Encuentros en la segunda fase: la reforma de las pensiones

Segunda fase de la reforma de las pensiones. El ministro José Luis Escrivá abordará en septiembre el incremento de los años de cotización para calcular las pensiones, la medida está incluida en el Plan de Reformas enviado a Bruselas por el Gobierno. Ampliar el cómputo actual de 25 hasta 35 años, advierten los sindicatos, significará recortar las pensiones un 9%. La reforma, marcada y vigilada por Bruselas, busca un ajuste del gasto público y supone recortar las pensiones futuras.

La primera parte de la reforma, iniciada en 2020, liquidó la anterior reforma de Rajoy. Ha sido completamente beneficiosa para los pensionistas. Lo más importante: la subida con el IPC y derogar el factor de sostenibilidad sustituido por el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional). Dos grandes cuentas pendientes para la segunda fase de la reforma de las pensiones. La primera y principal, ampliar el cálculo de años cotizados necesarios para fijar la cuantía de las pensiones. La segunda, eliminar la base máxima de cotización. Escrivá ha anunciado que presentará su propuesta a los agentes sociales en septiembre “a principios o lo más pronto posible”. La Comisión Europea espera cambios que “compensen” el incremento del gasto y que sean aprobados en 2022: es una condición para recibir de la UE los próximos 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos.

El Gobierno afronta el segundo bloque de la reforma de las pensiones bajo la atenta mirada de Bruselas, vuelta al cole y plazos a cumplir. Sube la dificultad, aprobar el periodo de cálculo a 35 años será otro cantar. Es necesario maniobrar ante los temores y críticas sobre la medida, tanto desde fuera como dentro del gobierno de coalición. Escrivá ya ha adelantado que hay “varias combinaciones” para la ampliación, por ejemplo incluir que se descarten los peores años de cotización para calcular la pensión. La meta es aprobar la extensión a 35 años, pero incluir algunos factores que favorezcan a parte de los pensionistas más desfavorecidos puede allanar el camino.

La segunda fase de la reforma de las pensiones está comprometida con Bruselas para este año.

Escrivá: reforma a contrarreloj

A principios de año, el Gobierno abordó la posibilidad de alargar a 35 años el cómputo para el importe de la pensión. Misión imposible, entonces, para Escrivá. Demasiados desencuentros: choque rotundo con su socio de coalición Unidas Podemos, sin apoyo suficiente de las fuerzas parlamentarias habituales y negativa frontal de los sindicatos en bloque. El documento enviado antes del verano a Bruselas  borró cualquier referencia temporal explícita, la modificación quedó comprometida sin especificar su aumento a los 35 años.

El compromiso con Bruselas es que los cambios aparezcan en el BOE antes de finalizar 2022. La Comisión Europea no ha esperado a septiembre para advertir directamente a España: las medidas pendientes deben “compensar el aumento de gasto” tras derogar la última reforma de las pensiones del PP de Rajoy. No será fácil de consensuar con sindicatos, patronal y la mayoría parlamentaria necesaria. Cuatro meses tiene el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para terminar la reforma de las pensiones.

La soledad de los números de Escrivá

El Gobierno ha conseguido sacar adelante aspectos importantes de la reforma de las pensiones: incentivar el retraso en la edad de jubilación real, los planes de pensiones de empleo, el mecanismo de solidaridad intergeneracional o cambios en el régimen de autónomos. En septiembre empezará a concretarse la propuesta de ampliación a 35 años. Está por ver si su aplicación será general o reducida a un sector específico de los trabajadores, no está claro qué colectivos y generaciones se verán afectadas. Durante lo que va de año, los sindicatos han coincidido en sus estudios y datos anunciando que “una ampliación de este periodo llevaría a una reducción en la pensión media de manera general”, un recorte que podría rondar el 9%.

Los datos más recientes son los del informe del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de las universidades de Extremadura y de Valencia. Las previsiones de su estudio son que la ampliación supone un recorte de 129 euros menos de media en las pensiones, una bajada general del 8,8%. Señalan un riesgo especial, podría perjudicar a amplios sectores sociales. En el caso de las mujeres la ampliación a 35 años supondría un recorte de 130 euros al mes, un 10,3% menos, cuando en la actualidad su pensión media ya equivale a un 76% respecto a la que cobra un hombre. Otro sector que podría resultar especialmente dañado es el de los autónomos, hasta 90 euros menos de media perdiendo también más de un 10%. La peor previsión del estudio hace referencia al grupo del 25% de pensionistas con carreras laborales más reducidas: un recorte medio de 117 euros al mes, disminuir casi un 15% la cuantía de sus pensiones.

Ampliar el periodo de cálculo de 25 a 35 años significa recortar las pensiones un 8,8%.

Lo insostenible

Este es el corazón de la segunda fase de la reforma de las pensiones: aumentar el periodo en los años de cómputo para cobrar la pensión. Es uno de los puntos más polémicos, el que cuenta con mayor rechazo y más daña a los pensionistas de varias generaciones. Ampliar hasta los 35 años supone ahorrar, según el Gobierno, un 0,88% del PIB en el año 2050 del gasto en pensiones. O hablando en plata, recortar las pensiones de conjunto en al menos 12.000 millones anuales. Una vez más, la sostenibilidad del sistema público… Los compromisos de España con la UE para reducir el déficit público pasan necesariamente por ampliar el período de cálculo. Otra vez nos tocar pagar a la mayoría de la sociedad, eso es lo verdaderamente insostenible.

Lo que dicta el tic-tac de Bruselas

Las agujas del reloj de Bruselas apuntan más allá de los plazos. Tan importante como cumplir las etapas comprometidas, es asegurar que la reforma compense el “gran volumen de gasto público”. El comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, insistía antes del verano en que “Bruselas evaluará bien los pasos relativos con las pensiones, durante el proceso de negociación con las autoridades españolas para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, algo que sobre todo se aborda con la cuarta solicitud de desembolso, el próximo año”.

La vigilancia de la Comisión Europea apunta sobre todo al contenido, la advertencia de finales de junio sobre el riesgo de un «agujero fiscal significativo» en el sistema de pensiones instaba al Gobierno de España a completar todas las medidas pactadas en este ámbito para garantizar su sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. “La vinculación de las pensiones a la inflación aumentará los gastos de pensiones, y es necesaria la introducción de medidas compensatorias que se adoptarán en 2022”. Aprobar esta segunda fase de la reforma es obligatorio para acordar con España la llegada de los fondos comprometidos por la UE, los siguientes 10.000 millones de euros a través del Plan de Recuperación. Precisamente esto será una vía de presión para aprobar las reformas por la senda que exige Bruselas.