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Sólo era cuestión de tiempo que la investigación de la ‘Operación Taula’ -que ha imputado hasta a nueve ediles del Partido Popular del ayuntamiento de Valencia- encontrara indicios suficientes para acusar a Rita Barberá, otrora alcaldesa imbatible de la capital del Turia y ahora senadora, y por tanto aforada. La explosión de gravísimos escándalos de corrupción afectan a dos de los ‘grandes feudos’ de los populares: Valencia y Madrid. Sin embargo, como viene siendo habitual, la atención mediática se centra en los corruptos, y poco o nada en los corruptores: en las grandes empresas y multinacionales que han sido las beneficiarias en última instancia de las actividades y concesiones ilegales.
El caso Taula tiene todos los números para convertirse en una mesa de autopsias para un cadáver, el PP valenciano. La Taula ha imputado a 9 de los 10 ediles populares del consistorio ché.
Todos ellos se niegan a dimitir, poniendo en mayores aprietos al PP nacional y valenciano.
El ‘caloret’ en el PP valenciano se ha hecho insoportable en las últimas semanas. Las conversaciones grabadas por el juez a la exconcejal María José Alcón han desvelado la práctica comúnmente conocida como ‘pitufeo’, una “operativa tradicional en el blanqueo de capitales”, según la fiscalía. La mano derecha de Barberá- Mari Carmen García Fuster, iba entregando a distintos ediles 1000 euros en billetes de 500, cantidades que luego los populares ingresaban en la cuenta del partido, quedando blanqueado. «Hay que buscar los ‘Cofely’ de todos los casos de corrupción. Ellos son el corazón de la hidra».
El dinero provenía, según mantienen los investigadores, de una caja B nutrida de comisiones cobradas a adjudicatarios de contratos públicos.
La fiscalía ha encontrado escondidos en casa de Fuster hasta 5.600 euros en sobres manuscritos. El sumario del caso Taula adjunta una copia del talón de 1000 euros -manuscrito por Rita- con el que la exalcaldesa contribuyó a blanquear dinero. El juez ha elevado un escrito al supremo para desaforarla y Génova no ha tenido otra que abrir un expediente informativo contra una descompuesta Barberá.
El caso Taula implica hasta a 50 miembros del PP valenciano, revelando -como la Gürtel, la Púnica, el caso Bárcenas…- una auténtica trama de crimen organizado, que debe ser investigado hasta el final. Pero tan importante -o más- que se investigue a los cargos públicos corruptos, es que se investiguen, se juzguen y se condenen a los corruptores, a las empresas, grandes monopolios y multinacionales que son los últimos beneficiarios de las tramas corruptas, de las concesiones ilegales o las faraónicas obras públicas sometidos a sobrecostes.
Un mecanismo de saqueo de las arcas públicas que benefició, por ejemplo, a grandes empresas como Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- que está en el centro de tramas como la Púnica. «Cofely diseñaba y planificaba no solo desde el departamento comercial, sino con sus departamentos de contabilidad y pagos (tesorería) la manera en la que se iban a satisfacer las comisiones y dádivas prometidas.Era la empresa la que alentaba, promovía y apoyaba los tratos de corrupción», dice la fiscalía.Hay que buscar los ‘Cofely’ de todos los casos de corrupción. Ellos son el corazón de la hidra.