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Sixto Pereira es un dirigente campesino y senador del Partido Popular Tekojoja, una de las fuerzas que participan de la Alianza Patriótica por el Cambio – uniendo organizaciones patrióticas de la derecha y la izquierda – que llevó a Fernando Lugo – ex-obispo católico – a la Presidencia de Paraguay.
¿Cuál es el balance desués de más de un año de gobierno de Fernando Lugo? El mayor éxito es haber desplazado a la cúpula mafiosa del Partido Colorado con más de 70 años de destrucción de la institucionalidad. Pero el mayor aporte es que el apoyo de la candidatura de Fernando Lugo fue construido por la ciudadanía organizada o no, desencantada de la destrucción de las instituciones, de la partidización del poder judicial, de la corrupción e impunidad en todas las esferas del Estado, la destrucción de la policía nacional, de las Fuerzas Armadas totalmente partidizadas y desvirtuado su papel interno y externo de defender la soberanía nacional. En materia agraria, la entrega total de las tierras públicas para sostener más de 30 años de dictadura, el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, esta trilogía se sustentó sobre la distribución de las tierras públicas. Eso significa que todas las tierras de frontera fueron entregadas a las grandes empresas transnacionales. La pérdida de la soberanía nacional, la violación de las leyes ambientales, del Estatuto Agrario, al arbitrio de los grupos económicos. El crecimiento de la inseguridad alimentaria, la desocupación de la población económicamente activa, el despoblamiento del sector rural que es un 42%, el descreimiento de las diligencias político-partidarias, y esto trajo la desmovilización de los movimiento sociales y la atomización de las organizaciones de izquierdas. En este contexto surge la gran participación de diferentes sectores sociales, económicos y eclesiales para que Fernando Lugo fuera Presidente. Por otro lado desde la firma del tratado energético, durante la dictadura, una firma entreguista con el gobierno brasileño, esto se ha convertido en una cuestión de defensa de la soberanía nacional hasta la firma recientemente de un acuerdo entre el Presidente Lula y el Presidente Fernando Lugo, que significa un gran avance, aunque no significa aún la recuperación soberana respecto al tratado. Por otro lado se han dado la aplicación de medidas en la Salud Pública, pero con todas las dificultades que significa la oposición del aparato burocrático con la colusión del poder judicial y el Parlamento controlado por el 80% de los grupos económicos, el inicio de la reforma agraria, y las medidas que hacen referencia a la Fuerzas Armadas para recuperar la institucionalidad e ir despartidizándolas. Todo esto son grandes logros. ¿Pero entonces es clave la transformación y depuración del poder judicial y de las Fuerzas Armadas? Ese ha sido un avance importante, en cuanto a los cuadros militares que hagan por recuperar la institucionalidad y en cuanto al saneamiento del poder judicial, tanto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de la Magistratura que en gran medida es el poder de poder decidir los cambios en los jueces. Es una gran deuda. Paraguay está recuperando su dignidad, su soberanía con equidad integrándose en la región y en un mundo “globalizado”. Los gobiernos anteriores son gobiernos de tinte entreguista en gran medida. Con la nueva administración se está recuperando la soberanía, integrándose en la región y manteniendo relaciones basadas en la complementariedad con quien crea necesario en el marco de su soberanía y de un desarrollo equitativo del país. En esa hoja de ruta hay muchas dificultades porque los grupos oligárquicos, económicos y políticos incrustados en el Parlamento permanentemente están queriendo generar un ambiente de inestabilidad, intranquilidad y zozobra en el escenario parlamentario que es el “cuadrilátero” en el que se desarrolla este proceso, utilizando el juicio político como instrumento de amenaza permanente y cotidiana. Acá, el Estado siempre fue cómplice de toda la oligarquía ganadera y sojera. Cuando se ha empezado a querer recuperar la institucionalidad todos los “desmamantados”, como les llamo, empiezan a cacarear. Su estrategia es la agitación para recapturar el Gobierno. La contrapartida es que no tienen cabida ni aceptación en los movimientos sociales, ciudadanos y de izquierdas que apoyan la profundización de las transformaciones económicas, políticas y sociales. ¿Cómo observan el golpe de Estado en Honduras estando ustedes en el inicio de un proceso de cambio popular? Lo que se está queriendo recuperar, después de 20 años de “no-dictadura”, el rol de un Estado incluyente con políticas al servicio de los sectores populares. Esto se encuadra en la democracia representativa, participativa y pluralista de la que habla la Constitución Paraguaya. La propia oligarquía del país es una de las más retrógadas de la región y frente a ella, este proceso no es un proceso socialista sino de recuperación de la institucionalidad, de lucha contra la corrupción, la impunidad, de volver a la legalidad, y aceptar la coexistencia del pluralismo ideológico y político. Lo que ocurrió en Honduras es una llamada de atención, una alerta a todos los países democráticos en los que la izquierda con la derecha confrontan proyectos políticos y sociales, económicos antagónicos. Dentro de la legalidad burguesa los confrontan para que se produzcan avances en la región. En nuestro país hay un debate en torno a dónde deben destinarse los presupuestos, sin embargo en el propio Congreso nacional hay recortes a las medidas que propone el Ejecutivo. La propia burguesía no tiene condiciones para convivir con la democracia, ni la confrontación de intereses en el buen sentido. Ustedes diferencian, respecto al pasado, la línea del gobierno de Lula, y respecto a la intervención norteamericana, ¿es una línea de alianza y colaboración mutua? Efectivamente. Es una avance unilateral con Brasil, democráticamente planteada en nuestro país y de apoyo interno de muchas organizaciones brasileñas a la reivindicación histórica de Paraguay. Del mismo modo ocurrió en el MercoSur. Eso es lo que ha permitido avanzar en la recuperación de la soberanía energética. Hay que entender que el entreguismo de administraciones anteriores es de más del 90% con el gobierno brasileño. La relación siempre fue unipolar e impuesta por el gobierno de Washington. En ese sentido el gobierno de Paraguay mantiene ahora buenas relaciones con el gobierno de EEUU, con el mundo árabe, con organizaciones fraternas de la región… ¿Cuáles son los avances en la política agraria?. En los años previos al gobierno del Presidente Lugo se produjeron hasta 79 asesinatos de campesinos en el proceso de ocupación de tierras… Esta es alguna de las cuestiones difíciles en este proceso. El Gobierno en algunos casos empezó a través de una coaligación institucional a recuperar las tierras públicas mal adjudicadas en manos de colonos brasileños, y cuando empezó a dar señales de recuperación dentro del marco jurídico constitucional, dentro del respeto al código agrario, se abre la complicidad en el Poder Judicial, la Fiscalía y los jueces impiden desarrollar esta política. Cuando por decreto el Gobierno empezó a recopilar todas la leyes ambientales, la manipulación de agro-tóxicos, hubo una gran revuelta de estos grupos económicos y sus parlamentarios impidiendo que se puedan aplicar medidas paliativas. Se planteó el impuesto sobre la renta personal, el que más acumula riqueza tiene que aportar más al “fisco”… todo esto fue rechazado. También con la policía fragmentada, partidizada y controlada por grupos mafiosos ha sido muy difícil. Ha habido momentos de mucha represión. Pero hay que reivindicar la madurez y la altura política de los movimientos campesinos, sociales y de izquierdas para entender qué significa esto y no plantearse medidas de provocación ni ruptura del proceso político. Esta madurez es la que sostiene el proceso político paraguayo. ¿Cuál es el origen del “juicio político” al Presidente Lugo? El proceso político paraguayo pasó por más de 30 años de dictadura militar; desde un posicionamiento anti-comunista no se permitió el desarrollo de los movimientos populares, de la oposición. Desde la caída en el 89 de la dictadura es un proceso no de transición sino que son 20 años de “no-dictadura” pero de una entrega del Estado paraguayo a las políticas neoliberales garantizándole todas las medidas jurídicas y políticas a los grandes grupos económicos, sean terratenientes, sojeros, agro-importadores… que provocó la mayor latifundización y producción extensiva de la soja sin ningún control tributario, jurídico, ni ambiental. Este es el poder real aglutinado en la Unión de Gremios de Paraguay – UGP – donde los ganaderos, los sojeros, los importadores, los financieros… son los que marcan también desde la sombra la agenda de las empresas de comunicación; y con el brazo político institucional en el Congreso, el Poder Judicial. Es desde estas instancias desde las que se impone ahora el famoso juicio político al Presidente Fernando Lugo, para el que no hay argumentos políticos ninguno. ¿Cuál es la situación de alianzas en el Frente de apoyo al Presidente? Se está preparando un gran plan de acción sobre las coincidencias. Principalmente sobre las medidas sociales-económicas para el país, en la reforma agraria, soberanía energética con Brasil y Argentina, y coyunturalmente la defensa del presupuesto con contenido social para nuestros compatriotas. No hay que olvidar que en el 2010 son las elecciones municipales que han de suponer un gran avance para los movimientos populares. El Gobierno lo ganó la Alianza Patriótica para el Cambio, que es una coalición de la derecha y la izquierda, no es fácil. En el propio Gabinete se produjeron algunos conflictos y por fuera los grupos económicos buscan puntos en los que dividir para evitar el proceso de cambio. Hay que llamar a todas las organizaciones fraternas para acompañar el proceso político de mayo para que no haya ningún indicio que pueda provocar la ruptura del proceso. Así como a todos los países y sus organizaciones fraternas que están pendientes del proceso político paraguayo.