En busca de la seguridad laboral

Proteger la vida y la salud de los trabajadores es un apel otorgado por la Constitución al Estado. Por ello hay que exigir a éste y a las comunidades autónomas, desde todos los ámbitos, el cumplimiento del mandato constitucional, desarrollando una política de salud sustentada en cuatro pilares básicos: formación, divulgación, concienciación y una inminente ejecución de medidas que frenen la siniestralidad laboral. En materia de salud laboral se ha avanzado mucho en los últimos años. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales abrió el camino el 8 de noviembre de 1995 hacia una nueva etapa de la historia de la salud laboral española; aportó un nuevo enfoque de las actuaciones preventivas, al plantear una gestión eminentemente activa de la seguridad y la salud en el trabajo, introduciendo el concepto de prevención como llave maestra y pilar en el mantenimiento de la salud de los trabajadores. Sin embargo, y a pesar de los avances en esta materia, también hemos avanzado mucho en el deterioro de las condiciones de trabajo, la precariedad del empleo y el incumplimiento de la normativa laboral en materia de Prevención. Avanzamos en el aumento de la siniestralidad, e incluso en la aparición de nuevas amenazas profesionales, como son el elevado índice de estrés que soportan los trabajadores y las agresiones que se producen en los centros de trabajo. De hecho, los profesionales ya no sólo pueden ser agredidos por delincuentes ajenos al ámbito sanitario, y fuera de su entorno laboral, como sucedía en el pasado, sino por los propios pacientes y sus familiares que, no contentos con la atención recibida o víctimas de un ataque de ira, bien por necesidad de sustancias adictivas, bien por alteraciones psicológicas, dirigen su agresividad hacia los que tienen más cerca, es decir, hacia los profesionales de Enfermería. Ahora ya no se trata solo de adoptar medidas de protección ante el manejo de citostáticos, la movilización de pacientes, el mobbing, la sobrecarga laboral u otros riesgos; nos enfrentamos a nuevas amenazas profesionales a las que no se puede dar respuesta con las mismas armas. Precisamente, para frenar el problema de las agresiones, SATSE propone que se considere atentado contra la autoridad la agresión a los profesionales sanitarios, trabajen en un medio público o privado, y que las diferentes administraciones implanten en su respectiva comunidad autónoma un plan global de prevención y actuación frente a las agresiones al personal sanitario. La generalización de la consideración de atentado contra la autoridad a las agresiones a los profesionales sanitarios en todo el territorio español conseguirá en el futuro reducir los comportamientos como ya ocurrió en Reino Unido, pero para ello es imprescindible que las enfermeras denuncien y que las diferentes administraciones empiecen a tomarse muy en serio esta problemática en sus políticas de salud y seguridad laboral. SATSE considera imprescindible continuar difundiendo la cultura preventiva entre los profesionales sanitarios. El objetivo de las administraciones sanitarias y agentes sociales, y el de todos, debe ser conseguir un entorno seguro para los profesionales sanitarios, un objetivo aún sin conseguir en el sistema sanitario español. Seguiremos trabajando en busca de la salud y la seguridad laboral. María José García Alumbreros, secretaria general de Comunicación de SATSE