Cargando...La situación política en nuestro país es extremadamente móvil y enrarecida y los acontecimientos que la provocan se suceden cada vez con mayor rapidez. Sobre todo en torno a las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez de aprobar sus propios Presupuestos y agotar la legislatura.
En las últimas semanas hemos asistido al “golpe judicial” dado por los bancos por el impuesto de las hipotecas.
A la sorprendente voladura del pacto de Estado para renovar el Consejo General del Poder Judicial al que habían llegado PSOE y PP, que aportaba una cierta estabilidad.
A nuevos episodios del permanente estado de crispación al que PP y Ciudadanos someten al gobierno con la exigencia de elecciones anticipadas.
Al giro de Pablo Iglesias, pasando de fiel escudero acordando los Presupuestos a advertir al presidente Sánchez de que “no se puede gobernar por decreto”.
Y lo último, mientras cerramos la edición, son las declaraciones de Iglesias presionando a Pedro Sánchez exigiendo la dimisión del ministro de Exteriores, Josep Borrell, por la multa de 30.000 euros que la Comisión del Mercado de Valores le ha impuesto por usar información privilegiada para vender acciones de Abengoa en 2015, cuando era consejero de la compañía. Lo mismo que exige el presidente del PP, Pablo Casado.
Una extraña carambola que les coloca en el mismo frente con los Rufian del independentismo que atacan a Borrell y piden su dimisión por defender desde la izquierda la unidad de Cataluña como parte integral de España.
Pero la situación no solo está determinada por los agentes internos, la oligarquía financiera o los enfrentamientos entre las fuerzas políticas. Hay otros hechos que ponen de manifiesto cómo están interviniendo otros poderosos factores y actores en la situación.
Por un lado los tres informes casi simultáneos dados a conocer por el FMI, la OCDE y la Comisión Europea que rebajan las previsiones de crecimiento para España, pero que sobre todo actúan como una ofensiva en toda regla contra los Presupuestos presentados por el gobierno, colocando en el foco las medidas más significativas, como la subida del Salario Mínimo a 900 euros, la subida de las pensiones, vinculando su revalorización al IPC y bajar los impuestos a las pymes. Y exigiendo que se mantengan las reformas estructurales laboral y de las pensiones de 2011 y 2013 y exigiendo nuevas reformas y recortes.«Hacer frente a quienes intentan dinamitar las medidas arrancadas, el SMI de 900 euros, la revalorización de las pensiones por el IPC o rebajar impuestos a las pymes»
Tanto el FMI como la OCDE coinciden en las criticas y exigencias. No subir el Salario Mínimo y que los salarios se decidan en el marco de cada empresa y no con acuerdos generales negociados con los sindicatos. Profundizar la reforma laboral para abaratar aún más el despido. Subir el IVA reducido y los impuestos verdes y espaciales. Una nueva reforma de las pensiones para trabajar más años, vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida e impulsar los planes privados de pensiones.
Mientras que desde Bruselas, la Comisión Europea en su informe no solo ha advertido al gobierno sobre los Presupuestos presentados, sino que según se publicaba en algunos diarios: “Bruselas da la puntilla a las cuentas de Sánchez al alertar de desvíos en el déficit y la deuda”.
Bruselas dice que el proyecto de Presupuestos incurre en grave riesgo de “incumplimiento de las normas del pacto de estabilidad”, cuestiona tanto los ingresos como los gastos. Y pide que se se “adopten medidas para cumplir con los compromisos adquiridos”.
Junto a estos informes, una reunión ha pasado casi desapercibida en los medios, pero que por sí misma es significativa de los actores decisivos que están determinando la situación. Hace una semana multinacionales y fondos norteamericanos, entre ellos Blakstone, principal inversor norteamericano en España, con intereses en nuestro país criticaban los planes del gobierno y amenazaban con retirar inversiones en una reunión organizada por la Cámara de Comercio de EEUU en España con la ministra de Economía Nadia Calviño.
Todas las tormentas políticas y presiones tienen un mismo blanco, no tanto el gobierno en sí de Pedro Sánchez sino los Presupuestos y la propia legislatura, en la medida en que puedan salir adelante el conjunto de medidas que están dictadas por el avance y la presión del movimiento general que recorre la sociedad española, expresada sobre todo en las movilizaciones del último año y que ha tenido en la lucha por las pensiones uno de sus centros.
Las próximas semanas y meses van a ser decisivas para seguir fortaleciendo y hacer avanzar el “viento popular” y su capacidad de influencia y determinación frente a quienes intentan dinamitar las medidas arrancadas y evitar que se puedan aprobar el SMI de 900 euros, la revalorización de las pensiones por el IPC o rebajar el impuesto de sociedades a cientos de miles de pymes.
Y no se va a decidir solo en las batallas electorales que se han abierto con Andalucía, también en la calle.