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Enrique Martínez Reguera es filósofo, psicólogo y pedagogo de gran experiencia en el trabajo con niños y adolescentes marginados. Es autor de numerosas obras como ¨ Cachorro de nadie ¨, ¨ De tanta rabia tanto cariño ¨, ¨ Con los niños no se juega ¨ , ¨Pedagogía para malos educados,¨ La calle es de todos,¨ Catón moderno para analfabetos de la vida ¨ y ¨ Tiempo de coraje ¨. Desde ellos aborda la realidad del mundo de los «niños de riesgo» en su aspecto social histórico, jurídico, psicológico y pedagógico. Fundador e integrante entre tantas otras asociaciones de la Coordinadora de Barrios – www.coordinadoradebarrios.org -. Su trabajo se extiende a América Latina y es miembro del centro San Pio X de la Universidad de Salamanca.
Según un informe del Observatorio Social de la Unión Euroea presentado por Cruz Roja el 2 de noviembre del 2003, en España existían 2 millones de niños en familias con menos de 250€ al mes disponibles. Para su atención se perciben alrededor de 250 millones de euros al año. Según un informe de la propia Comunidad de Madrid, de ese mismo año, el 45% del presupuesto se lo llevan los “mediadores"…Hoy en día existen 14.000 niños españoles acogidos en centros de tutela, y en su inmensa mayoría acogidos por entidades privadas. Sí existe un problema de fondo económico-político, es decir, desde los años 80 hay una cierta connivencia entre la política y lo económico que está repercutiendo y dañando seriamente la situación de los niños de riesgo. En los 80 se dictaron en España tres leyes que modificaron absolutamente la noción de niño ante la Ley. Primero fue la Ley de Protección Jurídica del Menor, fue después la Ley Penal de Menores, y fue después el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos en el colegio. En el primer caso se crean dos categorías de niños españoles: niños sin riesgo y niños de riesgo. Salta a la vista que las familias con grandes recursos económicos pueden atender todas las necesidades de sus niños a nivel público y a nivel privado. Mientras que los niños de las familias más pobres e incluso de las clases medias que están resbalando precipitadamente hacia la pobreza, son los niños que realmente reciben la atención como niños de riesgo. Pues increíblemente la Ley de Protección Jurídica del Menor, ciertamente con razón en algunos casos extremos, permitía que el Estado se apropiase de la tutela de estos niños. Una cosa es que en situaciones de urgencia, como situaciones de abandono o tortura, se apropiasen de los niños, y otra es que eso se utilizase como herramienta de hostigamiento contra las clases pobres y las clases medias para tenerlas amenazadas de poderles expropiar a sus hijos. Y esto último es lo que ha ocurrido. Pero si empezamos por hablar del aspecto económico son 50.000 a 84.000 al año por niño, cuando una familia no gastará más de 3.000 a 6.000€ Aunque resulte chocante porque no es políticamente correcto, los niños se han estado expropiando a las familias pobres en beneficio de empresas muy ricas. En los últimos datos los niños que están en los centros de atención terapéutica suponen un gasto al Estado de 3.000€ al mes, y si el centro es público, excelente medio para disuadir, son 9.000€. Si a una familia por un niño le dan 3.000€ al mes lo pueden mandar a vivir a un hotel. Esto es prueba de que casi todo se queda en mediaciones. Yo veo como se publican revistas, se pagan viajes… pero es un dinero que en teoría debería llegar al destinatario que es el niño necesitado. Por más que se haya montado la literatura de los centros sin afán de lucro hay muchas maneras de lucrarse. En España la mayoría de niños están en centros de acogida y no bajo la tutela de familias de acogida, y se dice que es por culpa de que no hay familias que quieran hacerlo… Se culpabiliza a las familias y a los niños. Hay 14.000 niños españoles en hospicios, y la mayoría en manos privadas, pero como a estos niños se les priva de crianza familiar, se deterioran y, entonces, se pone a funcionar la Ley Penal de Menores. Los niños pasan de los hospicios a los reformatorios. En la Comunidad de Madrid los hospicios públicos son dos, mientras que los privados deben andar por quince o diecisiete. La criminalización es el ejercicio de la privación de libertad. El Estado es el único que puede privarnos de la libertad. Pues pasa que se concierta con empresas privadas que se lucran de esto. Y como los niños en los reformatorios no se reforman, hay que crear centros terapéuticos. Y ya tenemos decenas y decenas de centros supuestamente terapéuticos en los que se psiquiatriza a los niños. Hay que hacer una revisión pero en serio de estas leyes, y de la relación de los adultos con los niños. Porque lo que se ha creado es un sistema demencial interesantísimo desde el punto de vista financiero.