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Garzón ha vuelto a poner patas arriba la justicia internacional, al acusar directamente a Condolezza Rice, ex consejera de Seguridad Nacional, y Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa, de ser responsables del «plan sistemático de torturas» que tiene lugar en Guantánamo. Se trata de un nuevo salto adelante en la lucha contra la impunidad, al implicar directamente a las más altas esferas de la Casa Blanca. Y se enfrenta, no solo al poder de Washington, sino también al gobierno de Zapatero, que manda callar ante los desmanes del imperio para salvaguardar las buenas relaciones con Obama.
Garzón ha abierto la investigación sobre la base de las torturas que le denunció el 13 de febrero de 2004 Hamed Abderramán Ahmed, Hmido, el único esañol que estuvo preso en la base de Guantánamo, y al que el juez de la Audiencia Nacional procesó por pertenecer a Al Qaeda. El juez considera que los hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad por la violación sistemática de las convenciones de Ginebra, "de los que habrían sido responsables como ejecutores materiales o intelectuales, las personas que tuvieran bajo su guarda y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron" las torturas a los detenidos. Esas personas, según el juez, eran "miembros todos ellos del ejército norteamericano o de la inteligencia militar y todos aquellos que ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos, inhumanos y degradantes en contra de los prisioneros que tenían bajo su custodia y que habrían sido capturados en el marco del conflicto armado declarado en Afganistán y a los que se acusaba de terrorismo". El magistrado destaca que de los documentos desclasificados por EE UU, citados por los medios de comunicación, y que deberán solicitarse, "se ha revelado ahora lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables". Este plan sistemático configura para Garzón la "posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas contra las personas privadas de libertad en Guantánamo y otras prisiones, entre ellos Bagram (Afganistán) que adquiere casi un nivel oficial y que, por ende, genera una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando y diseño y autorización de ese plan sistemático de tortura". "Bien pudiera decirse", agregaba, "que Guantánamo es un verdadero limbo en la comunidad jurídica que queda definida por una multitud de tratados y convenciones firmadas por la comunidad internacional, constituyendo un acabado ejemplo de lo que alguna doctrina científica ha definido como ‘derecho penal del enemigo’ […] opuesto al derecho penal de los ciudadanos [que], quedaría reservado para los que se consideraría responsables de atacar o poner en peligro las bases de la convivencia y del Estado de derecho". Entre los querellados figuran cargos de la Administración de Bush: la secretaria de Estado, Condoleezza Rice; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el director de Inteligencia Central, George Tenet; el subsecretario de Defensa para la Inteligencia en el Departamento de Estado, Stephen Cambone, y los generales Ricardo Sánchez, Geoffrey Miller, Walter Wojdakowski y Thomas Pappas. En España, EE UU ha hecho lo posible para que la investigación de Garzón no salga adelante. Hace dos semanas, el consejero político de la Embajada en Madrid, William Duncan, y un asesor jurídico se reunieron con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza,. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tachó la querella inicial, presentada por un grupo de abogados, de "fraudulenta". "Admitirla sería como convertir la jurisdicción universal en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo", afirmó. La posición de la fiscalía española es la misma que la del Gobierno español. "Coincido con la Fiscalía del Estado, que ha emitido un informe en contra y que tiene argumentos jurídicos de peso. El principio de subsidiariedad con países inequívocamente democráticos debe tenerse presente", mantuvo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.