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El Tribunal Supremo ha realizado un par de sentencias, con respecto a dos prácticas declaradas abusivas (la cláusula suelo y a la formalización de los gastos hipotecarios) mitigando su impacto en favor de los bancos. Una muestra de cómo las altas instancias del Estado están al servicio de la clase dominante.
El 12 de abril, se hacía público que el Tribunal Supremo había dado como válido un contrato entre la Caja de Ahorros de la Inmaculada (absorbida ahora en Ibercaja) y un cliente particular por el cual éste último aceptaba no demandar a la caja de ahorros a cambio de una rebaja en la cláusula suelo, pasando del 4’5 % al 2’25%.
Este contrato fue firmado en enero de 2014, fecha posterior a que el mismo Tribunal Supremo declarase como abusivas las cláusulas suelo, pero mucho antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciase que los bancos debían devolver todo el dinero obtenido mediante esta práctica.
Tras la sentencia del TJUE, el cliente demandó al banco y la Audiencia Provincial de Zaragoza le dio la razón. Pero Ibercaja presentó un recurso al Tribunal Supremo y éste ha fallado en favor del banco. Por lo que a partir de ahora, todo cliente que haya negociado las condiciones de la cláusula suelo antes de la sentencia del TJUE no podrá demandar al banco para poder recuperar su dinero, gracias a esta última sentencia del Supremo.
Previamente, el 28 de febrero el Tribunal Supremo también sentenciaba que los bancos estaban exentos de pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) dentro de los gastos de formalización de la hipoteca. Y que el cliente es quien debe hacerse cargo del coste de ambos impuestos.
En 2015 se había sentenciado como abusiva la práctica de obligar a pagar todos los gastos de formalización como abusiva e ilegítima. Pero ambas tasas -el IAJD y el ITP- vienen a ser, por norma general, más de la mitad del coste de formalización, que ahora corre por parte del cliente. Por ejemplo, en una hipoteca de 160.000 euros, los gastos de formalización son de media 3.465 euros. Y de estos, el IAJD supone 1.800 euros.
Esta sentencia tiene como consecuencia la reducción drástica del número de demandas particulares contra este tipo de práctica abusiva. El resto de los gastos de formalización no es dinero suficiente como para que un cliente acepte todos los costes que supone llevar el caso a los tribunales.
Estas sentencias permiten a los bancos salvaguardar parte del dinero que han obtenido mediante sus prácticas abusivas. Las luchas populares han logrado asentar duros golpes contra este tipo de estafas, gracias a su movilización y organización: por ejemplo logrando la abolición de las cláusulas suelo. Pero el Tribunal Supremo, como aparato de Estado, trabaja para degradar todas estas victorias de manera que dañen lo menos posible los intereses de la banca.