Sánchez presenta en el Congreso su plan de regeneración democrática y el PP lo convierte en una nueva ofensiva contra el gobierno

Un plan “insuficiente”

El plan de regeneración democrática presentadas por Pedro Sánchez en el Congreso ha defraudado las expectativas. Para los socios de investidura las líneas maestras expuestas por el presidente del gobierno son “insuficientes”, Gabriel Rufián de ERC llegó a hablar de “tomadura de pelo”, aunque se mostraron dispuestos a negociar con el gobierno.

Sánchez presentó las líneas generales de su plan sin apenas concreción. Justificó su propuesta para luchar contra los bulos y la desinformación” y “proteger y fortalecer la democracia” que, según su visión, “está en peligro en todas las democracias occidentales por los bulos, las mentiras y la desinformación”. Frente a los ataques de PP y Vox que le acusaron de querer “censurar a la prensa” insistió en que “el problema no es la crítica sino la mentira”. Y remarcó que el corazón de su plan es la normativa europea, un Reglamento Europeo aprobado recientemente y que es de obligado cumplimiento gobierne quien gobierne.

Una mayor transparencia en los medios de comunicación ocupa el eje central de la propuesta.

Sánchez se propone trasladar el Reglamento Europeo y fijar nuevas medidas para que se conozcan el nombre de sus accionistas, sus fuentes de financiación y la medidas de las audiencias, limitando la “financiación pública para que no haya ninguno que tenga más financiación pública que lectores”. Y con este fin propone actualizar la Ley de Publicidad Institucional.

Además plantea tomar medidas para”proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios”, con el objetivo de “evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales”.

Reforzar los derechos al honor y a la rectificación. Es otro de los ejes del plan, que Sánchez justificó porque “los medios tienen que ser libres y desarrollar su línea editorial y los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten calumnias”.

Sánchez remató anunciando un paquete de ayudas de 100 millones para la digitalización de los medios.

Sectores progresistas y de izquierdas, incuso los socios del gobierno esperaban medidas más concretas. Lo único concreto hasta ahora es el Reglamento Europeo. Pero sobre todo medidas más audaces contra las “fake news” y el “lawfare” judicial alentado desde los medios.

¿Trumpismo en la derecha?

El PP ayudado por Vox se limitó a descalificar las propuestas de Sánchez como “un ataque a la libertad de información” y “una cortina de humo”, reprochando a Sánchez que “solo se ha acordado de la desinformación cuando un juez ha decidido investigar a su esposa” y pidiendo su dimisión: “Le acompaña la mentira, redacte la tercera y definitiva carta y deje en paz a la democracia española”. Un acto de cinismo de Feijóo pasando por alto que el Reglamento Europeo invocado por Sánchez fue firmado también por el PP en Bruselas.

Los verdaderos motivos por los que PP (y Vox) hizo todo lo posible por embarrar el debate y llevarlo al terreno de siempre contra el “sanchismo”, no fueron los desacuerdos sobre lo que su partido y el partido socialista ya habían firmado en Europa, sino seguir erosionando el gobierno de coalición.

Una exigencia de la mayoría social, una promesa incumplida

Desencanto por la Ley Mordaza

En el paquete de medidas de regeneración democrática entra también la Ley Mordaza. Sin embargo, este es uno de los puntos que más descontento ha generado no ya entre las fuerzas que apoyan al gobierno, sino entre los sectores de izquierda y progresistas o las organizaciones por la defensa de derechos democráticos y libertades. No se derogará la ley y la reforma anunciada pero no concretada por Pedro Sánchez se limitará a “una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión”.

Sánchez dejó en agua de borrajas el anuncio hecho por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el día anterior a su intervención en el Congreso, sobre un acuerdo con el PSOE para “derogar la Ley Mordaza”. Incluso desde su propio partido el diputado de IU y portavoz de Sumar, Enrique de Santiago, revelaba que lo único que habían pactado era modificar una parte del articulo 36 (de los 56 que tiene la ley), para que deje de ser infracción la la toma o difusión de imágenes de policías en las manifestaciones. Precisamente una parte de la ley que ya ha sido declarada inconstitucional por el TC y que no se aplica.

No se derogará la ley que recorta derechos y permite la arbitrariedad policial

Continúa la ley que recorta derechos y permite la arbitrariedad policial tales como: la limitación del derecho de manifestación al facultar a la policía para imponer sanciones a cualquier ciudadano por desobediencia; la utilización de las pelotas de goma en las manifestaciones o permitir las devoluciones de inmigrantes en caliente.

El caso Begoña Gómez

La justicia, lawfare y la política

La primera impresión cuando uno se aproxima al por qué Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, está siendo investigada es que forma parte de la gran campaña contra el gobierno. Y que estamos ante un caso claro de lawfare, la utilización de procedimientos judiciales para perseguir o desacreditar al presidente del gobierno e imponer en última instancia un giro político por vías antidemocráticas.

En abril el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, admitió a trámite una denuncia contra Begoña Gómez y abría diligencias por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia, presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, no aportaba pruebas sino que se hacía eco de bulos publicados por medios conservadores y ultras sobre las actividades privadas de la mujer del presidente.

El juez Baltasar Garzón ha criticado en laSexta-Xplica la instrucción irregular de esta causa que ha “empezado por el tejado”. «Lo normal es ir a los hechos y los indicios y, a partir de ahí, ir construyendo los hechos que se vean que son ciertos y establecer conclusiones. Aquí se ha hecho al revés. Primero, se admite una acusación popular basada en hechos falsos y en publicaciones incorrectas. Solo por ese hecho, el juez debería haber expulsado de forma inmediata a ‘Manos Limpias’ del procedimiento, pero no lo hizo»,

Según Garzón «la diana está puesta en Begoña Gómez desde el principio». «Se ha elegido a la persona, se ha construido todo el procedimiento y se van sucediendo hechos que son alucinantes», ha manifestado.

La Universidad Complutense de Madrid, UCM, -donde Begoña Gómez dirigía una cátedra- se ha sumado a la confusión al enviar un escrito al juez asegurando que desconocía que Begoña Gómez hubiera registrado una sociedad vinculada a la cátedra que dirigía y acusándola de una posible apropiación indebida del software de la cátedra.

En el fondo sigue latiendo el intento de imponer por vías antidemocráticas un giro político…, pero no todo es justificable

Sin embargo un correo difundido por elDiario.es muestra que la UCM sí conocía y participó en el proceso para que Begoña Gómez, inscribiera un dominio vinculado a la cátedra que ella dirigía.

El correo electrónico remitido por una responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez y otras dos personas muestra cómo la Sección de Patentes y Marcas de la universidad estaba al tanto del registro por parte de la esposa del presidente del Gobierno de la marca para el software con el que tenía el compromiso de dotar a la cátedra extraordinaria que dirigía.

La justicia.

Varios días después, cuando cerramos edición, el juez no ha entrado a investigar las gestiones realizadas en la cátedra. Puede parecer extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la UCM ha pedido personarse como parte perjudicada en la causa.

La justicia debe investigar hechos concretos y no abrir una “causa general”. Y hay que dejarla que trabaje exigiendo que se respeten los plazos y protocolos legalmente establecidos.

…Y la política.

El caso Begoña Gómez se ha convertido en un problema político de primera magnitud. En el fondo sigue latiendo el intento de imponer por vías antidemocráticas un giro político. Pero a medida que se conocen hechos concretos no todo es justificable. ¿Lo está haciendo bien Sánchez y el gobierno?

No será delito pero ¿es justificable que la Moncloa se convierta en el lugar apropiado para reunirse con empresarios y realizar actividades privadas de la mujer del presidente?

¿Es de recibo que el ministro de Justicia, Felix Bolaños, encabece una campaña institucional para defender el buen nombre de Begoña Gómez?

El caso de los ERE

“No hubo un gran plan pero sí un gran fraude”

“Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude. Y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar”. Estas declaraciones fueron hechas a los periodistas el 9 de abril de 2015 por el entonces senador y expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando acudió a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE.

Las declaraciones de Griñán son hoy la mejor respuesta al intento de enterrar el caso de los ERE fraudulentos por los dirigentes del PSOE de Andalucía y medios afines como si no hubiera pasado nada tras las sentencias de amparo parcial del Tribunal Constitucional a los expresidentes Manuel Chavez y el propio Griñán. Y cargarlo todo a la cuenta del relato de la derecha.

La comisión de investigación sobre los ERE creada por el Parlamento de Andalucía en 2012 reconoce los ERES fraudulentos

Según declara ahora el expresidente Manuel Chavez: “El TC nos da la razón, no había trama política, ni confabulación, ni había nada. Vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado”.

No es cierto. El TC no niega que existiera corrupción, exonera a Griñan de la malversación, rebaja la pena a Chaves por prevaricación y ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia. Y el informe de la comisión de investigación sobre los ERE creada por el Parlamento de Andalucía, impulsada por IU en 2012, reconoce los ERES fraudulentos de un PSOE asentado en un sistema clientelar engrasado, en este caso con el desvío de las ayudas sociolaborales. Hasta 679,2 millones de euros repartidos a discreción, sin justificar, sin controlar el destino y sin publicidad durante diez años.