Derechos y Libertades

El núcleo permanece

Volviendo de un permiso a uno de los centro de menores de la Fundación O´Belén – Casa Joven de Azuqueca de Henares en Guadalajara -, una muchacha de 14 años se arrojó de la furgoneta en la que la trasladaban y perdió la vida. La noticia ha conmocionado, y ha reavivado la polémica sobre los centros de menores desde que el Defensor del Pueblo presentara un Informe en el que no solo acusaba a varias de estas organizaciones de maltrato, vejaciones y desatención, sino que además depositaba la responsabilidad en la Administración, como supuesta guardiana de los derechos y cuidados de estos niños y adolescentes. Desde los juzgados de Madrid y las fiscalí­as de Guadalajara y Ciudad Real, ya se han abierto diligencias.

Esto quiere decir que se están estudiando las osibles negligencias cometidas por el centro, aun “respetando la presunción de inocencia”, según declaraciones del Gobierno manchego. En otros centros de la misma Fundación ya se ha producido el suicidio de un menor marroquí de 12 años, y el intento de otro. Al mismo tiempo, el Gobierno manchego ya ha anunciado que está estudiando hacer algunas variaciones en el régimen interno de dicha residencia; ¿algunas?, ¿variaciones?, ¿en el régimen interno?… ¿de esta residencia? La falta de vergüenza no cabe por la puerta. Lo que en los medios se limita al contundente Informe del Defensor del Pueblo, es una realidad que clama al cielo para cientos de profesionales, familias y asociaciones que llevan entre diez y quince años denunciando la situación insostenible que se vive en los centros de acogida y rehabilitación. A parte de la responsabilidad del centro, en primer lugar, y la del educador que estuviera con ella y con los otros seis niños – hay que prevenirse de esto último, “la culpa fue del cha-cha-cha y en todo caso del educador”, de todos menos de quien la tiene -, está la de la Administración: “Por ello, instamos a las administraciones públicas a la creación de nuevos recursos, intermedios y de acogida, diversificados y planificados en función de las verdaderas necesidades de atención que requieren los menores en situaciones de dificultad social y con problemas de conducta” “Por otra parte, las administraciones públicas deben garantizar a los menores el disfrute de sus derechos” “el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente y los recursos sociales disponibles de las administraciones públicas” del Informe del Defensor del Pueblo. Cada día que pasa se agrava la situación y los hechos de los que los responsables de la administración pertinente – central o autonómica – deben responder. Porque una cosa es que ocurra una desgracia no deseada por nadie y haya que investigar si podría haberse evitado. Y otra que en el marco de la total dejación, negligencia y posible delito en las funciones de guarda y protección de los menores, una muchacha se arroje desde una furgoneta perdiendo la vida. No sea que, como cuando se publicó el Informe, se remueva todo para no cambiar nada. De momento la realidad sigue siendo profundamente “taoísta”: “La rueda se mueve pero el núcleo permanece”

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