Embajadas «autonómicas» una ví­a al despilfarro

Las autonomí­as acumulan 196 delegaciones de distinto tipo en el extranjero. Un delegado de la Generalitat de Cataluña en el extranjero cobra 87.000 euros/año más los gastos de entre 5 y 10 funcionarios y asesores por delegación

Según los datos remitidos or el gobierno al Congreso, las comunidades autonómicas mantienen en el extranjero 196 delegaciones oficiales (“embajadas”, oficinas de promoción comercial, centros de turismo, institutos culturales). Toda una red paralela a la diplomacia española del Estado y con toda la parafernalia de funcionamiento que significa; es decir, cientos de oficinas y funcionarios, decenas de dirigentes políticos que ejercen de “embajadores”, viajes, gastos de promoción, etc. Estas delegaciones, que siguen creciendo a pesar de la crisis, son una de las manifestaciones más claras de gastos innecesarios del Estado de las autonomías.No se trata de negar la conveniencia de que las Comunidades autónomas puedan mantener delegaciones exteriores siempre que estuvieran al servicio de los intereses del conjunto de los ciudadanos (por ejemplo para abrir nuevos mercados a los productos de las comunidades), coordinadas y en colaboración con la estructura político-diplomática del Estado, y con presupuestos austeros y ajustados que no supongan una carga extra para sus comunidades. Pero ni mucho menos es así.Cataluña es la comunidad con un “servicio exterior” más extenso con 46 delegaciones, la cuarta parte del total. Y así mismo el que mejor refleja la importante vía al despilfarro de recursos públicos, que supone una auténtica sangría de millones de euros destinados fundamentalmente a la promoción de los intereses de las burguesías burocráticas y locales de cada territorio. Carod Rovira, de ERC, es el responsable de la “acción exterior” del gobierno tripartito catalán que preside Montilla, junto con su hermano Apel.les, nombrado “embajador” de la delegación de la Generalitat en París, la “señera” de las delegaciones catalanas. El derroche que suponen estas delegaciones queda suficientemente reflejado en apenas tres pinceladas. La ubicación de las delegaciones, en las zonas más caras de las principales ciudades del mundo. Valga como ejemplo la sede de la delegación de la Generalitat catalana en la exclusiva calle de la Boétie de París, o la sede de Nueva York en Park Avenue, la zona más cara. Los costes de estas delegaciones, si tenemos en cuenta que un delegado de la Generalitat en el extranjero tiene el rango de un director general con un sueldo de 87.000 euros anuales, con varios funcionarios y asesores a su servicio, entre 5 y 10 dependiendo de la importancia de la “embajada”. Por último, como ejemplo de los gastos asociados de los políticos que viajan a visitar estas delegaciones, Carod Rovira se justificó en “motivos de seguridad” ante el Parlamento catalán por el uso de hasta 20 tarjetas de crédito para cargar los gastos de uno de sus viajes al exterior.Cuidar el votoEl cuidado y la captación del voto emigrante es otro de los intereses que justifican la apertura de “embajadas” autonómicas allí donde hay importantes colonias de descendientes de la emigración. Es lo que ha estado haciendo el PNV en los países con importantes focos de emigrantes vascos desde México a Estados Unidos, pasando por Chile, Cuba o Nicaragua . Y las regiones con más emigración como Galicia, Asturias y Canarias que han extendido sus delegaciones por toda Iberoamérica.Ni siquiera la crisis y el disparado endeudamiento de las comunidades autónomas ha puesto límites al imparable crecimiento de este “servicio exterior”, hasta el mes pasado la Genralitad de Cataluña aprobó abrir una nueva delegación en México para “intensificar las relaciones bilaterales” con México y Centroamérica. ¿No estamos ante una imparable cadena de gastos innecesarios del Estado de las autonomías? ¿Endeudarnos más e invertir los recursos en “embajadas” autonómicas es el camino para afrontar los problemas que tenemos y salir de la crisis? O por el contrario, ¿no es una vía abierta al despilfarro? Aún más sangrante en una época de crisis y aguda recesión económica, especialmente cuando alimentar “el servicio exterior” supone reducir recursos para sanidad, educación, justicia o infraestructuras.