Cargando...Las arcas públicas son, en medio del colapso del negocio inmobiliario, el refugio de las grandes constructoras. A nivel central, la asociación que aglutina a las grandes compañías constructoras ya anima al nuevo ministro de Fomento, José Blanco, a hacer un esfuerzo inversor de 11.000 millones de euros anuales en 2009 y 2010, el equivalente al 1% del PIB, en las grandes obras de autovías y transporte ferroviario. A nivel local, la construcción del nuevo edificio del Congreso de Castilla y León es un ejemplo de cómo el mantenimiento de los beneficios de estas grandes industrias exige va ligado a la suntuosidad y el despilfarro de la clase política. .
El edificio fue inaugurado en noviembre de 2007. En esa fecha, el Presidente de las Cortes castellanas anunció ya que su resupuesto superaba en 8 millones los 39 millones previstos inicialmente. Las obras se habían adjudicado en 2004 por 39.680.938 euros a la Unión Temporal de Empresas liderada por Fomento de Construcciones y Contratas. A finales de enero de este año 2009, un documento de la Intervención de la Cámara regional ya cifraba en 79,5 millones de euros la factura global. Sólo la construcción del edificio ha costado casi el doble de su presupuesto inicial. Sólo la construcción. A estas cifras hay que añadir el equipamiento y el mantenimiento de los que no se conocen todavía los gastos.El presidente de Castilla y León, Fernández Santiago, ha protestado por estas cuentas y ha remitido a la prensa local las suyas. No son 79, son 65. Además de los 47 millones ya admitidos el día de la inauguración, recogen una partida de 5,7 millones ‘por revisión de precios’; otra de 5,1 millones por la ‘adaptación de las dependencias de los grupos parlamentarios y ubicación del Servicio de Archivos’; otra de 5,2 millones por ‘liquidación de obras y final’ de 1,9 millones por la ‘revisión de precios de liquidación’. El presidente se dejaba fuera un aparatado llamado ‘Obra Complementario 11 Certificaciones’, que recoge la instalación de todo el sistema de telecomunicaciones y que asciende a 7,9 millones de euros. Un sistema similar al que existe en el Congreso de los Diputados que no repara en tecnología punta en cada escaño o en las cabinas para los medios de comunicación. Otros proyectos que el Presidente no recoge y sí lo hace el organismo fiscalizador de la Cámara son el ‘proyecto básico’ (1,4 millones de euros), ‘proyecto modificado’ (406.000 euros), ‘consultoría e interiorismo (324.00 euros), dirección facultativa de la empresa de ingeniería Eptisa y liquidación (1,3 millones), obra complementaria de escaños (872.632 euros), obra complementaria de mostradores (532.612) o la obra complementaria de la iluminación del Cubo (595.812 euros).