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Pedro Sánchez acaba de anunciar un plan para construir hasta 15.000 viviendas al año con alquileres topados garantizados por el Estado. Se une al anuncio de una agencia pública de alquiler, Casa 47.
Aunque insuficiente para solucionar el problema de la vivienda en España, esta es una buena noticia, que debe ser solo el inicio de la construcción de una auténtica agencia pública que tome en su manos la construcción de viviendas, para comprar o alquilar, poniéndolas en el mercado a precios asequibles.
El problema es que el gobierno busca que grandes fondos, nacionales y extranjeros, participen en este proyecto. Son los mismos que se están lucrando de imponer alquileres abusivos. No se puede hacer un plan para mejorar la seguridad del gallinero recabando la colaboración del zorro.
El origen de todo esta en la propuesta de utilizar el remanente de los fondos europeos todavía sin utilizar -unos 10.500 millones- para impulsar un “fondo soberano”, un vehículo público, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que aborde inversiones estratégicas.
Se busca que alcance los 120.000 millones. Hasta 60.000 millones los aportará el Estado a través de diferentes mecanismos. Y se persigue que una cantidad equivalente provenga de inversores privados.
Hasta 23.000 millones de los recursos de este “fondo soberano” se destinarán a vivienda. En contrato, a un plan para construir cada año 15.000 viviendas con un alquiler social, asequible.
Para atraer capital privado se concederán “incentivos”, como préstamos a largo plazo garantizados por el Estado.
Que exista un plan público de construcción de viviendas, donde se pueda garantizar un alquiler que no estrangule a las familias, es una buena noticia.
¿Pero de dónde van a venir las inversiones privadas que completarían ese fondo? Aquí es donde empiezan los problemas. El presidente del ICO acaba de reunirse con un gran fondo extranjero para que se sume al proyecto. Los grandes fondos son el problema de la vivienda, y no pueden ser nunca la solución.
Pedro Sánchez ha invitado a los fondos de inversión, y a los de capital riesgo, a sumarse a la iniciativa. Pero afirmando que el lucro no puede ser el factor fundamental para quienes participen. Puntualizando que “vamos a extender al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional”.
Existen modelos de vivienda social, como el austríaco, donde participan inversores privados. Pero en ellos no encontramos a los grandes fondos. Reclamarles que no especulen con la vivienda es como pedir al león que se haga vegetariano.
Esta contradicción también aparece en la agencia pública de alquiler, Casa 47. Se ha abierto un concurso público para que participen empresas privadas. La mitad de las que se han presentado están controladas por fondos extranjeros, entre ellos Lone Star, uno de los gigantes norteamericanos, junto a BlackStone, Cerberus, o Ares Management, que son ya los mayores caseros de España, y están detrás de los alquileres disparados.
Un plan de vivienda pública debe evitar las malas compañías, y los fondos extranjeros, especialmente los norteamericanos, son la peor de todas.