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A finales del pasado mes de julio, un documento elaborado por el ministerio de Hacienda, conteniendo 255 medidas de nuevos recortes tan concretos como drásticos, era remitido a los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas para su estudio. El objetivo, decidir en la próxima reunión del ministerio con los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuales de ellas van a aplicarse a partir del mes de septiembre.
El documento contempla medidas que van desde nuevos copagos, hasta el establecimiento de las llamadas “tasas hosteleras” en los hospitales, una nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, la eliminación de otra paga extra o la reducción de un nuevo 10% en el pago de los complementos a los profesores.«Un documento elaborado por el ministerio de Hacienda plantea 255 medidas de nuevos recortes tan concretos como drásticos» Cada una de estas medidas están incluidas en el documento a iniciativa de una o varias autonomías, que enviaron previamente sus propuestas al gobierno Rajoy, aunque el texto no especifica quién las propuso intentando evitar el desgaste político que supondría darlas a conocer ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Por esa misma razón, algunos gobiernos autonómicos proponen que sea el mismo Gobierno el que, a través de leyes de carácter general para todo el territorio nacional, asuma el coste político de los nuevos recortes, aunque serán ellos tanto los encargados de ejecutarlos como de apuntárselos en sus objetivos de contención del déficit público.Aunque algunas de las medidas del documento ya eran conocidas, y van en la línea de ahorrar gastos autonómicos mediante centrales de compras unitarias, homologación de normativas, etc, la parte más radical del documento son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios, reales o en especie.La primera propuesta consiste en un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas”. La segunda es el “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es el copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Es decir, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en Cataluña y Madrid, pero que ahora está estudiando implantar en toda España.La sanidad pública sería, una vez más, objetivo preferente de los recortes, puesto que el documento plantea también un nuevo “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”, es decir, el copago farmacéutico de las medicinas dispensadas en los hospitales.En la misma línea de establecer o aumentar copagos van otras muchas propuestas, incluidas las que se refieren a la ley de dependencia, entre las que se plantea “avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”. Y como colofón, una auténtica catarata de recortes en gastos de personal, hasta el punto de que algunas de ellas piden directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.Bruselas dixitEn buena lógica política, parecería sensato que tras el varapalo sufrido en las pasadas elecciones europeas, con la pérdida de más de 2,5 millones de votos, y la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas donde el PP se juega gran parte de su poder territorial en comunidades y ayuntamientos, el gobierno hubiera puesto un freno, siquiera momentáneo, a su abrasadora política de recortes.«Ellos se han asustado de los resultados del 25-M, a nosotros deben darnos fuerza para elevar nuestra respuesta al saqueo» Sin embargo, como reza el dicho, “donde hay patrón no manda marinero”. Y la Comisión Europea exigía a comienzos del pasado mes de junio al gobierno que pasara a concretar ya sin más dilaciones “los ajustes” (es decir, los recortes) que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit al 4,2% del PIB para el año próximo y al 2,8% en 2016. Lo que significa, en dinero contante y sonante, recortes por valor de 25.000 millones de euros de aquí a finales de 2015 y de otros 15.000 millones durante el siguiente año.Bruselas exige nuevas medidas como reducir el número de contratos, rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales.
Y en su comunicado señalaba expresamente, y de ahí que la sanidad pública ocupe gran parte de las medidas, que hay que seguir aumentando «la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria», para lo que recomendaba aumentar la “racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales”. La sumisión y plegamiento del gobierno al FMI y Berlín llega al punto de sacrificar los intereses electorales de sus propios barones y alcaldes con tal de cumplir sus mandatos.En otoño, Recortes CeroNada más conocerse el documento, profesores, médicos, funcionarios y trabajadores sociales han calificado estas iniciativas como “inaceptables e inasumibles”, como un “despropósito” y como un nuevo “ataque a los derechos de la ciudadanía”. Para el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Jesús Salido, el mensaje está claro: “más alumnos y menos profesores. Esto lleva a una masificación de las aulas”, mientras para el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, “de concretarse estas medidas serían un auténtico despropósito, un auténtico deterioro de los servicios públicos”. Por su parte, para Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y al que el gobierno autonómico de Madrid acaba de jubilar en contra de su voluntad, las medidas contempladas en el documento suponen “un desastre absoluto. Implica el deterioro del sistema sanitario y conllevaría resultados gravísimos en la atención a los ciudadanos”.Para los sindicatos de funcionarios, las plantillas de funcionarios “están bajo mínimos”, por lo que “ninguna nueva medida de recorte es asumible”.El gobierno, bajo mandato de Washington y Berlín, prepara para otoño una nueva batería de recortes. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que empezar a preparar ya un “otoño caliente” contra sus planes. Los sindicatos tienen que salir ya, de inmediato, de su inadmisible parálisis. Las mareas deben prepararse para una nueva y más contundente oleada de luchas. Los colectivos de las marchas de la dignidad han de reagruparse para organizar multitudinarias respuestas. Todo el país, los trabajadores y las clases populares debemos mostrar nuestro rechazo unitario y masivo para hacerles retroceder. Ellos se han asustado de los resultados del 25-M. A nosotros deben darnos fuerza para elevar nuestra respuesta al saqueo.