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El eje del problema son 176.000 millones de euros en activos inmobiliarios tóxicos que pesan en los libros de los bancos. Las instituciones financieras no han podido o querido deshacerse de dichas posiciones, que incluyen casas embargadas y terrenos sin desarrollar, ya que hacerlo significa que deben contabilizar pérdidas significativas.
Aunque muchos analistas son escépticos sobre la capacidad de todos los bancos españoles de cumplir con los nuevos niveles de provisiones, incluso si las instituciones más sólidas absorben a las más débiles, de Guindos repitió en varias oportunidades que el plan no tenía «incidencia en las cuentas públicas».