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3.718 millones, es lo que nos va a costar el rescate de las autopistas radiales, según el Tribunal de Cuentas. Se trata de nueve autopistas radiales de peaje que se encuentran en estado de quiebra, y cuyas pérdidas nos toca asumir a cada uno de nosotros.
Se acaba de hacer público la Declaración de la Cuenta General del Estado por el que se calcula que el Estado deberá abonar 3.718 millones de euros para el rescate de las autopistas radiales, aproximadamente la mitad de lo que suman los recortes en Sanidad. Sin embargo, si a esto se le suman las indemnizaciones por expropiación, la cifra alcanzará los 5.000 millones de euros.
Las autopistas en cuestión son R3, R-5, R2, R4 (Madrid-Ocaña), M-12 (Eje aeropuerto), AP-7 (tramo circunvalación Alicante), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (tramo Cartagena-Vera) y AP-36 (Ocaña-La Roda). Todas ellas autopistas de peaje cuyas sociedades concesionarias se hallaban al cierre del ejercicio en 2015 en concurso de acreedores.
¿Quiénes son las empresas detrás de estas sociedades concesionarias? De entrada, nos encontramos con constructoras gigantescas como Ferrovial, Sacyr, ACS, OHL, Albertis, FCC, Isolux, Acciona, Sanado y Comsa… pero también con entidades financieras como CaixaBank, Sabadell, el Santander, Ibercaja… ¿Es que acaso estas entidades están en quiebra? ¿Lo están Ferrovial, Sacyr o ACS, que declaran millonarios beneficios anuales? ¿O lo están Sabadell y el Santander, tras comprar la CAM o Banco Popular por un euro? ¿Cómo es posible que ninguna de ellas pueda hacerse cargo de las deudas de estas autopistas?
Lo que estamos es ante otra forma de saqueo con el que enriquecer a todas estas empresas con nuestro dinero. Resulta que por ley, el Estado debe correr con el rescate de las autopistas en caso de caer éstas en quiebra, lo que se conoce como Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). En otras palabras, si las concesiones de las autopistas resultan fallidas y el Estado debe recuperarlas, hay que compensar a las sociedades concesionarias por ello. Lo que implica que si hay ganancias, se las quedan las sociedades concesionarias. Si hay pérdidas, las pagamos nosotros.
Pero la cosa no acaba aquí. Ya que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha comprometido ya a poner a la venta estas autopistas tras tapar sus agujeros con los rescates. Operación de venta por la que el ministerio espera recaudar en torno a 700 millones de euros. Vamos, que hay más de 4.300 millones de euros que se dan ya por perdidos.
Es exactamente la misma operación que con las cajas de ahorro rescatadas. El Estado las hace públicas, socializando las pérdidas de forma que las asumamos todos nosotros. Y luego las ponen a la venta por precios irrisorios, cuando no las regala directamente, haciéndose cargo de las pérdidas, pero dejando a manos de los compradores todos los sustanciosos beneficios.
El procedimiento es exactamente el mismo en ambos casos. El Estado nacionaliza tanto las cajas como las autopistas y corre con las pérdidas, para luego vendérselas a la oligarquía, que se queda con los beneficios.
¿Por qué debemos asumir nosotros las deudas de las autopistas radiales? ¿Qué lógica hay detrás de tener que hacernos cargo de una quiebra que no hemos provocado, salvo la de enriquecer a una minúscula minoría a costa del 90% de la población? ¡Que paguen la deuda de las autopistas quienes de verdad la han generado, y dejen de utilizarla como instrumento para sangrarnos más aún a todos nosotros!