Los casos Sacyr e Iberdrola

El robo jamás contado

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunciaba hace unos dí­as que el primer monopolio eléctrico del paí­s reducirá drásticamente su inversión en España porque las medidas reguladoras del gobierno han provocado que sus beneficios hayan caí­do un 7% el pasado año. Afirmando, a continuación, que sus grandes accionistas ahora se sienten “más británicos, mexicanos y estadounidenses que españoles”.

Simultáneamente conocíamos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera que es vital que el Gobierno salga en auxilio de la constructora Sacyr transformando una parte del aval público concedido para el caso de no terminación de las obras de ampliación del Canal de Panamá en una fianza en efectivo de varios cientos de millones de euros. “El robo que a través delEstado se nos ha hecho para que ellos pudieran convertirse en monopolios de dimensión global”

Ambos acontecimientos, sin aparente conexión entre sí, tienen sin embargo un mismo hilo conductor: el robo que a través del Estado se nos ha hecho durante años a todos los españoles para que ellos pudieran convertirse en monopolios de dimensión global.

El señor Sánchez Galán protesta por una caída miserable en sus ganancias de 2013, pero calla y oculta que desde el año 2000, la suma de los beneficios netos de Iberdrola asciende a más de 27.000 millones de euros, según consta en las comunicaciones de resultados anuales enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y que buena parte de esos beneficios arrancan de la primera inyección de 8.600 millones de euros que el gobierno de Aznar regaló a los monopolios eléctricos por los supuestos costes de transición a una competencia que 14 años después sigue brillando por su ausencia.

O de los más de 8.750 millones de euros (solo entre los años 2001 y 2008) que ha recibido Iberdrola por un imaginario déficit de tarifa inventado por las propias compañías eléctricas y que los españoles pagamos por partida doble. En el recibo de la luz y en el endeudamiento público del Estado (con sus correspondientes intereses) para adelantar y nutrir la cuenta de beneficios de empresas como Iberdrola. Que a continuación regalan a su presidente, el mismo Sánchez Galán, un sueldo anual de 7,5 millones de euros en 2013. Una minucia comparado con los 16,5 millones de euros que ganó entre sueldos y gratificaciones el año del estallido de la crisis, 2008. Se comprende que esté malhumorado.

En el caso de Sacyr, puede parecer a simple vista sorprendente que el adalid de los recortes y la contención del gasto público, el ministro Montoro, salga en defensa de una compañía privada aun a costa de engordar el déficit público. Pero no lo resulta tanto si tenemos en cuenta que ese regalo a Sacyr busca evitar a toda costa la quiebra de la empresa, porque entonces el Estado estaría expuesto al riesgo de perder los 3.447 millones que suman todos los créditos, avales y subvenciones que la Administración Pública lleva invertidos en Sacyr y sus filiales.

Un simple cálculo basta para hacerse la pregunta del millón. Si sólo a Sacyr, la segunda empresa más pequeña del Ibex 35 el Estado le ha dado 3.477 millones de euros, ¿a cuánto no ascenderá la suma total de avales, garantías públicas, préstamos y subvenciones que el Estado tiene concedidos a los grandes monopolios españoles?

Si sólo las inyecciones del Estado a Iberdrola desde el año 2000 se cuentan por decenas de miles de millones, ¿de qué ingente cantidad de dinero estamos hablando que sale cada año de las arcas del Estado, es decir, de nuestros bolsillos, para alimentar la expansión y los beneficios de los negocios de unos cuantos oligarcas millonarios?

Para robarnos a todos, no tienen ningún empacho en declararse españoles. Pero cuando repasan sus cuentas de resultados se vuelven “británicos” o “estadounidenses”.

Todo esto no hace más que poner sobre el tapete tres verdades elementales que buscan ocultar por todos los medios.

En primer lugar, que en contra de lo que dicen, en España hay recursos, riqueza y dinero en abundancia. Sólo que una pequeña minoría se lo apropia en su beneficio exclusivo. ¿Cuántas pensiones mínimas se podrían subir, cuántos hospitales y escuelas construir, a cuántos dependientes se les podría ofrecer una vida digna con sólo una pequeña parte del dinero público con que el Estado obsequia a esta gente?

En segundo lugar, la necesidad imprescindible de realizar una auditoría ciudadana independiente de la deuda pública. Y saber qué parte de esa deuda ha ido a cubrir realmente necesidades sociales y qué parte se ha dedicado a engrosar los bolsillos de unos pocos. Porque esa no nos corresponde pagarla a nosotros. Que la paguen ellos con los enormes beneficios de los que disfrutan gracias a apoderarse de un dinero que es de todos y entre todos pagamos.

En tercer lugar, que ya es hora de que el pueblo nos organicemos para imponer una política de redistribución de la riqueza. ¿O hasta cuándo vamos a aguantar que nos impongan a nosotros miserables sueldos de 600 euros mensuales mientras ellos utilizan el dinero público para forrarse con sueldazos de millones de euros al año?

Con sus desvergonzadas declaraciones, Sánchez Galán ha retratado a la perfección la sustancia de unas élites que han aceptado la intervención del FMI y de Merkel, aunque eso suponga que sus bancos, multinacionales y fondos de inversión saqueen el país y nos condenen al paro y la miseria, a cambio de que el imperio les permita seguir forrándose en otros países.

Esta oligarquía, sumisa al imperio de turno y sin voluntad política alguna pero feroz frente al pueblo español, explotándolo hasta límites inverosímiles, es peor que una condena. Ya va siendo hora de librarnos de sus ataduras.

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