -al margen de la cuestión burocrática de quien tenga las competencias- ha dado una respuesta insuficiente, en algunos casos cicatera o incluso inexistente.
En algunas localidades hay gente que sale a la calle a lo que denominan “pescar”: intentar comprar algo de comida o productos básicos. Es una tarea ímproba, porque apenas existen establecimientos abiertos donde hacerlo.
Existen enormes almacenes públicos donde se acumula comida. Pero no se trasladan con celeridad a las localidades afectadas. Organizaciones ciudadanas sí lo hacen, pero el Estado, que dispone de muchos más recursos, manifiesta una indignante inoperancia.
El barro, el fango, sigue siendo un elemento cotidiano. Especialmente en zonas más apartadas o calles secundarias. Existen todavía centenares de garajes enfangados, que los vecinos no pueden limpiar por sus propios medios. Y la red de alcantarillado sigue colapsada en algunas localidades.
El concejal de urbanismo de Catarroja, Martí Raga, ha lanzado un grito de ayuda: “hay gente que sigue dependiendo de la ayuda vecinal hasta para poner una lavadora, porque no se ha atendido reparación de la luz mínima en las viviendas”.
Miles de familias se han quedado sin casa. La Dana ha dejado 2.147 viviendas inhabitables. Ha funcionado la red de solidaridad ciudadana, y familiares o amigos han alojado a muchas familias desamparadas. No podemos decir lo mismo de la respuesta del Estado. Solo existen 365 viviendas sociales disponibles. La Generalitat solo ha entregado nueve viviendas a familias afectadas. Y la Sareb -que se quedó con las viviendas que la banca no podía vender- dispone de 1.000 pisos en Valencia, pero solo ha puesto a disposición de los afectados por la Dana 150.
En un sector tan sensible como es la educación la situación es catastrófica. Hasta 16.000 niños y adolescentes siguen sin escolarizar. En muchos centros educativos han sido los profesores y padres los que han debido hacerse cargo de la limpieza, con ayuda de voluntarios. Y desgraciadamente hemos sufrido la muerte de un trabajador por el derrumbe en un instituto de Massanassa mientras realizaba labores de limpieza.
Se han vuelto a poner en funcionamiento vías de transporte en tiempo récord, como el AVE. Pero otras, las que utiliza diariamente la población trabajadora, siguen devastadas. En muchas localidades no hay rastro de que alguna vez allí llegó el metro. Y se anuncia que no se restablecerá la normalidad en el transporte público hasta dentro de varios meses.
Desde el gobierno central se ha habilitado ya una línea de ayudas con más de 13.000 millones de euros. Pero son claramente insuficientes, y no están llegando a las víctimas con la celeridad que su situación límite exige.
Para los autónomos la ayuda es de 5.000 euros, y para las pymes de 10.000. Cantidades muy bajas para quien lo ha perdido todo. Y las dificultades burocráticas está provocando que esas ayudas públicas lleguen antes a grandes empresas, o multinacionales como Ford, que a pymes o autónomos.
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Una indignación más que justificada
Hemos visto a entidades oficiales como la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, cumplir eficazmente su papel, lanzando las alertas. A la Unidad Militar de Emergencias actuando desde el primer momento. A miles de efectivos del ejército, y de otros cuerpos oficiales, desde bomberos a protección civil, acudir a los lugares afectados.
Claro que ha habido una respuesta del Estado. Pero se actuó tarde y de forma claramente insuficiente. Todavía hoy con escandalosas lagunas.
Hay que prevenirse del bulo lanzado por la ultraderecha sobre un “Estado fallido”. Una intoxicación que busca sembrar antipolítica, difundiendo división social para obtener los más vergonzosos réditos políticos.
Pero la indignación social ante la insuficiente respuesta del Estado a los efectos de la Dana es real y está más que justificada.
Cuando están en juego intereses vitales de la población, golpeada por una brutal tragedia, el Estado se convierte en una maquinaria lenta, ineficaz y rácana. Actuando muy por debajo de las posibilidades y recursos de una potencia como España.
Si el Estado español, en su conjunto, al margen de las competencias del gobierno central y las autonomías, hubiera actuado solo con la mitad de energía, solidaridad, rapidez y eficacia que lo han hecho los ciudadanos y organizaciones sociales y populares, estaríamos ante una situación diferente.
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No lo pedimos, lo exigimos. No para el futuro, para Ya
Esta situación debe cambiar radicalmente y de forma inmediata. El Estado debe movilizar todos los enormes recursos de los que dispone.
Primero, para multiplicar las ayudas. Garantizando que llegan YA a quien lo necesita de forma urgente. Desde familias a pymes y autónomos. Hacer esperar aunque sean pocos días o semanas, es en este caso criminal.
Segundo, para impulsar un plan de choque en el que participen todas las administraciones, para garantizar en las zonas afectadas los bienes y servicios más básicos: puestos donde comprar comida y productos básicos, retirada total del lodo, reparación de alcantarillado y garantía de luz y agua a todos, vivienda para quien la ha perdido, apertura con garantías de escuelas e institutos, reparación de las vías de transporte más utilizadas por la población…
Una movilización total y conjunta de todas las instituciones para recuperar de verdad la normalidad, con la potencia que corresponde a un país como España, que se encuentra entre los más desarrollados del mundo. Que llegue hasta el último rincón y se mantenga hasta que los afectados no hayan recuperado sus vidas.
Tercero, un ambicioso plan de reconstrucción, que necesariamente deberá mantenerse durante varios años, sin ahorrar recursos ni esfuerzo.
Esto es lo que, en Valencia y en el conjunto de España, exige la inmensa mayoría de la población, al margen de la posición política que mantengan.