Algunos altos directivos de las cinco grandes eléctricas han mostrado en privado su alarma ante el plan energético que PSOE y Ciudadanos propone en su pacto de Gobierno. Pensaban que el acuerdo con el partido de Albert Rivera para intentar formar Gobierno sería un mal menor en comparación con lo que podría haber salido si la formación de Pedro Sánchez se hubiese aliado con Podemos para tratar de llegar a Moncloa.
Algunos altos directivos de las cinco grandes eléctricas han mostrado en privado su alarma ante el plan energético que PSOE y Ciudadanos propone en su pacto de Gobierno. Pensaban que el acuerdo con el partido de Albert Rivera para intentar formar Gobierno sería un mal menor en comparación con lo que podría haber salido si la formación de Pedro Sánchez se hubiese aliado con Podemos para tratar de llegar a Moncloa.
Pero el análisis pormenorizado del punto 3 del acuerdo Sánchez-Rivera, llamado Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático, les ha dejado estupefactos y ahora, siempre en privado, más que apostar por la formación de Gobierno para poner fin a la incertidumbre política se decantan por que haya de nuevo elecciones.
Gas Natural Fenosa, Endesa, Iberdrola, EDP Energía y Viesgo, así como las petroleras Repsol y Cepsa, ya no quieren que gobierne Pedro Sánchez, quieren elecciones, porque si éste llegase a Moncloa de la mano de C’s o de Podemos, del rejonazo a su privilegiado status en España no les libra nadie.La moderación y los tintes neoliberales de los que hace gala Rivera en sus planteamientos político-económicos para España no se atisban para nada en el programa energético pactado con Sánchez, critican algunos directivos de las compañías. Sus planteamientos están muy escorados a favor del sector renovable y auguran un negro futuro para la energía nuclear, las centrales de carbón, el fracking, las prospecciones de gas y petróleo, y el denostado sistema de contabilización de costes regulados que hasta ahora ha beneficiado a los dueños y señores del sistema eléctrico.
Jamás se ha realizado una auditoría de los costes reales del sistema y Ciudadanos y PSOE se han comprometido a hacerlo: «Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico», reseña el texto del acuerdo.
Auditoría de costes
Desde hace años y desde muy diferentes frentes se ha pedido a los gobiernos de turno que realizasen una verdadera auditoría de los costes del sistema y la formación de precios, para depurar aquellas ingentes partidas que se cargan a la tarifa eléctrica y la convierten una de las más caras de toda la Unión Europea. ‘Beneficios llovidos del cielo’ de las energías nuclear e hidroeléctrica, pago de moratorias, sistema marginalista para que la tecnología más cara forme precio, revisión del montante financiero del déficit de tarifa, recibo de la luz como cajón de sastre en el que cabe todo tipo de impuestos y otras tantas distorsiones que durante tantos años han sido soportadas por los consumidores particulares y empresariales a través de la factura eléctrica.Ni el PSOE ni el PP han querido nunca hacer esta auditoría, que ahora sí queda recogida en un programa de Gobierno. De ahí el miedo de las compañías a que esto se pueda llevar a cabo.
También ha asumido Ciudadanos que las centrales nucleares cierren cuando vayan cumpliendo los 40 años, pese a que este partido es defensor de esta polémica, pero efectiva, fuente de energía.
Tampoco le auguran gran futuro a las centrales térmicas de carbón, dado que el objetivo primordial es reducir de forma acelerada las emisiones de C02. Se persigue la «descarbonización de la economía española», dice el texto, y se apuesta por un futuro sin carbón a partir de 2018.
Y ¿quiénes son los propietarios de las centrales nucleares y de carbón que operan en España, y que de media anual generan entre el 40% y el 50% de toda la electricidad que se consume? Las grandes eléctricas, cuyo horizonte a medio plazo les abocaría a volcarse en las energías renovables.
La primera línea del pacto PSOE-C’s lo deja claro: «El objetivo último es alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2‚ compatible con los compromisos de París».Y para acelerar este objetivo, los dos partidos proponen la creación de un Pacto de Estado de la Energía y la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Llegará también una nueva ley de Contratación Pública con nuevos y exigentes «requisitos ambientales» y se creará «un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental», fondo que será costeado por las eléctricas y las petroleras, tal y como temen sus propios directivos.
Reforma del decreto de autoconsumo
También coinciden PSOE y C’s en apostar por el fenómeno en ciernes que tanto temen las compañías tradicionales y al que el Gobierno del PP le ha diseñado una normativa ad hoc para fulminarlo en sus albores. Hablamos del autoconsumo, la producción desde los hogares con placas solares y otras tecnologías de electricidad a coste cero, un revolucionario sistema de creciente implantación en Europa y en el resto de grandes economías que permite al ciudadano librarse del recibo de su compañía tradicional y producir su propia energía y verterla al sistema a coste casi cero.
Sánchez y Rivera se comprometen a «reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado «impuesto al sol», y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto». Un golpe en la línea de flotación del sector eléctrico, que había conseguido que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su equipo llevaran el Real Decreto al BOE en octubre pasado con un texto tan restrictivo y con tan altos costes de entrada y penalizaciones que hace inviable el autoconsumo en hogares y pequeñas empresas e instituciones.
Lo que menos desean las grandes compañías es que un Gobierno de Pedro Sánchez dé todo tipo de facilidades a un modelo renovable que amenaza directamente su negocio más jugoso, el de llevar la luz a casas y empresas.
Además, se aprobará una «moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos», claro aviso a navegantes para Repsol.
Con todos estos mimbres sobre la mesa, las grandes del sector fían su tabla de salvación a que haya nuevas elecciones generales en junio.