Empleo por bajos salarios y precariedad

Según el gobierno los últimos datos sobre empleo ponen de manifiesto que estamos en la senda de la recuperación económica y sí se pueden crear los 400.000 empleos anuales prometidos por el presidente en esta legislatura. ¿Pero qué tipo de empleo y a costa de qué?

Los datos publicados por el ministerio de Empleo y Seguridad Social que preside Fátima Báñez constatan que 2016 cerró con 390.534 parados menos inscritos en las oficinas de empleo, lo que supone que en total hay 3,7 millones de parados. La “mayor bajada de la historia”, dice la nota de prensa del ministerio. Y con 540.655 cotizantes más en la Seguridad Social. La mayor subida en una década.Hasta aquí la cara iluminada por todos los medios y sobre la que el gobierno promete llegar a los 20 millones de ocupados al final de la legislatura en 2020.

Pero esta no es toda la realidad del mercado laboral. Ni siquiera es la cara principal. Como refleja la encuesta de diciembre del CIS: sube la inquietud por el paro y la situación económica. El paro es la mayor preocupación para el 74,7% de los españoles, y el 60,4% ve la situación económica mala o muy mala.

Y no es para menos.

La “cara oculta” del empleo

Los datos que aparecen en la otra cara ponen de manifiesto cómo 2016 -el año que culmina un ciclo de cinco años de reforma laboral- se puede calificar como el año del empleo precario, es decir: empleo de bajos salarios y temporalidad.

La creación de empleo de Rajoy se basa ante todo y en primer lugar en cambiar empleo por rebaja salarial. Una rebaja no sólo para algunos sectores sino general que recorre de arriba a bajo todo el mercado de trabajo. La reforma laboral ha sido el instrumento principal, facilitando diferentes tipos de mecanismos para recortar los salarios.

La reforma laboral ha creado el marco legal para generalizar la sustitución de empleo fijo indefinido por nuevos contratados con hasta un 36,6% menos de salario. Dato reconocido por un estudio del Banco de España. Permitiendo las dobles escalas salariales, sobre todo en las grandes empresas y multinacionales. Empresas como Nissan, Seat, Renault, Acerlor Mittal o Sony han impuesto rebajas salariales, incluso superiores al 20%, para los nuevos contratados.

Ha sentado las bases para romper la negociación colectiva, anteponiendo los convenios de empresa por encima de los sectoriales para imponer salarios por debajo de convenio del ramo y aplicando la flexibilidad en la jornada laboral, horarios, festivos, vacaciones, nocturnidad, horas extra o eliminar complementos salariales. Los sindicatos denuncian que el 60% de las horas extras no se pagan, cada semana se dejan de pagar 4 millones de horas extra en España.

Y ha facilitado la contratación precaria, temporal y por horas, lo que hace que más del 90% de los nuevos contratos que se firman sean temporales y la mayoría sean a tiempo parcial. Lo que significa que 3,5 millones de trabajadores tengan salarios de apenas 350 euros mensuales, gracias a la extensión de la temporalidad y los contratos a tiempo parcial, obligatorios porque no hay otra cosa. En diciembre pasado se hicieron 1,7 millones de contratos, las cifras más altas de toda la serie histórica, pero sólo 122.000 (el 7,2%) fueron indefinidos.

De los casi 20 millones de contratos que se firmaron en todo el año 2016, apenas 1 de cada 10 fue indefinido y el 90% temporales. Y de éstos la inmensa mayoría fue a tiempo parcial.

La duración media de los contratos temporales se ha reducido en 30 días. Así uno de cada cuatro dura 7 días o menos. Y según la EPA la contratación temporal y a tiempo parcial afecta fundamentalmente a las mujeres y a los jóvenes menores de 30 años que concentran el 58% de ese tipo de contratos.

Además, menos parados tampoco significa más empleo real. Rajoy y sus ministros pregonan a los cuatro vientos que su reforma laboral ha creado más de medio millón de puestos de trabajo. Pero no es cierto. En los últimos cinco años sólo se han creado 43.500 empleos netos. Aunque el paro registrado ha bajado en 677.200 personas. ¿Dónde están las 633.000 que faltan?

En el descenso de la población activa, porque han emigrado al extranjero, se han jubilado o se han cansado de acudir a las oficinas de empleo buscando un trabajo que nunca llega.

Acabar con la precariedad laboral redistribuyendo la riqueza

Dicen los sindicatos que para cambiar esta situación es necesaria “una política fiscal expansiva” y “apostar por sectores de mayor valor añadido” -que permitan crecer a medio y largo plazo en base a la innovación, la formación y el conocimiento creando empleo de calidad- y “derogar la reforma laboral para sustituirla por un nuevo Estatuto de los Trabajadores”.

Evidentemente es una dirección radicalmente contraria a la que sigue el gobierno de Rajoy, donde son el comercio, la hostelería y las actividades administrativas los sectores donde más empleo se crea.

Tienen razón, pero eso sólo será posible apostando decididamente por políticas de redistribución de la riqueza, que aporten los recursos necesarios para dar el giro que necesitamos.

No es posible apostar por “sectores de mayor valor añadido” con políticas activas de fomento del empleo basadas en subvenciones o inversiones de unos pocos miles de euros para pagar sueldos que ni siquiera lleguen a los mil euros durante unos pocos meses.

Necesitamos inversiones de al menos 50.000 euros por empleo (es una media aproximada de lo que cuesta crear un empleo industrial) en sectores productivos que modernicen y desarrollen el tejido industrial y tecnológicamente avanzados del país, vinculado a sectores punteros, entre ellos el de las nuevas energías.

Serían necesarios 50.000 millones de euros por cada millón de empleos productivos, industriales y de calidad. ¿Hay recursos para ello?

España no es un país pobre. A pesar de la crisis el PIB español (la capacidad para crear nueva riqueza) no ha bajado nunca del billón de euros en la última década. El problema es que esa riqueza se acumula cada vez más en menos manos. El 1% más rico, un puña do de bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital extranjero concentran el 77% de la riqueza. Y desde el estallido de la crisis los recursos públicos se han puesto al servicio de rescatar sus bancos, eléctricas o autopistas, con más de 250.000 millones de euros entre dinero en efectivo y avales.

Bastaría con tomar dos medidas de redistribución para disponer de más de 100.000 millones de euros. Por un lado, recuperar lo entregado en efectivo a la banca. Por otro, mantener Bankia (que se quiere vender al capital extranjero) como un gran banco público y sus recursos puestos al servicio de la reindustrialización y el crédito a la economía nacional.

Con esos recursos se podría crear un Fondo Especial de Fomento del Empleo de 100.000 millones de euros para crear 2 millones de puestos de trabajo estables, productivos y de calidad dando un salto cuantitativo y cualitativo en la recuperación del tejido industrial español.