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El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que condena al President de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación.
La sentencia, y que supone la primera inhabilitación de un presidente catalán en el ejercicio del cargo, ha entrado en vigor automáticamente y prohíbe a Torra el desempeño de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.
El desencadenante de esta sentencia, que añade un plus de inestabilidad a la ya convulsa situación política catalana, es un acto de desobediencia tan pueril como simbólico, que poco tiene que ver con la radicalidad y la «épica» de actos como el referéndum del 1-O o la Declaración Unilateral de Independencia (DUI): mantener lazos y pancartas. Un síntoma más de la marcada decadencia de un procés que va de retroceso en retroceso.
La inhabilitación por desobediencia es consecuencia de la negativa de Torra a cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara, en plena campaña electoral, lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos independentistas presos del balcón del Palau de la Generalitat. Además de la pena, el fallo del Tribunal Supremo también obliga al ahora expresident a pagar la multa de 30.000 euros que le impuso el TSJC y al pago de las costas del proceso.
Poco después de conocerse el fallo del Supremo, Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat, acompañado por sus consellers, para exigir que las elecciones catalanas -que aunque no tienen plazo, deberán producirse como máximo en febrero de 2021- sean «un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirmen el referéndum del 1 de octubre”.
Con la inhabilitación de Torra, Pere Aragonés, vicepresidente y candidato de ERC en los comicios, asumirá la presidencia interina. No podrá cesar consellers ni dictar leyes, aunque sí decretos para garantizar una mínima gobernabilidad, compartirá con la portavoz del Govern, Meritxell Budò, de JxCAT, una dirección bicéfala, y su principal acto será la firma del decreto de la convocatoria electoral.
Al cierre de esta edición, las plataformas independentistas ANC y Òmnium han convocado actos de protestas frente a los ayuntamientos, y unas 400 personas se han congregado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Cifras muy alejadas de la gran capacidad de convocatoria que en los últimos años ha demostrado tener el independentismo catalán.
¿En que condiciones se produce esta sentencia?
Primero, en una situación donde las fuerzas que componen el gobierno, ERC y PdeCat (exCiU) no solamente mantienen una tensa cohabitación en la Generalitat, sino que plantean posiciones completamente enfrentadas, y donde buena parte de lo que fue la antigua CiU trata de enterrar el procés -que consideran una vía muerta- y huyen de la dirección de Puigdemont. Los sectores mas ultramontanos y rupturistas de la burguesía burocrática procesista, entre los que se halla Torra, que se reagrupan bajo las siglas de Junts per Catalunya tratan de remontar el vuelo aprovechando esta sentencia, pero están cada vez más débiles, aislados y en retroceso social y político.
Segundo, en una situación marcada, como en el resto de España, por una gravísima “doble pandemia”, sanitaria y socioeconómica que está golpeando duramente a la sociedad catalana.
Lo que los procesistas esperaban como el «momentum» propicio para transformar el malestar social en un nuevo y decisivo impulso hacia la independencia se ha traducido en lo contrario. Las preocupaciones de la mayoría social catalana -como la del resto del pueblo trabajador español- se centran en el coronavirus, el aumento del paro, los ERTES… y no en revivir un procés que hace tiempo que está más muerto que vivo.
Por eso, por más que Torra apele a “la ruptura democrática” tras la sentencia que lo inhabilita, como “única vía para conseguir la independencia”, muy pocos parecen dispuestos a seguirle. Según la última encuesta de la demoscópica GAD3 para La Vanguardia, sólo el 26% de los catalanes apuesta hoy por un nuevo referéndum independentista. Y solo un tercio de los votantes de Puigdemont y uno de cada cinco de los de Junqueras apostarían en estos momentos por una nueva DUI.
Sin embargo, la coyuntura no está exenta de peligros. A pesar de la decadencia del procés y de sus más acérrimos defensores, la gravísima situación sanitaria y socioeconómica por la que atraviesa España -y en particular Cataluña- generan y generarán peligrosas turbulencias que no están ni mucho menos libres de ser utilizadas por quienes -como Torra o Puigdemont- gustan de sacar beneficios del malestar de la gente. Para los reaccionarios como Quim Torra, el rio revuelto es siempre una buena noticia.
«Que tanta paz lleves, como descanso dejas»
La comparecencia de Torra tras la sentencia -con su consabido y victimista argumentario- sólo ha llamado a usar las próximas elecciones catalanas como trampolín para un nuevo impulso rupturista. Las últimas palabras de Torra como President de la Generalitat apenas se han referido a los problemas que hoy agobian a la inmensa mayoría de los catalanes: la pandemia, la preocupante situación epidemiológica de Cataluña, o los padecimientos sociales y económicos por los que atraviesan las clases populares. Tampoco debe extrañar a nadie de que Torra no haya hablado de lo que nunca le ha importado.
Por eso, es una buena noticia que tan nefasto y ultrareaccionario personaje -que tan a gala tiene su xenofobia identitaria- se aparte de la vida política. Como dice el refranero «que tanta paz lleves, como descanso dejas».