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El reconocimiento por parte de Jordi Pujol -patriarca del catalanismo político durante décadas, reconvertido ahora al independentismo- de que su familia poseyó durante más de 30 años una fortuna oculta al fisco en el paraíso fiscal suizo es un auténtico bombazo político de consecuencias todavía imprevisibles.
De un solo golpe, Jordi Pujol y su clan que hasta ahora eran uno de los patrimonios más queridos y valiosos del nacionalismo catalán pasan a ser un activo tóxico de primera magnitud, un lastre insoportable del que hay que desprenderse lo más rápido posible. Y Artur Mas, su heredero político e ideológico, queda profundamente tocado. Si hasta hoy su liderazgo era cuestionado desde numerosos frentes, ahora su futuro político a corto o medio plazo queda definitivamente arruinado. «Un sistema de corrupción y latrocinio en el que una burguesía burocrático-administrativa ha medrado sin cortapisas» Pero más allá de las graves consecuencias personales de la revelación, son sus efectos políticos los que llevan una carga envenenada. Las élites independentistas de Convergencia han hecho durante años del lema “Madrid nos roba” uno de los argumentos más eficaces para confundir y extraviar a una parte de la sociedad catalana, haciéndole creer que la única solución a sus males estaba en la ruptura con una España ladrona de la laboriosidad, el ahorro y las riquezas de Cataluña. Tras la forzada confesión de Jordi Pujol -obligado a ella ante el cerco de las pesquisas judiciales sobre la fortuna de sus hijos- ha salido a la luz que los ladrones de la riqueza de los catalanes no estaban tan lejos como la cúpula dirigente de Convergencia quería hacer creer. No sólo no había que recorrer 600 kilómetros para encontrarlos, sino que estaban sentados en los mismos despachos de la Plaza de Sant Jaume. Eran los mismos que han estado dirigiendo el gobierno de la Generalitat durante más de 25 años. Lo que a su vez lleva a cualquier persona honrada -y el pueblo lo es- a preguntarse por la naturaleza del sistema político construido por esta gente a lo largo de décadas bajo el amparo de la autonomía catalana. Un sistema de corrupción y latrocinio en el que una burguesía burocrático-administrativa ha medrado sin cortapisas, utilizando y aprovechándose de las estructuras del poder político y administrativo en su propio beneficio. Estos días hemos conocido el dato de que las pérdidas de las empresas públicas catalanas suponen el 50% de las pérdidas de todas las empresas públicas del resto de autonomías sumadas. Ahora podemos confirmar que para lo que el pueblo catalán son pérdidas que hay que pagar con subidas de impuestos y recortes de todo tipo, se han traducido también en todos estos años en pingües beneficios y enormes fortunas para algunos de sus responsables políticos. La justicia debe ponerse inmediatamente a trabajar hasta llegar al fondo del asunto. Y no sólo con el clan Pujol. Pues si el gran patrón se ha permitido actuar de esta manera, ¿es pensable que los múltiples jefes y jefecillos a su sombra no hayan acumulado los mismos, o parecidos, cadáveres en el armario? Limpiar las instituciones de autogobierno de toda esta podredumbre, relevar y enjuiciar a todos los que han participado en ella es el mejor servicio que se puede hacer hoy al orgullo y la dignidad nacional de Cataluña.