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Frente a las críticas del PP («el PSOE se ha echado en manos de las posiciones soberanistas del PNV»), en el PSOE lo califican -al menos hasta ahora- como un pacto «bueno para Euskadi y para España», tanto desde la gestora, como federaciones tan importantes como la andaluza de Susana Díaz y la catalana, junto a la navarra. ¿Pero qué hemos de considerar para hacer una primera valoración?
Varios son los aspectos a tener en cuenta en la valoración del acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE.
Por una parte supone el mantenimiento de la línea de Urkullu en el PNV que cierra (en estos momentos) el paso a cualquier tentación de buscar rupturas unilaterales y traumáticas con el resto de España, como la emprendida por Artur Mas en Cataluña.
El PNV de Urkullu ha elegido un acuerdo con el PSE y no con Bildu y sus posiciones de buscar desconexiones unilaterales o “indenpendencias” de los tiempos de Ibarretxe. Y en ese sentido el acuerdo remarca la voluntad de moverse, en todas las reclamaciones de más autogobierno, dentro de la búsqueda del máximo consenso y “la legalidad” constitucional.
Antepone en el acuerdo dar prioridad a las políticas de empleo y su relación con las exigencias al gobierno central y los Presupuestos Generales del Estado, en los que el nuevo gobierno PNV-PSE defenderán mejoras del Cupo vasco e inversiones como el impulso a la alta velocidad vasca. Que Euskadi funcione por delante de las reclamaciones soberanistas.«En gobierno PNV-PSE mantiene la línea de Urkullu en el PNV que cierra (en estos momentos) el paso a cualquier tentación de buscar rupturas unilaterales y traumáticas»
A la vez que reclama la “necesaria disolución y definitiva desaparición de ETA”.
Pero al mismo tiempo este acuerdo supone, en cierta medida, un apoyo del PSE a las reclamaciones nacionalistas del PNV de más “soberanía” para Euskadi y del “derecho a decidir de los vascos”.
En el texto del acuerdo se habla del desarrollo de la autonomía en dos fases, una de exigencia de transferencias pendientes para completar el Estatuto vigente del 79 (como las de la S. Social, pensiones o desempleo). Y otra de superación del marco actual, lo que el PNV llama “un nuevo estatus” para Euskadi; y que en el acuerdo se recoge como la posibilidad de “defender el reconocimiento de Euskadi como nación”. Eso sí “desde la legalidad”.
En este sentido, el PSE en sus declaraciones lo fía todo a una futura reforma de la legalidad, mientras que desde otros sectores del PNV se reafirma la voluntad de no renunciar a sentar las bases para una consulta futura sobre un nuevo “estatus” para Euskadi.
En nuevo gobierno que sale de este pacto es, en estos momentos, bueno para la unidad de los vascos y de éstos con el conjunto del pueblo de las nacionalidades y regiones de España. Y no es lo que podríamos llamar “un gobierno de progreso”. Está por ver cómo se van a concretar sus políticas, tanto en los presupuestos como en las posiciones que adopten para reindustrializar Euskadi, respecto a la reforma laboral y los salarios, las pensiones o la incorporación al sistema de ayudas de las casi 35.000 familias vascas excluidas. Y, por supuesto su política de desarrollo sostenible.
Es, en definitiva un gobierno por definir.