España, en el punto de mira de las grandes potencias

España, a la tercera división mundial

Justo en el mismo instante en que Zapatero oraba con Obama y sólo horas después que el Santander presentara unos beneficios de casi 9.000 millones de euros, el IBEX-35 iniciaba su mayor desplome bursátil desde los dí­as que siguieron al hundimiento de Lehmann Brothers. ¿Qué está pasando en Madrid? dicen que preguntaba un desconcertado Zapatero a los grandes empresarios que le acompañaban en Washington. Lo que estaba pasando, sencillamente, es que asistí­amos al inicio de lo que apunta a ser una degradación en toda regla de España a una especie de tercera división económica mundial, junto a paí­ses como Irlanda, Grecia o Portugal. El propio ex ministro de Economí­a de Zapatero, Pedro Solbes, parece haberlo intuido cuando poco después del jueves negro afirmaba que “la crisis va a suponer cambios fundamentales y cambiará la posición relativa de los paí­ses”. Algo que otro veterano socialista, Joaquí­n Almunia, habí­a anunciado unos dí­as antes al colocar los problemas de España al mismo nivel que los de Grecia.

Hoy, la mayoría tiene uesta la atención –porque hacia ahí han dirigido la mirada colectiva los grandes medios de comunicación– en el problema del déficit fiscal y la deuda pública. Los datos parecen confirmar lo justificado de esta alarma. De un modesto superávit anual en las cuentas públicas hasta 2007, desde ese año las cuentas del Estado empezaron a caer en barrena hasta alcanzar el 12% de déficit que han alcanzado en 2009.¿Es este, sin embargo, el problema principal que enfrenta la economía española? ¿Radica ahí su enfermedad, o es simplemente uno de sus síntomas?Lo que está ocurriendo estas semanas con la economía española va mucho más allá de las dudas sobre su déficit público. El problema no es, como se dice, que los mercados tengan desconfianza sobre la solvencia del Estado español para pagar una deuda pública que está muy por debajo, en relación al PIB, que la de Francia, Italia, Inglaterra o Alemania; sino que las principales potencias del mundo desarrollado (¿o acaso todavía creen ustedes que es una “mano invisible” la que controla los mercados de capitales mundiales?) han dictado sentencia sobre la suerte que debe correr y la posición que debe ocupar la economía española y, en consecuencia, España.Y la condena no es precisamente menor: España debe ser degradada, ha de descender de categoría, hay que dejarla caer hasta que adquiera su verdadero peso en una especie de tercera división económica mundial, junto a economías como la griega, la portuguesa o la irlandesa.Tras la entrada de España en la moneda única, esas mismas potencias, entonces en un proceso de expansión, permitieron a España –financiándola con los excedentes de capital que poseían en abundancia– pasar a ocupar la condición de novena potencia económica del mundo, financiando sin límites la expansión internacional de un pequeño puñado de bancos y monopolios hispanos, encabezados por el omnipresente Botín.Pero ahora, diez años después y en medio de una crisis financiera mundial que ha llevado a reducir enormemente el “espacio económico mundial” que les es dado abarcar, ha llegado el momento de que lo virtual deje paso a lo real.La posición nominal de España como noveno PIB del mundo se enfrenta a la realidad de que un 80% de esa riqueza no es suya, sino fruto de un proceso de endeudamiento tan brutal que le ha llevado, en el curso de poco más de 4 años, a ser la nación más endeudada per cápita del mundo.Como significativamente titulaba estas semanas la prensa británica, “la fiesta se ha terminado”. Es decir, la financiación exterior para la expansión de la oligarquía española ha concluido para dejar paso a una nueva etapa donde lo principal es devolver esa deuda, en el plazo fijado y a unos intereses crecientes.¿Pero quién va a pagar la deuda, quién va a sufrir esta devaluación de España? En los mercados internacionales mientras unos hablan de rebajas salariales de un 25%, otros lo hacen de la pérdida (es decir, el trasvase) de un 30, un 40 o un 50% de nuestra riqueza.Y esto es lo que la oligarquía española –bien sea a través de Zapatero, de Rajoy, de ambos o de un “tercer hombre”– van a pretender que paguemos todos nosotros. En forma de rebajas salariales, recortes en las pensiones y en los gastos sociales o de subidas de impuestos. El camino, en definitiva, que de forma todavía titubeante ha emprendido Zapatero con la prolongación de la edad de jubilación. Y esto es sólo el aperitivo de lo que quieren.Que España está condenada a caer en el pozo de la tercera división mundial parece decidido, cómo hacer pagar los costes de ese “descenso a los infiernos” a las clases populares, de qué forma, bajo qué dirección y a que velocidad es la disputa que está ahora mismo en juego en el seno de la oligarquía española y la que ha abierto la profunda crisis política que atravesamos. La alternativa IOU, ¿nuestra nueva moneda? Desde hace semanas, en los centros “productores” de pensamiento económico de las grandes oligarquías financieras mundiales, se habla con insistencia de un nuevo término, los IOU u Obligaciones Especiales de Pago.Una alternativa que comienza a insinuarse como una posible solución a los problemas fiscales, de endeudamiento y competitividad por la que atraviesan los países del sur de Europa, y concretamente Grecia, España y Portugal. ¿En que consistirían estos IOU?Básicamente, la idea consiste en la creación de una dualidad monetaria en la zona euro, utilizándose, por un tiempo limitado, una nueva moneda (una especie de euro devaluado) para las transacciones interiores de los países del Sur, que seguirían utilizando el euro normal en sus intercambios con el exterior, pero no internamente.De esta manera, por ejemplo, todos los pagos entre residentes en España –lo que incluye desde los salarios hasta los precios de las mercancías, pasando por los créditos o los depósitos bancarios– se realizarían en este euro devaluado. De ellos sólo quedarían fuera el pago de los impuestos, que seguirían haciéndose con el euro normal. Lo mismo que cualquier transacción financiera con no residentes, por ejemplo las derivadas del turismo, las importaciones o las obligaciones de pago con el exterior por la deuda crediticia o corporativa acumulada todos estos años.Con ello, dicen, se conseguiría resolver el déficit público (puesto que el Estado cobraría en euros normales y pagaría en euros devaluados, saqueando y empobreciendo así al conjunto de la población) y ayudaría a remitir el déficit exterior, puesto que al destinarse la mayor parte de nuestras exportaciones a la zona euro, produciríamos a precios de euro devaluado, pero cobraríamos en euros normales. Euros, por tanto, que en su inmensa mayoría volverían a los países centrales de la eurozona como consecuencia del pago de los intereses de la deuda externa.El resultado real de materializarse una alternativa de este tipo, sería la construcción de una Eurozona, no a dos velocidades como se hablaba hasta ahora, sino dividida en dos categorías o divisiones.Una, ocupada por los países más ricos, con una moneda fuerte. Otra, una especie de segunda división europea, devaluada en un 30, un 40 o un 50% de su riqueza, con una moneda débil, cuyos integrantes se verían forzados a ceder soberanía económica en el terreno de la fiscalización de las cuentas públicas y la política monetaria (que en su caso ya no estaría sujeta a la política de un organismo común y en el que ellos participan teóricamente en la toma de decisiones como el BCE, sino a la de los gobiernos de los países más fuertes económicamente) y obligados a aceptar un menor peso político y económico de sus naciones dentro de la Unión.

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