El timo de Bolonia

«Es cierto que los representantes de las instituciones suelen realizar declaraciones positivas respecto de la eficacia y de las ventajas del recién puesto en marcha proceso de Bolonia, pero el sentir universitario no es nada favorable. Y si rectores y decanos suelen pensar que las quejas no son más que simples pataletas de profesores que se verán obligados a trabajar más, lo cierto es que la resistencia a la implantación es mucho más amplia de lo que parece».

El roblema es que la realidad ha sido muy diferente de la esperada, empezando porque la reforma, que nos lleva hacia carreras más caras, no hace más que prolongar la estancia de los universitarios en las facultades. Como señala Juan Carlos Mejuto, profesor de química en la Universidad de Lugo, y ex decano de la facultad de Ciencias, “antes un alumno cursaba cinco años a una media de 900 euros por año. Ahora estudia 4 años para el grado a razón de 900 euros anuales, más otros dos de master a una media de 1.800. Y todo eso reduciéndose la oferta de becas y aumentando la de créditos reembolsables”. EL MUNDO.- Revelamos hoy la existencia de un documento que indica que el Gobierno, en plena negociación con ETA, esgrimió ante ella el chivatazo que evitó una operación contra su red de extorsión a empresarios, como prueba de que cumplía sus compromisos. Se trata de un acta redactada por ETA en 2006, y que incluye un entrecomillado atribuido a un negociador del Gobierno: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». Si lo que dice ese acta es cierto, y no se nos ocurre por qué ETA iba a mentir al respecto, estaríamos ante un asunto de gravedad extrema, que explicaría además por qué desde todas las instancias se ha tratado de echar tierra sobre el asunto Opinión. El Confidencial El timo de Bolonia Esteban Hernández “Una cosa es que las universidades no den una formación suficientemente buena y que haya que actualizar sus planes de estudios y otra es convertirlas en puras pantomimas de las que no saldrán profesionales solventes”. Lo que afirma sobre el proceso de Bolonia Santiago Muñoz Machado, el conocido abogado y catedrático de derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, es una opinión muy extendida en los ambientes académicos. Es cierto que los representantes de las instituciones suelen realizar declaraciones positivas respecto de la eficacia y de las ventajas del recién puesto en marcha proceso de Bolonia, pero el sentir universitario no es nada favorable. Y si rectores y decanos suelen pensar que las quejas no son más que simples pataletas de profesores que se verán obligados a trabajar más, lo cierto es que la resistencia a la implantación es mucho más amplia de lo que parece, aun cuando se muestre públicamente, como dice Juan Carlos Mejuto, profesor de química en la Universidad de Lugo, y ex decano de la facultad de Ciencias, bajo el manto de la “cristiana resignación”. Y eso que muchos profesores estuvieron de acuerdo con la idea de partida, viendo con muy buenos ojos que se equiparasen la nomenclatura, la duración y la validez de las carreras que se cursaban en el sistema universitario europeo. El problema es que la realidad ha sido muy diferente de la esperada, empezando porque la reforma, que nos lleva hacia carreras más caras, no hace más que prolongar la estancia de los universitarios en las facultades. Como señala Mejuto, “antes un alumno cursaba cinco años a una media de 900 euros por año. Ahora estudia 4 años para el grado a razón de 900 euros anuales, más otros dos de master a una media de 1.800. Y todo eso reduciéndose la oferta de becas y aumentando la de créditos reembolsables. La Xunta de Galicia ha ofertado sólo 50 becas para cursar estudios de master cuando tradicionalmente salían entre 150 y 200 becas anuales para ese ciclo”. Y tampoco los cambios están generando, como argumentaban los promotores de la reforma, una enseñanza de mejor calidad. Como asegura Mejuto, la intención de Bolonia, “que es romper con el modelo educativo alemán para ir hacia el anglosajón, no asegura ninguna mejora”. Porque ese paso, “además de estar afirmando que los últimos 40 años del sistema universitario español son un completo fracaso” no garantiza que tengamos enseñanzas más prácticas. Más al contrario, nos lleva hacia efectos indeseados. Así, al exigir mayor presencialidad (“se exige la asistencia al 70% de las clases para aprobar”) hará muy difícil que se puedan compatibilizar los estudios universitarios con un trabajo, “lo que cercenará la posibilidad de reciclaje de quienes cuentan con un empleo. Lo lógico sería buscar herramientas como la teledocencia a través de plataformas, la existencia de varios turnos para hacer prácticas o las matrículas a tiempo parcial, en lugar del aumento de la presencialidad”. Son apuestas como esta las que hacen afirmar a muchos críticos con Bolonia que existe una intención expresa de restringir el acceso a la formación universitaria, reservándola para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Pero no es el único aspecto pedagógico de la reforma de Bolonia que ha suscitado una fuerte oposición. El resumen más significativo de las críticas se contienen en el manifiesto Saquemos los estudios de Derecho del proceso de Bolonia, que fue suscrito por relevantes figuras jurídicas, como Eduardo García de Enterría, Luís Díez-Picazo, Aurelio Menéndez, Francisco Laporta, Enrique Gimbernat, Francesc De Carreras, Tomás-Ramón Fernández o Manuel Atienza, donde se advertía que Bolonia crearía “un jurista menor, liviano y acrítico, con tendencia al pragmatismo de vía estrecha y a la docilidad, incapaz de elevarse por encima de las pequeñas y eventuales regulaciones del día para proyectar una verdadera mirada profesional al mundo del derecho”. Según Muñoz Machado, uno de los firmantes, acabar con el modelo germano sería nefasto: “un país como el nuestro tiene que mantenerse en la tradición universitaria centroeuropea, que es a la que pertenecemos y que ha demostrado repetidamente su valía”. En ese sentido, no entiende el catedrático de Derecho Administrativo el desprestigio que está recayendo sobre la lección magistral: “Yo voy a clase a explicar la materia a los alumnos, no a que ellos me la enseñen a mí”. Se refiere Muñoz Machado a que el modelo anglosajón, por el que se está apostando, prefiere las clases mucho más participativas, con frecuentes debates, siendo los alumnos quienes lleven la voz principal. “Y eso está muy bien para algunas universidades americanas (no para todas, hay muchas muy malas que aplican ese método) pero para nosotros es un cambio de paradigma fundamental del que desconocemos por completo sus resultados”. Y las señales no son precisamente positivas: “cuando hemos pedido a los estudiantes que se lean cosas y que vengan a las clases informados, provocas una estampida en la clase. Es un tipo de esfuerzo que cuesta una barbaridad a nuestros estudiantes. No estoy en absoluto seguro de que los alumnos vayan a adaptarse bien a este nuevo método”. Si abandonamos las discusiones sobre el modelo pedagógico para entrar en la valía de los nuevos títulos, tampoco decrecen las críticas. Como asegura Juan Carlos Bermejo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de La fábrica de la ignorancia. La universidad del “como si” (Ed. Akal), la equiparación de título que Bolonia promete es del todo relativa. “Al igual que en Europa tenemos una moneda común y eso no supone que todos contemos con el mismo nivel de vida, que tengamos un título válido en Europa no quiere decir que su peso real a la hora de buscar un trabajo sea el mismo. Un título de inglés en Oxford no vale igual que uno obtenido en Santiago de Compostela”. Y ni siquiera en cuanto a los contenidos de las carreras parece que se hayan podido alcanzar resultados positivos. Según Mejuto, se ha seguido el camino contrario al que dicta el sentido común. Antes, cada país europeo tenía un catálogo de titulaciones diferentes, de forma que era muy difícil establecer equivalencias entre sus títulos: en un país se cursaba ingeniería de telecomunicaciones, en otro ingeniería eléctrica, en otro ingeniería electrónica y así sucesivamente, cada una de ellas además con contenidos distintos. Pero para solucionar esta dispersión, que era el objetivo de Bolonia, “en lugar de sentarse a nivel ministerial para establecer un catálogo de titulaciones a nivel europeo con contenidos similares, han dejado que sean las universidades las que implanten sus propias titulaciones. Al final, una expide un título de ingeniero agrícola, otro de ingeniero agrario, otro de ingeniero agrónomo y otra de ingeniero del medio rural: eso oscurece más que clarifica”. Lo sensato hubiera sido, según Mejuto, que “la UE hubiese establecido unos contenidos mínimos. De este modo, si alguien quisiera estudiar química en cualquier país europeo, habría de aprender una serie de enseñazas mínimas normativamente fijadas, lo que luego haría que el título realmente fuese válido en el ámbito comunitario”. Según Bermejo, Bolonia tenía dos objetivos prioritarios, reducir el número de universidades y el de estudiantes. Un deseo lógico, en tanto “los centros universitarios son cada vez menos importantes en la investigación. Hoy las mayores empresas desarrollan sus propios programas de I+D, siendo privada el 80% de la investigación de EEUU, Japón y Alemania. Además, como hoy se busca formar trabajadores adaptados a un puesto de trabajo y hay mucho menos interés por la formación integral, las universidades interesan muy poco”. Sin embargo, y a pesar de esa intención expresa, en España no se va a conseguir que se reduzca el número ni de universidades ni de alumnos. Las primeras se mantendrán, asegura Bermejo, porque “como dependen de las autonomías, la cosa se complica enormemente”. Y en cuanto a los segundos, seguiremos con la inflación de estudiantes. “En Alemania, 2 de cada 3 chicos estudian Formación Profesional, lo cual es importante, teniendo en cuenta que alguien que sale preparado de la FP obtiene un empleo bien remunerado. En España 2 de cada 3 son universitarios con pocas posibilidades de conseguir buenos trabajos”. Pero si la situación es tan negativa como la descrita, bien podríamos preguntarnos por qué no ha habido una resistencia institucional mucho mayor a la implantación de Bolonia; por qué las numerosas quejas no han conseguido que solidificara una acción de amplio alcance. Y una posible respuesta puede residir en esa sensación resignada que desprende el ámbito académico, en ese sentimiento de enfrentarse a un proceso que no tiene marcha atrás. Como explica Muñoz Machado respecto del manifiesto que suscribieron, si bien los firmantes continúan pensando lo mismo, “ninguno tiene muchas ganas de pelear. Creímos que teníamos el deber moral con nuestro país, con nuestras universidades y estudiantes de decir lo que dijimos, pero no somos nosotros los responsables de las reformas administrativas ni de las universitarias. Hicimos una reflexión necesaria, pero ya no estamos para ir a las barricadas”. EL CONFIDENCIAL. 26-12-2009 Editorial. El Mundo Un documento que compromete seriamente al gobierno REVELAMOS HOY la existencia de un documento que indica que el Gobierno, en plena negociación con ETA, esgrimió ante ella el chivatazo que evitó una operación contra su red de extorsión a empresarios, como prueba de que cumplía sus compromisos. Se trata de un acta redactada por ETA en 2006, y que incluye un entrecomillado atribuido a un negociador del Gobierno: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». Si lo que dice ese acta es cierto, y no se nos ocurre por qué ETA iba a mentir al respecto, estaríamos ante un asunto de gravedad extrema, que explicaría además por qué desde todas las instancias se ha tratado de echar tierra sobre el asunto. De entrada, lo relatado en el documento, que está en poder de la Justicia francesa y que conoce la Inteligencia española, cuadra con una grabación que la Policía realizó sin su consentimiento a Elosua, propietario del bar Faisán y recaudador de la banda, en la que éste asegura que, quien le avisó de la operación, justificó que lo hacía «para no fastidiar el proceso». El contenido del acta de ETA a la que ha tenido acceso EL MUNDO refuerza así la tesis de que fue el Gobierno quien gestionó el chivatazo. Pero tan definitoria como la literalidad del documento y lo que da verosimilitud a éste es el contexto en el que se producen los hechos. En 2006, los terroristas reprochaban al Gobierno que mantuviera su acoso a la banda mientras estaba negociando. A partir del chivatazo se suceden toda una serie de acontecimientos que refuerzan la credibilidad del acta de ETA. Es revelador, por ejemplo, que una de las decisiones de Grande Marlaska -antes de que Garzón se hiciera cargo del caso- fuera apartar de la investigación al comisario general de Información, Telesforo Rubio, que se mostró poco colaborador. Está así mismo el hecho de que fueran imputados el ex director general de la Policía, García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava. Se da la circunstancia también de que el jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, a quien se ha señalado como presunto coordinador del soplo, fue apartado discretamente de su puesto. No parece casual que cuando la Fiscalía desarrolló una hipótesis alternativa a la del juez, lo hiciera buscando a los responsables del chivatazo entre los agentes. Tampoco, que Interior pusiera al frente de la investigación a agentes que habían participado en la propia operación Faisán. Además, Jon Iurrebaso, terrorista detenido en Francia en 2007, que aseguró ser negociador entre el Gobierno y ETA, llevaba un número de teléfono que correspondía a una tarjeta prepago utilizada por García Hidalgo. Otro factor a tener muy en cuenta es que uno de los negociadores ante ETA era Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Garzón, hombre vinculado al PSOE y hoy miembro del CGPJ. Eso abona la idea de que el chivatazo a ETA, su utilización en la negociación y el bloqueo de la investigación judicial, pudieran ser fases de un mismo plan. Cabe aquí recordar un episodio que consta en el sumario. Un comisario, para tranquilizar al jefe superior del País Vasco sobre su implicación en el caso, le dijo: «No te preocupes, Baltasar es amigo». ¿Explica eso que Garzón no avance en su investigación? Más aún: dado que el juez está hoy contra las cuerdas -el Supremo puede admitir una querella por prevaricación y cohecho contra él derivada del asunto de sus cursos en Nueva York, y tiene pendientes también los casos de las fosas de la Guerra Civil y las escuchas a los abogados de Gürtel-, ¿es ahora el lance del chivatazo el as en la manga que quiere utilizar para presionar a las instituciones a su favor? Se podrá objetar que no cabe descartar la hipótesis de que el Gobierno fue ajeno al soplo y que sólo lo usó en su favor para convencer a la banda de su compromiso con el proceso. Pero se trata de una tesis que tendría más credibilidad si no supiéramos todos los demás pormenores. Si queda acreditado que el chivatazo se diseñó al más alto nivel del Gobierno estaríamos ante el asunto más grave desde que Zapatero llegó a La Moncloa. Tan escandaloso como el hecho inaudito de haber abortado una operación antiterrorista sería que el Gobierno hubiera estado mintiendo todos estos meses para tratar de ocultar su responsabilidad. EL MUNDO. 27-12-2009