Cargando...«Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier caso, las consecuencias serían muy importantes. Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán.»
El valor económico que se erdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego. Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser. Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos. (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- Ahora se prepara una nueva gran desamortización con cargo al sistema de Cajas de Ahorros que por bemoles se tienen que convertir en bancos, operación que promete hacer realidad una nueva camada de millonarios sobre la piel de toro, ricos a manos llenas en la España de los 5 millones de parados incapaz de pagar sus deudas. En esa España que amenaza pobreza para varias generaciones y obliga a emigrar a sus jóvenes mejor preparados, un ramillete de notables se dispone a forrarse, literalmente, en un par de operaciones a las que habrá que aludir en el futuro Opinión. El País El mayor desmán financiero de nuestra historia Antón Costas Tengo en el cuerpo la incómoda sensación de que estamos a punto de cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la mitad, ¡la mitad!, del sistema financiero español, a precios de saldo y desguace, a bancos, inversores privados y "fondos buitres", como les llama un conocido y reputado analista financiero, José Carlos Díez, en su blog. Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier caso, las consecuencias serían muy importantes. Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán. Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no llegaban las políticas públicas. Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas. El valor económico que se perdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego. Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser. Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos. Ha sido una historia de éxito, hasta ahora. A esta situación se ha llegado a través de un largo camino de despropósitos. Son muchos los que han colaborado: legisladores, autoridades, reguladores, supervisores y las propias cajas. Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis. Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel explosivo. Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la "politización" de las cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para desarrollar mejor su función. Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano. Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va. La solución para preservar el valor económico que las cajas tienen para la sociedad y la economía española es la intervención temporal y la depuración de responsabilidades. Esa intervención no debería llevar aparejada la obligación de conversión en bancos. Al contrario, debería forzar a las cajas intervenidas a dar un paso atrás: volver a recuperar su ámbito de negocio natural. No es imposible. Así se ha hecho en otros momentos de reforma bancaria. ¿Cuánto costaría la intervención? La vicepresidenta Elena Salgado ha estimado que unos 20.000 millones adicionales, incluyendo bancos. En total, un 3% del PIB. Cantidad manejable, y más productiva que los gastos faraónicos en el AVE. Y menor del 6% del PIB que costó la intervención del sector privado bancario en los años ochenta, desde Rumasa hasta Banesto. En todo caso, ese coste no es nada comparado con el valor económico que se perdería con la desaparición de las cajas. Creo que vale la pena salvar las cajas. Si no, el epitafio de los historiadores de nuestro sistema financiero será que "entre todos la mataron, y ella sola se murió". ************************************* Pensiones Una reforma injusta y con trampa Ignacio Zubiri La reforma de las pensiones que se va a llevar a cabo es simplemente reducir a medio y largo plazo las pensiones. Las medidas básicas que se proponen además de injustas (el coste del ajuste recae sobre los trabajadores) son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ello la reforma esconde una trampa, denominada factor de sostenibilidad, que es una puerta a más reducciones en las pensiones futuras. La reforma, por tanto, dice: se bajan las pensiones y si en el futuro no da para pagarlas con los niveles actuales de cotización (que no dará), se bajarán más. La reducción inicial de las pensiones se apoya en dos medidas básicas. Primero, aumentar progresivamente el periodo sobre el que se promedian los salarios para calcular la pensión inicial. Cuando acabe el proceso (10 años) se incluirán en el cálculo 10 años más que ahora. Segundo, aumentar progresivamente (15 años) la edad de jubilación hasta los 67 años. Esta medida se atenúa permitiendo que quienes hayan cotizado 38,5 años puedan seguir jubilándose a los 65 años, añadiendo excepciones y computando años adicionales de cotización por causas varias. La primera medida hace que para calcular la pensión inicial se incluyan salarios reales más antiguos que, en general, son más bajos que los salarios reales recientes. La pérdida promedio será alrededor de un 1% de pensión por año adicional que se incluya en el cálculo. Esto implica una reducción del 10% de la pensión al final del proceso. La reducción será mayor para quienes hayan estado en paro en los nuevos años incluidos y menor para quienes hayan estado en paro en los últimos años (sin estarlo en los años añadidos). En algunos casos, estos últimos trabajadores pueden incluso aumentar su pensión. El aumento de la edad de jubilación reduce la pensión vitalicia en alrededor del 10%. Las concesiones de última hora minoran el impacto de esta medida, porque una parte sustancial de la población cumplirá los requisitos para seguir jubilándose a los 65 años. Los más perjudicados serán quienes han estado más años en paro. Tomando como base las estimaciones de la comisión es probable que, una vez las medidas estén funcionando plenamente (hacia 2050), la reducción en el coste de las pensiones sea inferior a tres puntos del PIB. Este ahorro es menos de la mitad del necesario para garantizar la solvencia a largo plazo del sistema (si no se aportan más recursos). Por ello, las medidas básicas de la reforma no garantizan la solvencia a largo plazo del sistema. Entonces entrará en juego el factor de sostenibilidad. Sus efectos dependen de cómo se diseñe. Si efectivamente restablece el equilibrio financiero, la reducción adicional de pensiones puede ser sustancial. En el recuento final, pierden los trabajadores porque de entrada se dejan hasta un 20% de pensión vitalicia a cambio de nada, y en el futuro pueden dejarse mucho más. Ganan las instituciones financieras que, a pesar de haber demostrado ser más expertas en cobrar comisiones que en dar rentabilidad, venderán más planes privados (parcialmente financiados con dinero público vía IRPF). Pierden los sindicatos porque han demostrado su falta de fuerza y liderazgo. Solo han logrado retrasar y reducir marginalmente el recorte. El Gobierno gana porque verá legitimada su actuación reciente por unos sindicatos que criticaron muchas de las medidas que ahora apoyan. También será alabado por las instituciones internacionales a pesar de que las medidas aprobadas no afectan a la salida de la crisis porque tardarán más de veinte años en reducir el gasto significativamente. La reforma de las pensiones se ha basado en una premisa ideológica presentada como técnica: las pensiones deben financiarse solo con cotizaciones a los tipos actuales. Esto implica que todo el ajuste debe ser vía reducción de pensiones. Frente a esto, se podría haber hecho una reforma que repartiera el coste adicional de las pensiones de forma justa entre generaciones, individuos y tipos de renta. Los trabajadores hubieran soportado su parte del coste, pero a cambio se habría dotado al sistema con más recursos (cotizaciones, impuestos, fondo de reserva, deuda). EL PAÍS. 28/30-1-2011 Opinión. El Confidencial Una nueva desamortización Jesús Cacho Cuentan los viejos del lugar que los pastores de La Vid, Burgos, solían encender en pleno invierno sus fogatas sirviéndose de las hojas que arrancaban de bellísimos manuscritos sustraídos de la biblioteca del monasterio de Santa María, donde los frailes premostratenses habían guardado durante siglos algunas de los mejores obras de copistas medievales existentes en el país. Del episodio da cuenta Pío Baroja en alguno de sus libros, testigo pasmado del espectáculo de aquellas hogueras cuyo humo enlutaba la bóveda estrellada del claustro, mientras las ovejas se abarloaban en la noche dentro del propio claustro y hasta en la misma Iglesia. Los restos de aquella gran biblioteca esquilmada por la desamortización de Mendizábal en 1835 fueron rescatados por los padres Agustinos que a partir de 1926 recuperaron el monasterio del abandono, y aún hoy muestran con orgullo al visitante algunos incunables de enorme valor –tal que un Corán manuscrito sobre pergamino en el año 528 de la Hégira- salvados de una tragedia, la de Mendizábal, primero, la de Madoz, después, que si no lograron el objetivo propuesto de rescatar de la miseria a la población campesina, sí consiguió en cambio hacer más ricos a quienes ya lo eran, a la incipiente burguesía industrial de la época aliada con la aristocracia terrateniente de siempre. Ahora se prepara una nueva gran desamortización con cargo al sistema de Cajas de Ahorros que por bemoles se tienen que convertir en bancos, operación que promete hacer realidad una nueva camada de millonarios sobre la piel de toro, ricos a manos llenas en la España de los 5 millones de parados incapaz de pagar sus deudas. En esa España que amenaza pobreza para varias generaciones y obliga a emigrar a sus jóvenes mejor preparados, un ramillete de notables se dispone a forrarse, literalmente, en un par de operaciones a las que habrá que aludir en el futuro. El tsunami de la gran crisis financiera surgida a finales de 2007 llevó a muchas de ellas a estrellarse contra los arrecifes. Con los restos del naufragio el Gobierno ordenó fusiones, facultó SIPs, creó FROBs y todo parecía encaminado a una problemática, por lenta, operación de sutura que, al menos sobre el papel, iba a culminar el 31 de diciembre pasado. Pero, oh sorpresa, apenas 20 días después, en pleno enero, el mismo Gobierno nos sorprende con un nuevo y revolucionario plan de choque destinado a hacer desaparecer las Cajas tal como las hemos conocido hasta ahora, para convertirlas en bancos. La labor de zapa de los grandes banqueros, en particular de Emilio Botín, sobre Rodríguez Zapatero ha rendido sus frutos. Al presidente le cuentan que, aunque está haciendo lo posible con reformas y reformitas para salvar a España de la quiebra y la consiguiente intervención, la tensión en los mercados no afloja por culpa de las Cajas y su negativa a asumir el deterioro de sus balances. Ningún inversor confía en ellas porque, “para empezar, José Luis, los mercados no entienden lo que son las Cajas”, de modo que no van a poder renovar o devolver la financiación mayorista que tienen contraída. Hay, pues, que acabar con unas Cajas cuya naturaleza jurídica, por cierto, sí parecía ser perfectamente entendida hace apenas un par de años, cuando esos mismos mercados europeos de capital les permitieron endeudarse hasta las cejas para financiar la expansión del crédito hipotecario y las inversiones en suelo e inmuebles, loca estrategia a la que se entregaron sus gestores, con el visto bueno del Banco de España y el entusiasmo de unos prebostes autonómicos –en la debacle de las Cajas hay muchos culpables- ansiosos por convertir las entidades en especie de bancos públicos de la Junta respectiva. Todo se agravó a principios de enero, con motivo de las colocaciones de deuda efectuadas por BBVA y Santander, que resultaron ser un fracaso tal que los bancos colocadores se vieron forzados a quedarse con parte importante de las mismas en las manos y si no perdieron la camisa fue gracias a las suculentas comisiones de aseguramiento que cobraron. Y entonces tanto Francisco González (BBVA) como Botín tocan a rebato y materialmente se echan encima de Zapatero para hacerle ver que los culpables de lo ocurrido son las Cajas, cuya delicada situación está contaminando a los bancos hasta el punto de hacerles muy difícil la salida a los mercados de deuda. “No queremos el negocio de las Cajas, queremos que las Cajas dejen de dañar la línea de flotación de nuestro negocio”. Los grandes bancos presionan a Zapatero Hay una reunión secreta entre los banqueros y el presidente que este diario documentó el pasado jueves. Y dicho y hecho: con el flotador de la gran banca anudado al cuello, Zapatero se tira al río y obliga a aparecer en escena a la frágil Elena Salgado y a su segundo, Campa, para que juntos entonen la palinodia mal ensayada que para ellos ha compuesto el FROB y el Banco de España (BdE), dos personas distintas y un solo responsable verdadero: el gobernador Miguel Angel Fernandez Ordóñez, el gran culpable de la situación a que han llegado las Cajas y de su desaparición como modelo, un hombre que no ha cumplido con su deber como regulador y debería responder por ello ante los tribunales si este país fuera algo más que el espejismo en que se ha convertido, y a quien de repente le han entrado todas las prisas del mundo por acabar con las Cajas. Las supuestas discrepancias al respecto entre Fernández Ordóñez y Salgado no han existido nunca, entre otras cosas porque la señora ministra ni está ni se la espera a la hora de discrepar. El genocidio de las Cajas se completará en Septiembre, momento en el cual todas las entidades que necesiten ayuda del FROB tendrán que haberse convertido en bancos. Y para convencer a los renuentes y animarles a caminar por el “pasillo de la muerte”, el regulador ha dispuesto elevar el capital básico (Core Capital) de las Cajas al 9,5% sobre activos ponderados (“entre un 9% y un 10%” ha dicho la Salgado con la precisión que le caracteriza), un guarismo que apenas un ramillete de entidades podrá alcanzar sin ayudas exógenas. “No salgo de mi asombro; no lo entiendo”, asegura el responsable de un SIP. “Estábamos haciendo el trabajo de reestructuración y saneamiento al que nos habíamos comprometido. El sector había quedado reducido de 45 a 15 entidades; han llegado gestores nuevos, se han cerrado oficinas, estamos saneando los Balances; le he enviado mi plan de negocio y Vd, Banco de España, me ha dado su visto bueno y, de repente, este palo. ¿Adónde quieren ir a parar con un core capital del 10%? ¿Cómo podremos competir así? ¿Es que no vale la eficiencia o la capacidad de generación de recursos? ¿Sólo el core capital? ¿Entonces, qué tendrán que hacer quienes tengan participaciones industriales…? Lo que ha hecho La Caixa. Que el regulador se ha puesto por fin serio, a buenas horas mangas verdes, lo están experimentando los cajeros en carne propia. “Los ajustes que está obligando a meter la Inspección al cierre del ejercicio 2010 están siendo terroríficos. Toda la reestructuración hipotecaria que el BdE se zampó estos años sin pestañear, ahora nos obliga a levantarla y ponerla en mora. Un ajuste de caballo de la cartera hipotecaria de esta magnitud se traducirá en que quien tenga un 8% de core capital se va a quedar en el 7%, porque esas dotaciones hay que llevarlas contra capital. En fin, que no hay escapatoria”, afirma el director general de una importante entidad. ¿Cómo conseguir capital? Buscando inversores privados, misión imposible (incluso tratándose de “fondos buitres”) en unas circunstancias en que ni siquiera los bancos cotizados lo consiguen, o haciendo plusvalías, mal momento también para vender, porque “de poco te sirve hacer 50 millones de plusvalías cuando lo que necesitas son mil…” La delicada situación de Caja Madrid-Bancaja Sin inversión privada que ayude a alcanzar ese coeficiente del 9,5% y en la obligación de salir a unos mercados mayoristas cerrados a cal y canto para financiarse, la mayor parte de las entidades se verán forzadas de aquí a septiembre a aceptar la inyección de fondos del FROB. El sector público entrará en el capital y con sus inspectores sentados en los Consejos controlará la gestión. Al cabo de cinco años las sacará a subasta. Será llegado el momento de los cazadores de gangas, los cuatro millonarios de rigor dispuestos a pescar en río revuelto. La nueva desamortización. Todo podía haberse abordado de manera más racional, incluso más democrática, utilizando un FROB que, con su capacidad de endeudamiento de hasta 90.000 millones, se creó para eso: para haber acometido el salvamento de casos extremos como los de CajaMadrid –¡en la villa y corte se corta el silencio, expectación, en espera del genio de Don Rodrigo saliendo del socavón!-, CatalunyaCaixa, NovaCaicaGalicia y Unnim (antiguas Terrassa, Sabadell y Manlleu), por este orden. Saneadas de verdad las dos vascas (BBK y Kutxa), la andaluza Unicaja y la aragonesa Ibercaja. ¿Cuál es el premio de haber gestionado bien y no haber hecho locuras?, se pregunta el responsable de una de ellas. “Pues ser arrastrado por la ola e ir a parar al sumidero colectivo al que nos conduce este Gobierno”. Para huir del dogal del 9,5% La Caixa, con su proverbial habilidad para la puesta en escena, ha lanzado esta semana su CaixaBank. Simplemente la entidad que preside Isidro Fainé no podía aspirar, ni con desinversiones, a llegar a ese guarismo. ¿Qué hacer entonces? Traspasar el negocio financiero a Criteria, que ya está en Bolsa y que no tiene necesidad de alcanzar ese core capital, porque con el 8% que exigirá el Gobierno (que no Basilea III) a los bancos cotizados ya le vale. Así de simple. De paso, me sacudo de forma definitiva la sombra de la Generalitat. Perfecto Gatopardo. Y por el camino verde que va a la ermita va a desfilar la mayor parte del sector. Es el exterminio total del 51% del sector financiero español, error descomunal que lamentarán futuras generaciones. “El mayor desmán financiero de nuestra historia”, en palabras del catedrático Antón Costas Comesaña en El País, y ello con el beneplácito del 98% de los medios de comunicación, que consideran la desaparición del modelo de Cajas algo muy “moderno”. Dice la Historia que las desamortizaciones del XIX propiciaron un nuevo impulso a la deforestación de grandes zonas de España. El español, acérrimo enemigo del árbol, también lo es de la competencia y, en último extremo, de la libertad. ¿Será cuestión de genes? EL CONFIDENCIAL. 30-1-2011