Encarcelamiento como aviso a navegantes

LA PREOCUPACIÓN de los españoles por la corrupción se ha disparado desde enero, superando el máximo histórico situado en los años 90, cuando los escándalos cercaban a Felipe González. Así lo recoge la última encuesta del CIS, en la que la corrupción se ha aupado al segundo puesto en las inquietudes de los ciudadanos, sólo por detrás del paro. Hace un año, este problema era mencionado por el 2,4% de los encuestados, en el barómetro del pasado enero el porcentaje había ascendido hasta el 17,7%, en el último mes ha llegado al 40%. El trabajo de campo del sondeo se realizó durante los días en los que el caso Bárcenas estaba en todo su tenebroso apogeo, aunque también trascendieron escándalos de otros partidos como el de la falsa Amy Martin de la Fundación Ideas o los que afectan a la familia Pujol. Los jueces de la Audiencia de Barcelona no conocían, por supuesto, esta encuesta al dictar un auto bastante insólito en los usos judiciales españoles en el que se decreta el ingreso en prisión del empresario Pallerols y dos ex cargos de Unió condenados a menos de dos años de cárcel en una sentencia de conformidad. Pero en los fundamentos del auto sin duda han tenido muy en cuenta la indignación ciudadana hacia los corruptos y la tesis muy extendida de que los políticos gozan de un trato de favor. La Audiencia busca una finalidad preventiva: «intimidar a ciudadanos y políticos» que tengan la tentación de corromperse. El auto subraya la «incuestionable gravedad» de las cantidades malversadas «para engrosar de forma ilícita las arcas de un partido político». Lo cual invalida la tesis sustentada por Duran -para no asumir responsabilidades él mismo- de que Unió nunca se ha financiado ilegalmente.La finalidad ejemplarizante del auto está justificada en un país en el que existen 300 políticos implicados en casos de corrupción y en un contexto de muchos sacrificios para los ciudadanos debido a la crisis económica. Pero la expresión «intimidar» recogida en el auto es inoportuna e innecesaria. Probablemente el tribunal haya querido con esta decisión rechazar el pacto de los encausados con el fiscal precisamente para eludir la cárcel. Ya dijimos que era sorprendente y escandaloso que la Fiscalía pidiera de siete a 11 años de cárcel para los procesados y aceptara reducir las penas hasta un año y medio en el caso del ex director de Empleo de la Generalitat y siete meses para Pallerols. El indulto a los condenados por el caso Treball, que también afectaba a Unió, hacía sospechar que el Gobierno podía haber movido los hilos para ayudar al sector menos soberanista de CiU. No obstante, la decisión de la Audiencia está llamada a provocar polémica porque se sale de lo que es habitual en condenas de menos de dos años y sin antecedentes, y porque el dinero defraudado se reintegró a las arcas públicas por parte de Unió. Aunque por discutible que sea esta decisión, mucho más grave resulta el afán protector de los partidos hacia sus dirigentes implicados en escándalos de corrupción. Ahí es donde está la clave de la perturbadora encuesta del CIS.