Entrevista a Altamira Gonzalo

La ropuesta de reforma de la Ley del Aborto incluye que pueda interrumpirse el embarazo hasta las 14 semanas, pero hay países como Holanda que es hasta la semana 24 ¿qué impedimentos legales o de otro tipo hay? Impedimentos legales yo entiendo que no existe ninguno. Además la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 distingue perfectamente el diferente nivel de protección que tiene que otorgar el Estado al nasciturus, a partir del momento en que es viable el feto. Momento, que según los científicos, se produce a partir de la 24ª semana. Nosotras vamos a proponer ampliarlo, porque 14 semanas nos parece un período de tiempo corto. Cuando una mujer se da cuenta de que está embarazada ha transcurrido por lo menos mes y medio de embarazo. Mientras se instala en nuestro país el hábito de realizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, las mujeres tendrán que ir de un lado para otro, suponemos, durante un tiempo aún. Esto hace que se pierda tiempo de estas 14 semanas. ¿Y respecto al plazo en caso de malformaciones o peligro para la vida de la madre? Se va a proponer en el caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida, y en el caso de riesgo vital para la madre, que no haya plazo. La novedad que se presenta es en el caso de las malformaciones fetales incompatibles con la vida que ahora mismo tiene como plazo la semana 22. Pero no lo hay cuando existe peligro para la vida de la madre. En la Comisión planteabas que si se considera a un menor responsable en un delito, por qué no para decidir abortar o no. Llama la atención que se controle el castigo y no que se defienda la libertad… Claro. O por ejemplo cómo nuestro código penal prevé que las relaciones sexuales con chicas mayores de 13 años son relaciones consentidas. ¿Cómo se puede dar el consentimiento para que tengan relaciones sexuales con mayores de edad, y con tres años más no se les va a permitir que den su consentimiento para un aborto? De todas maneras la propia normativa es una contradicción, porque la Ley de Autonomía del Paciente que es del año 2002, prevé que las mayores de 16 años y menores de 18 puedan dar su consentimiento para la práctica de cualquier intervención, con tres excepciones. Una es en el caso del aborto, otra es en técnicas de reproducción asistida, y otra es para ensayos clínicos. Le están dando al aborto una categoría esencialmente diferente a la de una intervención grave que se le puede hacer a una chica de 17 años. ¿Lo que hay no es una determinada moral que se está imponiendo en esto? Hay que hacer reflexionar a quien está en contra de esto que se puede dar el caso de que una chica quiera continuar con el embarazo y sus padres le obliguen a abortar. ¿Qué debe prevalecer? ¿No hay una desviación en la propia concepción ética al darle al Estado un papel controlador y no de defensa de las libertades individuales? Claro. Además nuestra sociedad ha evolucionado hacia una sociedad de derechos y garantías. Es incompatible con una sociedad de esas características una ley que genera tanta inseguridad jurídica, tanto desconcierto y tanto desconocimiento de lo que puede pasar después de que una persona se somete a un aborto creyendo que está dentro de un supuesto legal. Solo el 3% de abortos se dan en la sanidad pública. ¿No están creadas las condiciones para el negocio con la inseguridad o la salud de las mujeres, y una fuente de profundas desigualdades? Nosotras hemos propuesto que la sanidad pública garantice el aborto como una prestación más. Esto debe ser compatible con la objeción de conciencia de cualquier médico. Pero el hospital público debe garantizar el aborto a las mujeres que lo soliciten dentro de los supuestos. No puede pasar que la mujer tenga que ir abonando para luego pedir un reintegro de los gastos médicos, porque se conculca su intimidad al tener que ir a las dependencias administrativas a decir que ha abortado, que ha pagado, que pide que se le reintegre… Y además, puede quien tiene… Claro. Ahonda en las desigualdades de tipo económico, y también de tipo territorial. Porque hay comunidades autónomas en las que las mujeres no pueden abortar, no hay centros públicos ni privados, que es lo que pasa en Navarra. Habláis también de una ley más amplia de salud sexual y reproductiva… Es que no se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezar por los cimientos. Los chicos y las chicas jóvenes deben tener una educación sexual de manera que puedan planificar su sexualidad y su maternidad, y su paternidad. No queremos que el aborto sea un método anticonceptivo porque el aborto es una agresión al cuerpo de la mujer. El aborto es el último recurso. Y para que sea así es urgente que se dedique tiempo y medios a la educación sexual. Es ir a la raíz del problema. Igual que se produce el aborto por una desinformación, porque el fracaso del método anticonceptivo es lo más extraordinario, nosotras creemos que es igual de importante una Ley del Aborto con garantías, procurar una educación sexual a toda nuestra gente joven.