Cargando...El juicio, celebrado el pasado 18 de noviembre, era el resultado de la demanda interpuesta por la SGAE ante la activa campaña del sindicato anarquista contra el desmesurado mercantilismo y afán recaudatorio, con el mínimo esfuerzo posible, de la sociedad de autores.
La tesis de que con esta demanda la Sociedad General de Autores retendía cortar cualquier disidencia interna o externa al polémico canon digital fue ratificada en diciembre pasado, cuando el periódico El Economista hizo público que la SGAE estaba contratando detectives para recabar información sobre personas y organizaciones críticas con el canon digital. En ella aparecían las declaraciones de uno de los detectives según las que el objetivo que tenían era “grabar a todos los que aparecen y después investigarles. No se trata de conocer su patrimonio, sino saber en que páginas webs entran, sus relaciones personales y capacidad de convocatoria“. Aunque el uso de detectives hasta ahora había venido vinculada a la vigilancia de bodas, fiestas o bares para obligarles a pagar los derechos de autor de la música que libremente utilizaban, la vigilancia de disidentes, propio de un estado policial, de los aparatos de la policía política, ha supuesto un salto en el conocimiento de los mecanismos por lo que se pretende, no ganarse, sino imponer el respeto a la propiedad intelectual. Esto no es un hecho puntual ni una particularidad de España. Más allá de la anécdota del término utilizado (cueva de ladrones), llama la atención que la sentencia asocie éste al “sentir de la sociedad” y lo enmarque en la polémica natural que la aplicación del canon digital levanta en la sociedad. Desde luego, este revés marca un campo abierto para futuras demandas pero también la necesidad de investigar a fondo las conexiones de la SGAE con otro tipo de organizaciones o centros de poder dentro y fuera de España. La ofensiva contra los derechos civiles bajo la bandera de la defensa de la propiedad intelectual está organizada a escala internacional, con epicentro en EEUU, y está levantando el rechazo de múltiples asociaciones ciudadanas. Ponerle freno aquí en España, tal como pone de manifiesto la sentencia, forma también parte del sentir popular. Extracto de los fundamentos jurídicos de la sentencia favorable a CNT “debe prevalecer la libertad de expresión cuando, como aquí sucede, las retribuciones económicas que la actora obtiene por la aplicación del canon a determinados soportes motiva siempre polémica y posturas enfrentadas entre los distintos sectores de la sociedad […] es una cuestión que está en la calle por afectar a los consumidores en general […] por lo que es una cuestión opinable, sometida a debate con posibilidad de contradicción y crítica y si bien los términos empleados para este fin son ásperos y duros, reflejan el sentir de la sociedad que entiende que el sistema que utiliza la actora para financiarse es desproporcionado y excesivo y que se está produciendo un enriquecimiento injusto (sea incierto o no) en detrimento de su propio patrimonio, al verse este gravado con un canon, que la actora aplica de forma indiscriminada, con independencia de que se haga uso o no de determinados soportes”.