En peligro las pensiones de tres generaciones

La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales lo dejó muy claro cuando en noviembre pasado presentó su informe sobre la situación social en Europa 2017 y sus recomendaciones para España: “los jóvenes están abocados a un futuro de bajas pensiones (…) deberán pagar más para sostener las pensiones y tendrán prestaciones más bajas en relación a su salario”.

La propuesta del Gobierno y su partido, el PP, en la comisión del Pacto de Toledo, para alargar el número de años para calcular la cuantía de la pensión a 30 años, 40 o a toda la vida laboral va en ese sentido. Por cada año que se alargue el periodo de cálculo las pensiones futuras serán rebajadas en un punto con respecto a cómo se calculan hoy. Lo que podría suponer una reducción de las pensiones futuras superior al 30%.

La ministra de Empleo Fátima Báñez ha salido a defender lo propuesto por el PP, diciendo que: la propuesta para ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la pensión sería “voluntaria” para los trabajadores que teniendo trayectorias largas de cotización, más de 37 años, se ven ahora perjudicados por las consecuencias de la crisis, por el paro, los ERE o un cambio de profesión.

Un caramelo envenenado con el que endulzar la amargura de lo que están proponiendo. Alargar los años de cotización significa introducir bases de cotización más antiguas y más bajas para calcular las pensiones. Y no hay que ser un lince para saber que al hacer la media se acaba reduciendo la cuantía de la pensión.

Aún aceptando que un pequeño grupo de trabajadores mayores y con muchos años cotizados pudiera beneficiarse al poder elegir si recurrir o no a toda su vida laboral para calcular sus pensiones, la propuesta excluye de esos supuestos beneficios a la mayoría de los trabajadores.«Ampliar los años de cotización a toda la vida laboral perjudica especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en condiciones de precariedad, con bajos salarios y mínimas bases de cotización»

Es una propuesta excluyente y selectiva que deja fuera a los trabajadores con empleo temporal y cortas trayectorias de cotización (especialmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes) que constituyen la gran mayoría de los expulsados al paro o que durante la crisis han visto drásticamente rebajados sus salarios.

Ampliar los años de cotización a toda la vida laboral perjudica especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en condiciones de precariedad, con contratos temporales o parciales, con bajos salarios y mínimas bases de cotización. Lo que penalizaría gravemente sus pensiones futuras.

Con sus propuestas no buscan las pensiones de los jubilados actuales. Esas ya las tienen. Con las reformas que han realizado en los últimos 30 años se las han rebajado un 20%, aumentando progresivamente los años necesarios para acceder a una pensión contributiva y ampliando de 2 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de las pensiones. La implantación del 0,25 como índice de revalorización garantiza el recorte de su poder adquisitivo cada año «Vienen con todo a por las pensiones futuras; tres generaciones de nuevos pensionistas están en el punto de mira de las nuevas reformas que se ciernen sobre el sistema público de pensiones «

Un recorte del poder adquisitivo de las pensiones en los últimos tres años de casi 1,5 puntos, equivalentes a 2.500 millones de euros.

Ahora vienen con todo a por las pensiones futuras. Las pensiones de los trabajadores que tienen 35 o 40 años y aún tienen 25 o 30 años más por delante de trabajo hasta lo 67 años de jubilación.

Las de los jóvenes que se están incorporando ahora a sus primeros trabajos con contratos precarios al mercado laboral.

Y las pensiones de los hijos de estos trabajadores que aún no tienen la edad para acceder al mercado de trabajo, pero que ya están en la nómina precaria y futura de los grandes monopolios del IBEX 35.

Tres generaciones de nuevos pensionistas están en el punto de mira de las nuevas reformas que se ciernen sobre el sistema público de pensiones y que -sino lo impedimos- pueden asestar un golpe de muerte al sistema público para transformarlo en un sistema paliativo que solo sirva para tratar los casos extremos de quienes desde la “pobreza laboral” lleguen a la jubilación.

Y con ello habrán sentado todas las bases para lograr lo que el gran capital nacional y extranjero vienen persiguiendo largo tiempo: dar un salto en los planes privados de pensiones y acceder al control de los más de 100.000 millones de euros anuales que mueven las pensiones.

Lo dicen desde Washington a Berlín; desde el FMI a la UE; el Banco de España, el Santander, el BBVA o La Caixa; De Guindos y la ministra de Empleo: quien quiera tener una pensión mínimamente digna, más allá de la mera subsistencia, tendrá que ir pensando en suscribir un plan privado de pensiones.

Todos los actores del gran capital monopolista y financiero se preparan para que la nueva reforma de las pensiones sea un avance en sus objetivos de liquidar el sistema público de pensiones. Y este será uno de los retos más importantes a los que nos hemos de enfrentar en el año que apenas comienza.

La propuesta de blindar las pensiones en la Constitución que hace la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es la alternativa al objetivo de liquidarlas. No es cierto, como pretenden hacernos creer quienes se preparan para apropiarse privadamente del sistema, que falten recursos para mantener el sistema público de pensiones. Lo que falta es voluntad política para hacerlo. Y por eso hay que “blindar las pensiones en la Constitución” para que se incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones.

Una alternativa frente a cualquier tipo de reforma, como la que está proponiendo ahora el PP en el Pacto de Toledo para aumentar el periodo para el cálculo a 30 años o toda la vida laboral que rebajaría las pensiones futuras entre un 15% y un 35%. Hay que apoyar cualquier propuesta que vaya a consolidar el sistema público y defender las pensiones futuras, como las que sindicatos y fuerzas de la oposición al Gobierno están haciendo sobre las fuentes de financiación de las pensiones (como los impuestos a la banca). Pero todas las fuerzas sociales y políticas y todos los sectores de la sociedad hemos de unirnos para plantar en la Constitución una línea infranqueable por ningún gobierno ni fuerza política, sea de derechas o de izquierdas, sobre qué se puede y no se puede hacer respecto a las pensiones.

Es cada día más urgente llevar a la Constitución el blindaje si queremos acabar con el recorte del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y, sobre todo que no nos roben las pensiones futuras de las próximas tres generaciones.