Encierro por el derspido de 69 socorristas

ENCIERRO POR EL DESPIDO DE 69 SOCORRISTAS DEL IMDER Los socorristas del Instituto Madrileño del Deorte han decidido por votación mayoritaria en la Asamblea de trabajadores celebrada en la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo (Alcalá, 31), encerrarse a la espera de que el Consejero retome las negociaciones para que el casi centenar de socorristas puedan continuar trabajando dentro de la Comunidad de Madrid. El Consejero pretende la externalización de este servicio a pesar de que CSIT-UNIÓN PROFESIONAL ya le advirtió de la “ilegalidad” que cometía, al convertir plazas interinas vinculadas a oferta de empleo público en puestos de trabajo a disposición de la empresa privada. Por ello, hoy Día del Libro desde CSIT-UNIÓN PROFESIONAL le recomienda la lectura del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) para que su posterior aplicación en la gestión de los servicios públicos, quede dentro de la legalidad. Dado que el plazo de presentación de solicitudes previa a designar la empresa adjudicataria, todavía está vigente, los socorristas, que llevan unos diez años como interinos en este Organismo, solicitan que el Consejero recapacite y vuelva a gestionar de forma directa y sin empresas intermediarias el servicio de salvamento en las piscinas de la CM. Hoy en rueda de prensa ofrecida por las tres organizaciones sindicales: CSIT-UNIÓN PROFESIONAL, CCOO y UGT, han informado a los medios de comunicación de la situación de los servicios públicos dependientes de la CM. Los portavoces sindicales han incidido en el maltrato que están sufriendo los empleados públicos de la Administración Regional debido a las insistentes declaraciones de la presidenta de la CM, Esperanza Aguirre: “Si todos fueran funcionarios habría escasez, hambre, miseria y corrupción”. Según recordaba Esmeralda Mingo Santos, Secretaria Regional Autonómica de CSIT-UNIÓN PROFESIONAL, la Presidenta es también funcionaria al servicio de la Administración Pública y como tal, debería promocionar la imagen del empleado público que presta un servicio a la ciudadanía, en vez de arremeter contra ellos y amenazar sus salarios. Esta última decisión de la Administración Pública de despedir a trabajadores con la categoría laboral de socorristas, se une a la de privatización del servicio médico que venía desarrollándose en dicho Organismo. Aunque el Gobierno Regional se empeñe en alegar que dicha acción supone un ahorro, “desde CSIT-UNIÓN PROFESIONAL intentaremos agotar todas las vías jurídicas para que estos despidos no queden impunes. Combatiremos con todo nuestro sistema de acción sindical, para respaldar y ofrecer apoyo a todos estos trabajadores”, afirma Mingo. Los puestos anteriormente ofertados como públicos serán ahora gestionados por empresas privadas, dejando sin posibilidad de opositar a los trabajadores y reduciendo la calidad de los servicios ofertados en las piscinas. El número de socorristas disminuirá, así como su jornada.