El retorno de los brujos

“En esa bronca que invoca demonios históricos como en una ouija siniestra, las expectativas electorales del PSOE crecen siempre al amparo de una niebla de visceralidades que cubre los defectos y tapa las carencias de una gestión estéril. A falta de soluciones acuden a la trifulca; en ausencia de logros apelan al alboroto para agitar los fantasmas primarios de una izquierda social desencantada.”

Zaatero necesita que sus huestes más radicales sientan hervir la sangre para olvidar el desastre de un gobierno catatónico. El precio de esta frívola estrategia de espiritismo político es el desgaste institucional de la muy denostada justicia y el desprestigio internacional de un país que ya está perdiendo relevancia económica, peso específico e influencia; pero, sobre todo, supone un espeluznante retroceso del clima interno de convivencia. Todo eso lo malbarata el Gobierno a cambio de un par de puntos en los sondeos y una semana más de iniciativa ante una oposición a la defensiva y sin brújula. (ABC) CINCO DÍAS.- El plan de racionalización que aprobará el Gobierno a finales de abril contempla, entre otras medidas, la eliminación de altos cargos públicos. La Administración central cuenta con 547 altos funcionarios, mientras que el número en las comunidades autónomas asciende a 3.838. La Administración central ha reducido en 173.226 el número de empleados desde 2001. Y las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en ese mismo periodo de tiempo, han elevado el número de funcionarios en 412.861 y 89.594, respectivamente. EL PAÍS.- En medio de los aniversarios de la proclamación de la II República y del final de la guerra civil merece la pena aportar algún significativo dato nuevo. Franco derrotó a la República gracias a la sustancial y continuada ayuda nazi-fascista. También tuvo de su lado el comportamiento de las democracias. Tradicionalmente se ha encuadrado bajo la no intervención. En realidad, en Inglaterra sobre todo, se intervino contra la República. Uno de los ejemplos más notables de tal hostilidad ha quedado oculto hasta ahora en la oscuridad de los archivos. Un banco inglés, el British Overseas Bank (BOB), suspendió de golpe las transferencias de divisas que alimentaban la diplomacia y la política exterior republicanas. De la noche a la mañana, embajadas, legaciones, consulados generales y consulados dejaron de percibir los fondos que enviaba el Banco de España desde Barcelona. Opinión. ABC El retorno de los brujos Ignacio Camacho No se trata de salvar a Garzón, sino de rescatar a Zapatero. Agarrados al espantajo de Franco como a un fetiche de combate, los socialistas y su red de apoyo han situado el debate político nacional en el punto donde más a gusto se sienten: en la confrontación, el radicalismo y la discordia. Son expertos de la provocación, que utilizan con grave irresponsabilidad como una eficaz herramienta de marketing. En esa bronca que invoca demonios históricos como en una ouija siniestra, las expectativas electorales del PSOE crecen siempre al amparo de una niebla de visceralidades que cubre los defectos y tapa las carencias de una gestión estéril. A falta de soluciones acuden a la trifulca; en ausencia de logros apelan al alboroto para agitar los fantasmas primarios de una izquierda social desencantada. A costa de provocar crispación y desestabilizar las instituciones, dramatizan el efectismo ideológico para disimular un fracaso político. Cada vez que el presidente está en apuros echa mano de las banderas del izquierdismo de barraca. La crisis lo ha dejado sin argumentos y no encuentra el modo de levantar las encuestas, así que ha decidido incendiar los rastrojos del divisionismo para movilizar a unas bases sociales cada vez más frías ante su poder de seducción. El espectro del franquismo, por gastado que esté, funciona siempre como galvanizador de reyertas; simplifica los esquemas y provoca una enorme humareda sociológica. Cuando no hay manera de crear un «marco conceptual» más sofisticado, el zapaterismo dibuja escenarios de brocha gorda. El del retorno de los brujos de la dictadura debería ser un señuelo demasiado burdo en una sociedad que lleva treinta años de sólida democracia, pero por alguna razón relacionada con nuestros viejos atavismos cainitas todavía funciona para aglutinar el entusiasmo de la izquierda exaltada y remover las pasiones de una derecha confusa. Zapatero necesita que sus huestes más radicales sientan hervir la sangre para olvidar el desastre de un gobierno catatónico. Lo va a conseguir; estas historias truculentas de tumbas removidas y siniestros fantasmones emboscados tienen un inquietante poder de sugestión simbólica. El precio de esta frívola estrategia de espiritismo político es el desgaste institucional de la muy denostada justicia y el desprestigio internacional de un país que ya está perdiendo relevancia económica, peso específico e influencia; pero, sobre todo, supone un espeluznante retroceso del clima interno de convivencia. Todo eso lo malbarata el Gobierno a cambio de un par de puntos en los sondeos y una semana más de iniciativa ante una oposición a la defensiva y sin brújula. Ha soltado a una jauría extremista para intimidar y empequeñecer a la España moderada, que de nuevo se ve emparedada entre dos frentes soliviantados. Garzón no es más que el pretexto de un drama artificial destinado a crear coaliciones de rencor y abrir trincheras de resentimiento. ABC. 16-4-2010 Opinión. Cinco Días Las regiones suman dos empleados por cada uno que pierde el Estado Jaume Viñas El plan de racionalización que aprobará el Gobierno a finales de abril contempla, entre otras medidas, la eliminación de altos cargos públicos. La Administración central cuenta con 547 altos funcionarios, mientras que el número en las comunidades autónomas asciende a 3.838, según el recuento realizado por el sindicato USO el año pasado. Por ministerios, el de Justicia es el que tiene más altos cargos (137) y Vivienda y Cultura son los que suman menos, sólo siete. El Consejo de Ministros decidirá el próximo 30 de abril qué secretarías y direcciones generales se eliminarán, lo que está creando tensiones en el seno de la Administración. De momento, la Secretaría de Estado para la UE, dirigida por Diego López Garrido, es probable que desaparezca una vez España abandone en julio la presidencia de turno de la UE. En cualquier caso, una reforma en profundidad debería contar con las comunidades, donde se agrupan la mayor parte de altos cargos. Por otro lado, la descentralización autonómica queda patente cuando se recuentan los funcionarios. Así, la Administración central ha reducido en 173.226 el número de empleados desde 2001. Y las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en ese mismo periodo de tiempo, han elevado el número de funcionarios en 412.861 y 89.594, respectivamente. Si bien el aumento se debe, en parte, al incremento de la población y la mejora del Estado de bienestar, los datos también parecen indicar que se producen solapamientos entre las tres Administraciones. Los Gobiernos regionales han pasado de destinar 30.000 millones de su presupuesto en pagar los salarios públicos en 2002 a 56.500 millones en 2010. Un incremento del 85%. Los Ejecutivos autonómicos gastan el doble que la Administración central en abonar los salarios públicos. Las comunidades cuentan con 1,3 millones de empleados por 627.000 las corporaciones locales y 583.400 la Administración central. La diferencia se debe a que las competencias de sanidad, educación y servicio sociales recaen en las comunidades autónomas. Actualmente, las relaciones entre ellas para compartir proveedores y servicios para alcanzar economías de escala y ganar en eficiencia es prácticamente nula. El último Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó crear un grupo de trabajo para promover "mecanismos de colaboración entre las regiones con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y mejorar la calidad de los servicios públicos, principalmente en los ámbitos de sanidad y dependencia. Por otra parte, también se acordó aplicar "una política de contención de los gastos de personal, que se instrumentará a través de una senda de austeridad en materia de retribuciones". La variación anual del sueldo base de los funcionarios se decide desde La Moncloa. Para este año, el aumento ha sido del 0,3%. Aunque cada departamento decide los variables por productividad. El País Vasco gana por goleada Euskadi es la comunidad autónoma con un mayor número de altos cargos, ascienden a 650, según el recuento realizado por la Unión Sindical Obrera (USO) el año pasado, mientras que la Administración central -incluyendo organismos autónomos, agencias estatales y otros departamentos públicos- suman 548 altos funcionarios. Al País Vasco, le sigue Galicia, con 400 altos cargos y Andalucía (343). Sin embargo, el Ejecutivo andaluz suprimió 39 altos cargos que le permitirá ahorrar en torno a 3,5 millones de euros. En porcentaje, Extremadura es la comunidad que tiene más funcionarios trabajando en la Administración autonómica, un 4,3% de su población. Es decir, el Gobierno regional paga la nómina de cuatro de cada cien extremeños. Es un ratio alto si se tiene en cuenta que Extremadura no tiene, como Cataluña o el País Vasco, una policía propia ni gestiona la competencia en prisiones. De hecho, Cataluña es el territorio con menos funcionarios autonómicos, un 2,1% de su población. La Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco son, por este orden, las otras regiones que cuentan con menos funcionarios autonómicos per cápita. En el lado opuesto, además de Extremadura, destacan Navarra y Murcia. En cualquier caso, en España, el número de funcionarios del conjunto de Administraciones públicas no alcanza los 2,7 millones de personas, que supone el 14% del total de ocupados. Una porcentaje muy inferior al francés (29,1) o al británico (20,2%) y parecido al que existe en Alemania. CINCO DÍAS. 15-4-2010 Opinión. El País Una puñalada inglesa a la República Ángel Viñas En medio de los aniversarios de la proclamación de la II República y del final de la guerra civil merece la pena aportar algún significativo dato nuevo. Franco derrotó a la República gracias a la sustancial y continuada ayuda nazi-fascista. También tuvo de su lado el comportamiento de las democracias. Tradicionalmente se ha encuadrado bajo la no intervención. En realidad, en Inglaterra sobre todo, se intervino contra la República. Uno de los ejemplos más notables de tal hostilidad ha quedado oculto hasta ahora en la oscuridad de los archivos. Como toda buena puñalada que se precie, la inglesa coincidió con un momento de suma gravedad: la crisis militar y política que llevó al cambio de Gobierno en abril de 1938, cuando Prieto salió del Ministerio de Defensa Nacional y Negrín asumió sus responsabilidades. Ríos de tinta se han vertido sobre las implicaciones. Fue entonces cuando se produjo una maniobra secreta que ilustra hacia dónde apuntaban los tiros en Londres. Un banco inglés, el British Overseas Bank (BOB), suspendió de golpe las transferencias de divisas que alimentaban la diplomacia y la política exterior republicanas. De la noche a la mañana, embajadas, legaciones, consulados generales y consulados dejaron de percibir los fondos que enviaba el Banco de España desde Barcelona. Sin dinero no es posible funcionar. No se cobraron sueldos. No se pagaron alquileres. Los saldos de las cuentas bancarias en el extranjero se agotaron. Los alaridos fueron generales, de Argentina a Suecia, de Filipinas a Moscú. Las finanzas son el nervio de la guerra. La parálisis que indujo el BOB pudo ser mortal. El daño que causó, incalculable. El golpe a la moral, mayúsculo. Para explicar la puñalada hay que remontarse a 1912. Desde esta fecha un banco, Frederik Huth & Co., aseguraba la tesorería exterior española. Antes había realizado esporádicamente operaciones confidenciales por cuenta del Ministerio de Estado. No en vano había sido, desde la Guerra de la Independencia, uno de los banqueros de la Casa Real en Londres. En marzo de 1936 lo absorbió el BOB, con el personal especializado que trabajaba a las órdenes de un caballero llamado Louis Ernest Meinertzhagen, pariente lejanísimo de Huth. El amable lector tendrá dificultades en encontrar su nombre en los millares de títulos escritos sobre la guerra civil. Lo que entonces fue una operación secreta permaneció como tal durante más de 70 años. En abril de 1938 Meinertzhagen intentó asestar un golpe letal a la diplomacia y a la resistencia republicanas. Lo hizo con frialdad y desprecio, profesionalismo y alevosía total. El día 4 anunció por telegrama que con efectos inmediatos suspendía las transferencias de fondos. El BOB había trabado discretos contactos con el Banco de España franquista, en Burgos. Al republicano le dijo que seguía los consejos de sus abogados, inquietos por la dualidad de "legitimidades" entre los dos bancos españoles. La cuestión ya se había planteado en el otoño de 1936 y los sublevados habían sufrido un duro revés. Año y pico más tarde, el BOB la resucitó, aunque la batalla judicial no se resolvió ante los tribunales en lo que quedaba de guerra. Sobre los motivos del BOB cabe especular sólo dentro de ciertos límites. Meinertzhagen y el BOB podrían haber actuado de por sí. Podrían haber hecho caso al banco Kleinwort and Sons, detrás del cual se movía Juan March. Existe incluso una tercera posibilidad. En aquella época la Embajada en Londres negociaba a cara de perro con un conjunto de bancos sobre cómo resolver ciertas cuestiones financieras provocadas por la guerra. La Cámara de Comercio, el Tesoro y el Banco de Inglaterra las seguían atentamente. Uno de los adversarios más destacados de la República era otro banquero, antiguo socio de Meinertzhagen en Huth & Co. La idea de la puñalada podría haber emanado de él, o haber sido consecuencia de las negociaciones. Son elucubraciones muy poco realistas. Pongamos un ejemplo a guisa de comparación. Un banco londinense, cuando se trató de abrir una cuenta a nombre del Gobierno vasco, se apresuró a confirmar con el Foreign Office si ello estaba en línea con la política gubernamental. La respuesta fue que no era necesaria una autorización. Por lo que se refiere a una eventual maniobra en conexión con las negociaciones cabe descartar al Banco de Inglaterra y, con toda probabilidad, a los dos ministerios mencionados. No cabe descartar, por el contrario, a otros sectores de la Administración, incluidos los servicios especiales que operaban en España y cuyos archivos continúan cerrados a cal y canto. Si Meinertzhagen hubiese reaccionado ante una sugerencia externa de tipo más o menos oficial u oficioso, estaríamos ante un caso que ilustraría hasta qué punto llegaba la hostilidad a la República en Londres, ya fuese entre ciertas autoridades o en algunos sectores de la City. Documentar tal conjetura no es fácil. Cuando les parecía necesario, las autoridades británicas aplicaban a los operadores bancarios un tipo de comportamiento perfectamente definido, pero que raras veces sale a la luz en los libros de historia: la llamada "acción voluntaria". Se "aconsejaba" una determinada actuación y los bancos la aceptaban atemperando su conducta a los mejores intereses del Gobierno de Su Majestad. El amable lector se preguntará cómo evadió la República las consecuencias de la puñalada. La respuesta es que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, tuvo un coste elevado. Muchos diplomáticos no recibieron sueldos durante meses. Las embajadas y consulados se instalaron en la precariedad. Las deserciones y los desplomes de moral aumentaron. La rapidísima actuación de las autoridades republicanas es, sin embargo, ilustrativa. Justifica, a mi entender, el análisis detallado de lo que a todas luces fue una operación extremadamente meditada y conducida con maestría. Confrontados con un desplome del crucial frente exterior, Negrín y el Banco de España no tuvieron otra alternativa que recurrir a los buenos oficios del aparato bancario soviético asentado en Occidente. No podía ser una solución óptima, ya que los rusos no conocían bien la base financiera de la diplomacia republicana. ¿Extrajo el BOB alguna recompensa de los vencedores? Si actuó para congraciarse con ellos la respuesta es negativa. Franco no estaba interesado en estrechar las relaciones con el capitalismo británico. Su preferencia era la Alemania nazi. Las esperanzas de la City y de Whitehall en que podrían influir en la orientación del "nuevo Estado" cuando llegase la hora de la reconstrucción española terminaron como el rosario de la aurora. El BOB desapareció de los radares madrileños. ¿Qué conclusiones cabe extraer de este episodio? Al menos tres. La primera es que la apenas encubierta hostilidad de ciertos círculos influyentes de las potencias democráticas y de algunos representantes del capitalismo británico empujaron a la República, en contra de su voluntad, a jugar la carta soviética. Esta constatación no es nueva en modo alguno. Ya la afirmaron los republicanos, aunque después la olvidaran en las querellas del amargo exilio. Es, no obstante, una conclusión que los autores neofranquistas y quienes no han superado los moldes conceptuales de la guerra fría continúan ignorando. La segunda conclusión es que el honor británico no lo salvaron los burócratas de Whitehall ni los banqueros de la City. Lo salvaron, para la historia, los hombres y mujeres que o lucharon en las Brigadas Internacionales o ayudaron de múltiples formas a la República contra la agresión nazi-fascista y la enemistad de algunos de los sectores más conservadores de su propia sociedad. La tercera conclusión es que ahora, cuando casi todos los archivos han ido abriéndose, "la evidencia primaria relevante de época", en ellos remansada, termina por imponerse a las mixtificaciones, construcciones ideológicas y puras y simples mentiras. De aquí la importancia crucial de conservar, a toda costa, la que subsiste. EL PAÍS. 15-4-2010

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