«España ha decidido cambiar su legislación sobre jurisdicción universal» (Tizpi Livni)

Tizi Livni, ministra de exteriores israelí, que aseguró haber hablado con Moratinos siguió afirmando: “… y esto puede prevenir el abuso del sistema legal español. Sistemas legales en el mundo entero han sido explotados por cínicos cuyo objetivo exclusivo es de hacer daño Israel” Livni habla de cinismo, pero su “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables” –como lo describe el diccionario- no tiene parangón. Como informamos ayer, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella impuesta por el Centro palestino para los derechos Humanos, contra siete jefes militares israelíes por un ataque a Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un militante de Hamás y 14 civiles, la mayoría niños. Esta es una práctica habitual del ejército israelí que bajo el epígrafe de “asesinatos selectivos” pretende ocultar lo que no es más que un genocidio sistemático sobre el pueblo palestino. Decenas de civiles son asesinados en cada una de estas negras operaciones. ¿Puede haber cinismo mayor que el del Estado israelí? ¿No está este juicio más justificado que el de Pinochet? El auto de la Audiencia Nacional no deja muchas dudas sobre que los siete altos cargos del ejército israelí, entre los que se encuentra el ex ministro de defensa, podrían ser autores de un “delito contra la humanidad” ya que el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que: “lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil constituye un crimen de guerra”. El juicio contra Pinochet abrió el camino para acabar con la impunidad. Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio, terrorismo u otros crímenes contra las personas cometidos en conflictos armados fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles implicados o no, criterio que se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, que sentaron jurisprudencia. Aunque el gobierno español ha desmentido que vaya a limitar la jurisdicción universal, Moratinos llamó a su homóloga israelí para asegurarle que “el gobierno español tratará que la investigación de la Audiencia Nacional tenga el menor impacto”. La doble moral del gobierno de Zapatero queda en evidencia. Pero lo más preocupante es que en el desmentido, el gobierno ha matizado que “estudia hacer ajustes procesales” en dicho principio. Pero ajustes ¿por qué? ¿Acaso no está más que probado que Israel, con el apoyo de EEUU está practicando un genocidio sistemático sobre el pueblo palestino?