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Ni un recorte más. Ni de Mas ni de Rajoy. Ampliación de los presupuestos en sanidad, educación y gastos sociales como mínimo al nivel que tenían en 2008. Para hacer esto, proponemos reducir en un 30% de los gastos de la administración pública catalana, empezando por suprimir los gastos innecesarios y los privilegios y el despilfarro de la clase política.
Cataluña es rica, muy rica. Pero gran parte de esa riqueza está monopolizada en unas pocas manos. Hay que redistribuirla. Empezando por acabar con todo el gasto innecesario dilapidado en la estructura de organismos burocráticos de todo tipo que se han ido construyendo a lo largo de estos últimos 30 años.
Además de la compleja y dilatadísima lista de altos cargos, la clase política ha tejido una auténtica maraña de organismos públicos o semipúblicos que, de conjunto, suponen un gasto de más 11.000 millones de euros anuales y generan el 20% de la deuda total de la Generalitat. «Gran parte de la riqueza de Cataluña está monopolizada en unas pocas manos. Hay que redistribuirla»
Eso es lo que está pasando en Cataluña. Que cierran ambulatorios y quirófanos para que los altos cargos que pueblan todos estos organismos puedan vivir, y muy bien, de repartirse nuestros impuestos.
Artur Mas despide a 20.000 profesionales de la sanidad y la enseñanza, pero dedica cada año 992 millones de euros a las corporaciones públicas audiovisuales de la Generalitat.
Nosotros hemos de pagar para que nuestros hijos lleven un tuper al colegio o para acompañar a un familiar enfermo en el hospital, pero el alcalde de Barcelona se embolsa cada año 36.800 euros de dietas, solo por asistir a las reuniones del Consorcio del Área Metropolitana que apenas duran entre diez y treinta minutos o para que el presidente de la Diputación cobre un sueldo superior al de cualquier ministro del gobierno de España, más de 115.000 euros anuales más dietas.
Por eso nuestro programa propone:
Rebaja de un 25% en los salarios de todos los cargos públicos superiores a 60.000 euros. Y de un 50% para los de más de 120.000. Prohibición de ocupar más de un cargo público remunerado. Supresión del salario en especie para los altos cargos de la administración (dietas, tarjetas a cuenta del erario público, coches oficiales,…) Adelgazamiento de la ineficaz estructura improductiva de la alta administración autonómica (asesores nombrados a dedo, consejos consultivos de todo tipo,..) Liquidación de todas aquellas empresas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos que en el plazo de dos años no consigan ser autosuficientes y financiarse por sus propios medios,… Aplicar todas estas medidas hasta reducir los gastos de la administración en un 30% significa ahorrar 10.000 millones de euros cada año. Destinar todo ese dinero a ampliar la inversión en sanidad, educación y servicios sociales básicos.